La libertad  del excomandante paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al negar una solicitud que hicieron la Fiscalía y las víctimas para que se revocara la orden que profirió el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.

El exjefe del Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas, tendrá libertad condicional -o sustitución de medida de aseguramiento-.

La Fiscalía había solicitado que se revocara la libertad del excomandante  teniendo en cuenta que habría cometido nuevos delitos con posterioridad a su desmovilización, ya que le fueron imputados falso testimonio, fraude procesal y soborno, por haber ordenado supuestamente un montaje en contra de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guette.

Además, el ente acusador indicó en su petición que Don Antonio ha sido renuente en ciertas citaciones por parte de la justicia.

Al tomar la decisión, la Corte se basó en que “la fiscalía no demostró, como era su deber, un vínculo entre esos hechos (aun si con la sola imputación pudieran tenerse como verdaderamente realizados) con el compromiso que, al menos hasta ahora, ha asumido el postulado con los fines del proceso de Justicia y Paz”.

Agregó que la Fiscalía es apresurada al dar por cierto que el exparamilitar incurrió en tales delitos. “Inferir la comisión del delito posterior a la desmovilización con fundamento en la sola imputación dentro de un proceso adversarial resulta, al menos en este caso, poco menos que apresurado...no se tiene evidencia concreta de que el falso testimonio que la Fiscalía le atribuyó al aquí postulado hubiera incidido en las garantías debidas a las víctimas, o bien configurara un desconocimiento de sus deberes de contribuir a despejar la verdad de los hechos cometidos con ocasión de su pertenencia a las autodefensas”.

Con esos argumentos, la Sala de Casación Penal de la Corte dejó en firme la orden de abril de 2014 que tomó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla al considerar que Don Antonio cumplió con los ocho años que dispone la ley de justicia y paz y que no ha evadido los requerimientos de la justicia.

Uno de los puntos centrales de la discusión se presentó en los argumentos sobre las constantes inasistencias del postulado a una diligencia judicial para enfrentar un nuevo proceso por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y soborno por presuntamente haber faltado a la verdad en la investigación contra Silvia Gette por el crimen del ganadero Fernando Cepeda en septiembre de 2003.

“No se tiene evidencia concreta que el falso testimonio que la Fiscalía le atribuyó al aquí postulado hubiera incidido en las garantías debidas a las víctimas, o bien configura un desconocimiento de sus deberes de contribuir a despejar la verdad de los hechos cometidos con ocasión de su pertenencia a las autodefensas”, explicó.