Con el fin de crear una red y desarrollar un plan piloto con más de 30 universidades del país, el Ministerio de Justicia inició una serie de talleres con consultorios jurídicos y Centro de Conciliación para beneficiar a cerca de 3 millones de personas con discapacidad en la prestación de los servicios de justicia.

De acuerdo con la cartera ministerial, el objetivo es extender este ejercicio a diferentes departamentos colombianos, buscar alianza con el mayor número de universidades posible e identificar las experiencias que en materia de discapacidad tengan las instituciones educativas; se replicará el modelo con mejor vocación en las demás zonas del país. 

Estos encuentros se desarrollan en el marco de las obligaciones legales que tiene el Gobierno nacional y las universidades colombianas en el tema de la atención para las personas con discapacidad. 

Los Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de las universidades se vinculan al Ministerio en este proyecto para extender sus servicios de manera apropiada a esta población con la atención gratuita a los ciudadanos que no pueden contratar a un abogado particular, o un psicólogo o un trabajador social, y para que puedan acceder a un profesional que los represente y aconseje en temas como divorcio, cuota alimentaria, violencia intrafamiliar, herencias y otros temas relacionados con el derecho comercial, propiedad industrial y derechos de autor, los cuales exigen acudir en primer término a esta forma pacífica de hacer justicia, para luego poder demandar ante los Juzgados mediante un proceso.

Estas instancias de las facultades de Derecho buscan promover el acceso a la justicia para aquellas personas y grupos más vulnerables de la sociedad, incluida la población con discapacidad, facilitando la solución de conflictos con métodos alternativos como la conciliación. Partiendo de las obligaciones de las universidades frente a la discapacidad, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha identificado en este encuentro una oportunidad para generar procesos colaborativos que les permitan brindar a las entidades de educación superior recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros.