En una curiosa declaración del exministro Iragorri a La Silla Vacía afirmó que él no estuvo nunca obligado a dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana, pues éstos solo se protocolizaron en diciembre de 2016. Grave inexactitud.

El acuerdo número uno sobre política agraria, por ejemplo, fue aprobado en 2013 y desde entonces, tanto en el plan de desarrollo del segundo mandato del Presidente Santos como en todas las declaraciones de políticas públicas que se produjeron entre el 2013 y el 2016, se dijo claramente que la ejecución de las políticas agrarias contenidas en el punto primero de los acuerdos con las Farc era prioritaria.

Esta indiferencia de quien desde el Ministerio de Agricultura era el primer responsable de impulsar y liderar las políticas agrarias convenidas en La Habana es quizás la responsable, junto con la desatención presupuestal del Ministerio de Hacienda, para que los resultados agrarios en estos últimos cinco años hayan sido tan pobres.

Los primeros años debieron ser los que le imprimieran el gran empuje a las políticas agrarias que con tanto entusiasmo se diseñaron e impulsaron en durante los primeros tres años del primer gobierno Santos. No sucedió así infortunadamente. Se les aplicó un fatal freno de mano adobado con una monumental dosis de clientelismo en las instituciones encargadas de ejecutarlas. Y una marcada indiferencia para hacer de las relaciones rurales algo más progresista y moderno. El informe de La Silla vacía al que he hecho referencia lo muestra muy claramente.

Los primeros años de todo posconflicto son claves para asegurar momentum y entusiasmo a las políticas públicas. Acá sucedió lo contrario. Se le restó dinámica lastimosamente a todo el proceso. Y ahí están lastimosamente los resultados. Queda apenas una obra negra de la cual debe empezar el nuevo gobierno.

Tres millones de hectáreas que se debían distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; formalización de siete millones de hectáreas; catastro multipropósito, ley de tierras aprobada por el Congreso; un ambicioso programa de riego y de adecuación de tierras; adaptación de la institucionalidad para hacer frente a los retos del postconflicto agrario.

Tal vez lo único rescatable de las políticas agrarias del gobierno Santos será la restitución de tierras que, esa sí, muestra resultados importantes. Casi 300.000 hectáreas se han devuelto a sus legítimos propietarios y otras reclamaciones por 700.000 quedan sustanciadas ante los jueces agrarios, con lo cual se van a completar casi un millón de hectáreas en el proceso de restitución. Cifra récord.

¿Qué sigue ahora?

El país debe hacer ahora un gran debate sobre si desea o no continuar con las políticas agrarias progresistas que quedaron plasmadas en el acuerdo número uno de La Habana. O si desea, por el contrario, meter también este punto al canasto del olvido. Quién debe dar unas respuestas a esta pregunta fundamental, con la que en la que el país escoge la oportunidad de tener una relaciones modernas o retardatarias en lo rural, es el nuevo gobierno. Ojalá la respuesta sea clara y contundente. Y no escurridiza como la que dio el Dr. Iragorri a La Silla Vacía.