En días pasados, en una entrevista para el diario El Tiempo, el senador y aspirante a la Presidencia de la República, Gustavo Petro, afirmó sin titubear que, de llegar a la Casa de Nariño, la primera decisión que tomará “es el cese de la contratación de exploración petrolera”, afirmación esta que suscitó una gran controversia en el país. Y no es para menos, habida consideración que, si bien Colombia no puede calificarse como un país petrolero, dada la precariedad de sus reservas y el modesto volumen de su producción y por ello mismo irrelevante en el mercado internacional del crudo, con una participación del 0.75% de la oferta mundial, su economía depende del mismo.
El sector de los hidrocarburos contribuye con el 5% del PIB, dinamizando el crecimiento de la economía. Por décadas ha sido y sigue siendo el primer renglón de exportación y por ende el mayor generador de divisas. En la última década ha representado el 40% de las exportaciones totales, al tiempo que ha contribuido con un promedio de $18 billones anuales en pago de impuestos y dividendos al fisco nacional y $6 billones adicionales, por concepto de regalías a las entidades territoriales.
Como es apenas obvio, si se frena la exploración se aleja la posibilidad de nuevos hallazgos que permitan reponer los volúmenes de petróleo extraídos y detenga la caída de la producción desde el millón de barriles/día en 2013 a sólo 750.000 actualmente, concomitantemente con la declinación de las reservas, la cuales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) han pasado, para el mismo período, de 2.445 millones de barriles a 1.816 millones, las cuales sólo alcanzan para 5.3 años más de autoabastecimiento.
Según el senador Petro, “hay doce años hacia delante, 2034, donde está previsto que nuestras reservas aguanten”. Ello sólo sería posible si el país deja de exportar y limita su producción sólo para abastecer el consumo doméstico. Ello agravaría aún más la aterradora perspectiva planteada por el Banco de la República en su reciente Informe de Política monetaria, según la cual “se espera una expansión del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos al 5.3% del PIB”.
Ello precipitaría, además, una hiperdevaluación del peso, una inflación galopante, agravaría el déficit fiscal y dispararía la deuda pública, ya de por sí elevada, con todas sus consecuencias colaterales. Este sería un escenario catastrófico para el país, que vería además aún más ralentizado su crecimiento del PIB, lo cual repercutiría en un agravamiento del desempleo y la pobreza, sobre todo en aquellas regiones en donde opera la actividad petrolera.
Coincidimos con el senador Petro en que “hay que hacer una transición hacia las energías limpias. Si no lo hacemos, será una tragedia en términos sociales”. Pero, al tiempo que anuncia que “habrá una transición tranquila”, con este salto al vacío daría al traste con la transición, llevándose de calle a la economía.
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*Miembro de Número de la ACCE