A dieciséis días para que la plenaria del Concejo de Bogotá vote el presupuesto para el próximo año, los cuestionamientos en las sesiones de la Comisión de Hacienda al proyecto del alcalde saliente Gustavo Petro no se han hecho esperar.

El principal motivo es que, dicen los cabildantes, la nueva administración de Enrique Peñalosa podría quedar maniatada para aplicar el plan de gobierno que planteó en la campaña.

Además de que en las sesiones han cuestionado el recorte de 52.000 millones de pesos al presupuesto 2016 aforado en 16,7 billones de pesos, la concejal liberal María Victoria Vargas advirtió que mientras los ocho millones de habitantes de la capital tienen como uno de los principales problemas la inseguridad, el proyecto busca reducir en 60 por ciento los suministros del Fondo de Seguridad y Vigilancia para la Policía Metropolitana pues se disminuye en 10.000 millones de pesos, aunque consideró que “la Fiscalía se debe tomar el Fondo de Vigilancia que lo más corrupto que tenemos en este momento”.

En la discusión del presupuesto, la Veeduría manifestó que en febrero de 2016 la nueva administración presentará el proyecto del Plan de Desarrollo, al mismo tiempo aclaró que existen coincidencias entre la Bogotá Humana y la Alcaldía electa, tales como la ampliación de sistemas troncales, aumento de cupos en la educación superior, construcción de 86 colegios nuevos, ampliación de cobertura para colegios en el 40 x 40, personas víctimas del conflicto armado, la atención a adultos mayores, entre otros.

Por otro lado, aseguró que es importante revisar los recursos programados de crédito 2015 y 2016 ya que exceden el cupo de endeudamiento y propuso que el Concejo de Bogotá haga debates de fondo sobre la desaceleración de la actividad económica, los ingresos de la ciudad, el creciente endeudamiento, la situación financiera de las empresas EEB y EAB, déficit primario de 2015 y 2016, espacio fiscal para el proyecto Metro.

El concejal Miguel Uribe, también del Partido Liberal, resaltó su preocupación por no existir recursos para el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), siendo indispensable para la nueva administración, debido a que el actual se encuentra suspendido.

Para el concejal verde Diego García, durante la administración actual muchos proyectos importantes para Bogotá no se lograron ejecutar como la ALO y la modificación de la malla vial le generará un costo a Bogotá.

Mientras tanto, el concejal Antonio Sanguino, también de la Alianza Verde, señaló que a la Secretaría de Gobierno y al Idipron se les asignó la responsabilidad del programa Jóvenes en Paz, pero que “esos recursos han sido mal usados”.

Por su parte, la concejal Jimena Toro, de La U, defendió los recursos necesarios para los equipos de rehabilitación de las personas con discapacidad, cuya asignación “no es opcional, sector salud tiene responsabilidad de presupuestar e implementar Sistema Distrital de Ayudas Técnicas optimizado por Acuerdo 603. Lo haremos cumplir. El Estado en el Distrito Capital, gobierno de la ciudad y Concejo como junta directiva tienen la responsabilidad de apropiar recursos suficientes para materializar el goce efectivo de derechos e inclusión social de las personas con discapacidad, con el cumplimiento de las normas establecidas con fuerza vinculante desde los niveles internacional, nacional y territorial”.

Otro de los cuestionamientos al presupuesto es la asignación de 179.693 millones para sector gestión pública, pues está orienta las principales inversiones al mantenimiento de los proyectos de Víctimas, TIC, la estrategia de Comunicaciones y la culminación de las metas Plan como el empleo público. Estas partidas estarían destinadas 168.721 millones de pesos para la Secretaría General y 10.971 millones de pesos al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (Dascd) con una variación del -5,9 por ciento con respecto a esta vigencia.