"Afecto no quita razón ni conocimiento...", se afirma en un audio que circula en redes sociales, aparentemente grabado por un representante a la Cámara, de Antioquia, en protesta como la mayoría del país por el Proyecto de Financiamiento, seudoReforma Tributaria del Gobierno en contra de la Clase Media y de los Jubilados. 
Quien allí habla, aclara que el apoyo al Presidente Duque no incluye tener que aceptarle sus errores o equivocaciones, al igual que si un hijo "la embarra", el papá sin dejarlo de querer debe aceptar que "la embarró" y reprenderle.
La "embarrada" en este caso, es tratar de llenar un hueco de 14 billones de pesos de un presupuesto oficial sobredimensionado en gastos, abriéndole a la brava y de manera inmisericorde otro hueco por esa misma cuantía al presupuesto familiar de los colombianos.
Todo ello, como consecuencia de la macrocefalia estatal, la ineficiencia en el recaudo, la evasión, las exenciones  y los privilegios concedidos a los más ricos.
Ante lo cual me parece y así lo interpretamos muchos de los analistas, hay que agotar otras alternativas.
Tan sencillo es como si se tratase del presupuesto personal. El señor Presidente tiene dos opciones a la vista, lógicas y obvias, de Perogrullo recordarlas, como son: aumentar los ingresos o reducir los gastos. 
Y si no consigue mejorar el recaudo de la carga impositiva existente, es decir, con una mayor eficacia en la gestión de cobro por parte de la Dian, no tiene porqué gravar a los jubilados con impuesto a la renta, como si no  hubiese sido suficiente el raponazo de la prima de mitad de año a partir del 2005, o cargarle más IVA a la Canasta Familiar. .
Lo que no puede hacérsele a nadie es reducirle el mercado y es ahí donde radica  la inconformidad de la gente, con un altísimo costo político para Duque por su novatada, con escasos 100 días de iniciado su mandato y olvidándose de los argumentos que expuso en contra de este tema primero como Senador y luego como candidato presidencial.
El exministro Fernando Londoño Hoyos, sugiere suprimir algunos gastos innecesarios como recortar la planta de empleados de la Nación y las nóminas paralelas; acabar con unas Superintendencias, Embajadas y Consulados, Consejerías y Agencias; igualmente,  prescindir de 140 curules entre Senado y Cámara, sus carros y Unidades legislativas; el Consejo Nacional de la Judicatura; algunos Magistrados Auxiliares y todo lo que tenga que ver con financiar Referendos, Consultas, Cabildos abiertos o cerrados; y reducir el número de Magistrados de la JEP, entre otros asuntos.
No sobra sugerir también, mermarle a tanto acto social cada ocho días en un pueblo diferente con su fronda burocrática detrás, haciéndole el trabajo a los alcaldes y gobernadores con cargo al presupuesto de la  nación, mientras de otro lado tambalea la estantería.
Entre tanto, no olvidemos que la corrupción le cuesta al erario 50 billones de pesos.
Y para terminar, resulta que el proyecto es inconstitucional tanto por su carácter regresivo, como inequitativo a criterio de quienes interpretan el derecho.
"Las finanzas públicas no se pueden manejar afectando el presupuesto  de los ciudadanos del común", son frases de José Gregorio Hernández Galindo, ex magistrado de la Corte Constitucional.
Y agrega, "el Congreso de la República es el representante del pueblo y no del Gobierno, por lo cual debe escuchar los clamores de quienes lo eligieron y hundir esa reforma."