Al contrabando de alimentos y combustibles desde Venezuela y de explosivos y armas desde Ecuador, se suma otro delito que en solo seis meses movió US$1.300 millones: el de chatarra.
Las pérdidas son multimillonarias para la economía nacional y la mamá de ese flagelo es el lavado de activos.
La Policía Fiscal y Aduanera, al mando del general Gustavo Alberto Moreno, libra una lucha frontal para acabar con este delito.
Pero según el presidente de la Asociación del Sector Automotor y sus Partes, Tulio Zuloaga, la salida ilegal o de contrabando de la chatarra genera escasez y encarece muchos de los productos que se procesan o fabrican con la misma.
Además, dijo que en muchas oportunidades no hay denuncias, porque los “grandes carteles del contrabando de chatarra y de otras mercancías, amenazan y asesinan a las personas que se atreven a acudir a las autoridades”.
“Son muy peligrosos y fácilmente llegan a matar a las personas que los denuncian. Es decir, muchas denuncias no se hacen por el temor de que estas redes generan”, aseguró Zuloaga.
Por su parte, el general Moreno afirmó que la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera, la Policía y la Fiscalía investigan a grandes redes para establecer la identidad de sus integrantes, judicializarlos, capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes, pues causan grave detrimento a la economía nacional.
“En zona de frontera se han incrementado los controles frente al contrabando de mercancías y de chatarra procedentes de Venezuela, para lo cual se tienen instalados 47 nuevos puntos de control en conjunto con el Ejército y la Armada Nacional, con el fin de detener el ingreso de productos desde este país. Aunado a lo anterior se realiza una perfilación y verificación de centros de compra y comercialización de esta mercancía en zona de frontera, las cuales son focos de interés para este flagelo”, indicó el general Moreno.
Dijo que a lo largo de la frontera con el país vecino se han identificado 247 pasos informales binacionales, de los cuales se han inhabilitado 30 en aras de contrarrestar el ingreso de esta mercancía, especialmente a Norte de Santander donde según cifras el 80 % de la chatarra provenía de Venezuela.
Señaló el oficial que con base en la Resolución 070 del 28 de febrero de 2014, expedida por la DIAN, la cual restringe el ingreso de chatarra ferrosa y no ferrosa, por las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Arauca, Cúcuta, Maicao, Riohacha y Puerto Carreño, se buscó socializar la medida anticontrabando y estudiar alternativas directamente con los gremios para explicar los alcances del compromiso binacional con Venezuela.
Pero no es solo de Venezuela o Ecuador de donde proviene la chatarra de contrabando. “Se tiene conocimiento que las exportaciones tienen como posible destino países asiáticos y de Norte América. De igual forma está como antecedente la captura de James Francisco Vásquez, el Zar de la chatarra, debido a que realizaba operaciones fraudulentas en el recobro del IVA, un negocio que, según cifras de los investigadores, supera los $300.000 millones. El 90 % de los materiales exportables es de cobre y los principales mercados para las exportaciones de cobre del país son China, Corea, Brasil y Grecia”.
Según el general Moreno, en la actualidad se está en proceso de recolección y verificación de información en aras de identificar y desarticular sistemas de economía criminal dedicadas al contrabando y comercio ilícito de chatarra.
Las redes
La Policía Fiscal y Aduanera en su gestión, ha desarticulado dos organizaciones dedicadas a las devoluciones del IVA por las exportaciones ficticias de chatarra operación “Sofisma” y operación “Los Antioqueños”, estructuras criminales las cuales tenían injerencia en la ciudad de Medellín, Bogotá y Norte de Santander y realizaron un desfalco por cerca de 41.000 millones de pesos”.
De acuerdo con el oficial, estos grupos buscan realizar un blanqueo de dinero y para ello utilizan las operaciones de comercio exterior ya sean importaciones o exportaciones, así mismo estos grupos buscan ingresar mercancía de manera ilegal al territorio aduanero nacional para darle legalidad al dinero obtenido por el negocio ilícito del narcotráfico.
Al ser preguntado si el poder corruptor de estas bandas preocupa a la Polfa, aseveró que “teniendo en cuenta los diferentes escenarios cualquier funcionario continuamente está en riesgo de caer en el poder corruptor de estas bandas, motivo por el cual dentro del direccionamiento de la Polfa se realizan constantemente pruebas de polígrafo a la totalidad de los funcionarios, así mismo se oxigena la especialidad mediante traslados y la incorporación de personal recién egresado a la institución con el fin de evitar este tipo de situaciones. En la actualidad en la Polfa se han realizado 253 desvinculaciones”.
El general Moreno indicó que “no existe un estudio que demuestre el aumento o la disminución de este fenómeno, el gremio chatarrero es el directamente afectado por la medida de restricción de importación de chatarra en zona de frontera, lo que demuestra que se están cerrando los canales de ingreso de contrabando”.
Pero reconoció que el contrabando afecta directamente a las industrias de donde proviene la mercancía ilegal y es allí donde este producto puede escasear, así mismo es de resaltar que este fenómeno a quien afecta es a los pequeño, medianos y grandes comercializadores de chatarra nacional.
Agregó que “a pesar que se crean acuerdos que restringen estas mercancías, los contrabandistas utilizan diferentes métodos para ingresar, transportar, acopiar, distribuir y comercializar mercancías de forma ilegal. Estos sistemas de economía criminal cuentan con un andamiaje logístico que hace difícil los controles de las autoridades. Sin embargo el objetivo de la Polfa es claro: atacar la cadena criminal del contrabando utilizada por las diferentes estructuras criminales”.
Dijo que los riesgos que genera manipular este tipo de elementos sin el uso adecuado de protección exponen a quienes participan de esta actividad a sufrir lesiones o contraer enfermedades en la piel, respiratorias o alérgicas, lo cual es una reacción propia de los productos que cumple con su vida útil.
Señaló que para combatir el contrabando de chatarra se generan estrategias binacionales para el intercambio de información que pueda ser útil en el control operacional y en la identificación de estructuras criminales dedicadas al contrabando de chatarra. De igual manera se realizan controles conjuntos con Fuerzas Militares obteniendo una mayor cobertura y control de las zonas fronterizas y rutas de ingreso ilegales de estos productos.
Un mal muy fuerte
Para Tulio Zuloaga, presidente de Asopartes, el contrabando de chatarra es uno de los males más fuertes que tenemos en el país. “Ingresan al país muchas cosas como si fuera chatarra y lo más grave es que es por las narices de las autoridades y prácticamente con el visto bueno de ellas, porque aparentemente es chatarra y el país la necesita. El daño es inmenso y lo que tenemos aquí a mitad de año es ese mercado negro que está alrededor ya de US$1.300 millones. Es decir, que si sigue esta tendencia, podríamos llegar a los US$2.300 millones al año”.
“Es tremendamente dañino, las pérdidas para la economía nacional son multimillonarias con el contrabando de la chatarra”, dijo.
Dijo que la medida establecida en la frontera por Venezuela es positiva pero que el problema es que entre Cúcuta, en Norte de Santander, y el corregimiento de Paraguachón, en Maicao, Guajira, se encuentran 320 trochas y solo se han cerrado unas cinco, seis, siete u ocho y estos cierres no sirven absolutamente para nada.
“Es un tema bien complicado y viene creciendo. Antiguamente esas trochas eran trochas de verdad donde solo pasaban bicicletas y motos, pero hoy en día pasan tractomulas. Entonces lamentablemente sigue existiendo el contrabando y sigue existiendo la corrupción colombo-venezolana y sobre todo la corrupción de la Guardia Nacional Venezolana. Esta problemática es una realidad que sigue haciendo daño a la economía de las dos naciones”, dijo.
¿Los materiales ferrosos y no ferrosos ingresan de contrabando a Colombia, pero también son exportados ilegalmente a países asiáticos, especialmente a China y al África?
“Colombia necesita chatarra. No se entiende cómo sale chatarra y por qué. Claro, fundamentalmente sale chatarra y los materiales ferrosos y no ferrosos y sobre todo la parte del cobre producto del hurto de los cables de teléfonos y otros elementos que se utilizan para la telefonía, en los sistemas de televisión, en las casas y en edificios. Hay una mafia tremenda que se roba todos estos elementos de gran valor y los exportan entre comillas porque los contrabandean al exterior, porque realmente se ha convertido en un gran negocio para estos bandidos con multimillonarios rendimientos”, indicó. Para el dirigente gremial, conocer las bandas dedicadas al contrabando de chatarra “no es tan fácil. Hay sospechas de algunas redes que son objeto de investigación y de seguimientos por parte de los servicios de inteligencia, pero son temas que realmente la DIAN, la Policía y la Fiscalía vienen investigando y trabajando. En muchas oportunidades estas investigaciones duran entre uno, dos y tres años para identificar y judicializar. Realmente no es fácil llegar a estas redes, pero esperamos los resultados de los servicios de inteligencia”.
Al ser preguntado si con el contrabando de chatarra se lava dinero procedente de actividades al margen de la ley, dijo que “indudablemente, porque la mamá del contrabando se llama lavado de activos. Hoy en día el contrabando abierto o cerrado, ya no existe así, porque simplemente los grandes contrabandistas son los grandes lavadores de dinero y lógicamente para poder entrar las mercancías y la chatarra de contrabando al país, lógicamente lavando ese dinero producto de actividades al margen de la ley. Es una forma asquerosa, porque esas cantidades de dinero son inmensas, como le decía de los US$1.300 millones en los primeros seis meses”.
Para Zuloaga, el poder corruptor de los contrabandistas de chatarra y de otros productos preocupa “porque estábamos hablando de grandes cantidades de dinero. Estamos hablando que en el primer semestre fueron US$1.300 millones y en el negocio negro de autopartes, el hurto de vehículos y otras situaciones está alrededor de los US$310 millones. Las cifras son escandalosas y con estos montos se podrían hacer una o dos reformas tributarias. El daño que hacen es tremendo y la corrupción golpea tanto a empresarios que se han convertido en ilegales como algunos funcionarios que se han prestado para estos ilícitos”.
“Indudablemente de los países vecinos y también de los asiáticos, Venezuela es una escala de los grandes contrabandos, entre ellos el de chatarra, que también viene de los países del norte, como de los Estados Unidos, como naciones europeas y lamentablemente por el sur de nuestro país, por Ecuador, también ingresa contrabando que proviene de países suramericanos y asiáticos”, señaló Zuloaga.
¿Este fenómeno genera escasez de esos recursos o insumos que se utilizan para fabricar acero, metal básico de la industria metalúrgica y repuestos para vehículos?
“Indudablemente este flagelo hace un daño inmenso y crea escasez, generando altos precios y así los delincuentes ganan sumas multimillonarias. La ilegalidad tristemente es una fórmula mágica, llamémosla así, de hacer dinero en forma extraordinaria, pero haciendo un gran perjuicio a Colombia y países que están luchando contra estas redes. También le hacen daño al Sector Automotor y sus Partes y a empresas legales que pagan impuestos y generan empleo. Esos dineros que se dejan de percibir, se podrían utilizar para hacer cosas buenas para los colombianos como hospitales, escuelas y clínicas, pero lamentablemente esas fabulosas sumas de dinero se van para los bolsillos de esos grandes señores para usufructuarlos de una manera absurda”.
¿Se pueden calcular las pérdidas que afronta el sector automotor y sus partes por este contrabando?
“Solo en materia de chatarra, en lo que va corrido del primer semestre, fuera del contrabando, estamos hablando aproximadamente de US$300 millones y si esa tendencia sigue este flagelo podría llegar a los US$500 o US$550 millones”.
Se quedó porque “lamentablemente mucha gente no denuncia por el miedo, porque no estamos hablando simplemente de bandas o grupos sino de grandes carteles que realmente son temerosos y causan miedo a la gente. Son muy peligrosos y fácilmente llegan a matar a las personas que los denuncian. Es decir, muchas denuncias no se hacen por el temor que estas redes generan”.