Ayer se cumplió un año de la promulgación de la Ley de Víctimas y la semana pasada el senador Juan Fernando Cristo presentó un libro contando la historia de su trámite. A continuación, apartes del texto en que el legislador relata cómo la izquierda y la derecha terminaron unidas contra la iniciativa.

En la presentación de la ponencia de mayorías intervinieron además los senadores Andrade, Londoño, Barreras y Hurtado, quienes precisaron y aclararon sus posiciones ante los temas más polémicos durante el trámite. Posteriormente el senador Avellaneda, con su ponencia de minorías, profundizó en las críticas a la ley. Al pobre Luis Carlos, sólo superado por Roy, le tocó bailar con la más fea. Trabajó incansablemente desde enero en la ponencia, contribuyó en muchos de los aspectos más positivos de las modificaciones y fue soporte fundamental para dar algunas peleas contra las posiciones más retrógradas ante las víctimas. Y al final del proceso se convirtió en rehén de su bancada, que por una posición inexplicable liderada por Iván Cepeda y Robledo, terminó votando en contra de la iniciativa con el argumento de que le faltaban muchas cosas, que podía ser mejor. ¡Claro que podía ser mejor! Pero frente a semejante oposición de los sectores reaccionarios del país, esta era la mejor ley de víctimas que se podía sacar en muchos años.

Desde el punto de vista político, uno de los resultados más apasionantes en que avanzó el trámite de la ley en el Congreso, es que se fueron consolidando unas mayorías en el Capitolio y por fuera de él alrededor de la iniciativa. Un consenso en el centro del espectro político nacional que consideraba, más allá de diferencias de matices, que para Colombia era fundamental reconocer a sus víctimas. De este consenso al final sólo se sustrajeron los sectores radicales de la ultraderecha nacional, liderados por el ex-Presidente Uribe y la izquierda dogmática de unos dirigentes del Polo Democrático.

Las razones de sus cuestionamientos al proyecto obviamente eran bien distintas, pero al final coincidían en su intención de bloquear la iniciativa. En el caso de Uribe eran justificadas y evidentes sus motivaciones. Ideológicamente no compartía el proyecto desde su nacimiento cuando ejercía el gobierno. Nunca pensó que fuera una iniciativa que necesitara el país y asumió que con la sola expedición del Decreto 1290 de indemnización administrativa, era suficiente. Para Uribe el gobierno debía ser solidario con las víctimas como un acto de compasión humana y no porque ellas fueran sujeto de derechos. La política de restitución de tierras le parecía demagogia populista que ponía en entredicho la propiedad de la tierra, como si durante los últimos 20 años se le hubiera reconocido esa propiedad a quienes fueron despojados. En fin, para Uribe las víctimas eran un problema y no parte de la solución al conflicto armado.

En el caso del Polo Democrático algunos de sus congresistas entendieron el proyecto, su viabilidad y las dificultades de aprobar la ley en medio de un Congreso aún con influencia uribista. Sin embargo, sus dos voceros más caracterizados en Senado y Cámara al final adoptaron la radical decisión de oponerse a la iniciativa, con el argumento de que era mentirosa, o insuficiente en el mejor de los casos. Partieron de la base de que podríamos aprobar una mejor ley que incluyera como víctimas a guerrilleros y sus familias, que las reconociera sin fecha límite hacia atrás, que definiera la restitución de bienes muebles y no sólo de tierras, que adoptara montos más altos para la indemnización, en fin, una ley mucho más generosa con las víctimas. Y claro que esos objetivos los deseábamos muchos, pero el clima político generado precisamente por sus antípodas ideológicos del uribismo no lo permitían. Entonces la decisión que ellos optaron fue la de seguir con el discurso de víctimas pero sin aprobar la ley. Y esa no era una opción viable ni conveniente para el país ni las víctimas. Mucho mejor aprobar una ley buena sin ser perfecta, para después mejorarla en el camino porque la política de reparación a las víctimas no puede, no debe agotarse con la Ley 1448. Esta es sólo la cuota inicial y tendrán que venir nuevos desarrollos.

Curiosamente estas dos visiones radicalmente distintas del problema de la guerra en Colombia y del tratamiento a sus víctimas, confluyeron al final de los debates en dos premisas: no se podía reconocer el conflicto armado en Colombia y es mejor hundir la ley. Difícil de comprender esa unidad de criterios sobre la inconveniencia de reconocer el conflicto, que francamente nos sorprendió a muchos en la plenaria del Senado por parte del Polo Democrático.

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Según la línea dura del Polo, a la que se sumó Avellaneda en ese punto específico, al reconocer el conflicto, las mayorías excluíamos de la aplicación de la ley a las víctimas de la Unión Patriótica. Nada más equivocado. Si existen víctimas claras del conflicto armado colombiano son las de la UP y además con el propio Presidente Santos se movieron las fechas de aplicación de la ley para permitir la inclusión de todos y cada uno de los integrantes de esa organización política y sus familias como víctimas. ¿Cuál sería el interés del gobierno o de los partidos de la coalición de Unidad Nacional para excluirlos? Ninguno por supuesto. Y sin embargo, para que no quedara duda alguna del espíritu del legislador en este punto, en el acta de conciliación de la ley se señaló de manera expresa que al hablarse de víctimas con ocasión del conflicto, se entendían incluidas las de la UP.

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Otra cosa era el debate político que se quería dar en el marco de la ley sobre el carácter de genocidio político, con el que se busca calificar todos los hechos sucedidos con ocasión de la masacre al liderazgo de ese partido. Se podía estar de acuerdo o no con esa calificación, pero no resultaba conveniente ni oportuno incluir esa nueva controversia en las discusiones. Fue imposible convencer a Iván Cepeda de esos argumentos.