POR SEGUNDA ocasión, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), llamó la atención del gobierno, sobre la meta financiera para este año, al señalar que, en la revisión del Plan Financiero, se generará un déficit de 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB), con un déficit primario de 0,9%.

Advierten los expertos que el Plan Financiero incluye ingresos temporales, no permanentes, o no estructurales, por cerca $10 billones, provenientes de la estrategia de arbitramento de litigios.

En vista de que la Regla Fiscal exige excluir estos recursos, el déficit primario neto estructural sube a 0,8% del PIB, con lo cual, no se estaría dando cumplimiento a la Regla Fiscal. Lo anterior porque los ingresos no estructurales no cuentan para el déficit estructural exigido por la Ley de la Regla Fiscal.

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Sostiene que ambos indicadores son más negativos que en 2023 (4,3% del PIB de déficit total, y 0,3% del PIB de déficit primario), con lo que se interrumpe la tendencia de disminución de los déficits del Gobierno que se traía desde 2020. Con este escenario del Plan Financiero, la deuda neta sube 4% de PIB en un año y retorna al nivel de 57% del PIB, comparable al nivel de deuda de 2022, y nuevamente más distante del ancla de la deuda estipulada en la Ley, de 55% del PIB, a la cual se debe converger en el mediano plazo.

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo en su cuenta de X, que “dejar de seguir considerando los ingresos de arbitramento de litigios como ingresos estructurales (pues no lo son) y con ello financiar gasto recurrente. Es como si financiara gastos permanentes en mi casa con un ingreso inesperado de un par de años, con el riesgo a futuro de montarme en un tren de gastos no pagables”.

Consolida, asimismo, que “el gasto primario del país se ha elevado desde 2023 de forma excesiva y el 2024 parece un año con nivel de gastos primarios en relación al PIB como si tuviésemos una pandemia (no se entiende tanto nivel de gasto primario)”.

Asegura Restrepo que “es urgente avanzar en cambios constitucionales y legales que flexibilicen el presupuesto de la nación a la baja. No atender esta recomendación nos pone en riesgo de incumplimiento de la regla fiscal”.

Recursos

CARF explica que la estrategia de arbitramento de litigios para la solución de pleitos judiciales tributarios de la nación con terceros, personas naturales y jurídicas, implica la desacumulación de un activo contingente. No se tiene información suficiente que le permita al Comité concluir que esos recursos puedan ser compensados con flujos parecidos de acumulación, a los que se programan ingresos para el Gobierno por esta estrategia.

Para el Comité, “financiar gasto permanente o estructural con recursos temporales, de única vez, no es sostenible según la Regla Fiscal, debido a la inflexibilidad que caracteriza al gasto público: una vez se ejecuta en un periodo es muy difícil o costoso desmontarlo en períodos subsiguientes”.

De allí que, para dar cumplimiento a la Regla Fiscal, el Comité identifica una necesidad de un ajuste adicional del gasto por $10 billones en 2024, adicional al anunciado en el Plan Financiero.

La senda

Por otra parte, en un plano más general de la consolidación, a la CARF le preocupa la postura fiscal para 2024. Si bien se incorporan ajustes del ciclo económico y petrolero contemplados por la Regla Fiscal, se interrumpe la senda de consolidación fiscal del Gobierno nacional, frente a la senda observada entre 2021 y 2023.

Esta postura suscita interrogantes sobre la viabilidad del cumplimiento de la Regla Fiscal hacia adelante y, en particular, a partir del 2026, cuando entre en funcionamiento la fórmula de la Regla Fiscal (acabada la transición de 4 años que se incluyó en la Ley), según la cual se requerirá un ajuste de cerca de 1% del PIB en el balance primario, en 2026.

Adicionalmente, a este señalamiento, el Comité llama la atención de que Colombia completó cuatro años financiando déficits fiscales de más de 4% del PIB y, que, en el Plan Financiero de 2024 se programa un déficit de 5,3% del PIB. En este escenario, los costos del servicio de deuda representan más del 4% del PIB y consumen 25% de los ingresos tributarios. Este escenario de intereses muestra la presión que ejerce en las finanzas públicas el nivel de deuda que tiene la nación, y también de la percepción de riesgo de los financiadores que exigen tasas de interés altas para la deuda colombiana.

Esta postura resta espacio para una política fiscal que le permita al Gobierno responder a choques inesperados, limitando su margen de maniobra hacia el futuro.

Presión fiscal

Desde CARF se insiste que la presión fiscal en 2024 sigue siendo atribuible de un crecimiento del gasto primario sin el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) que fue programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en Presupuesto General de la Nación, y sigue estando programado por encima del crecimiento de los ingresos.

Una de las razones que causa un panorama fiscal difícil son las inflexibilidades del gasto. Por ejemplo, de cada 100 pesos adicionales que el gobierno logra recaudar en cada reforma tributaria, solo se puede contar con 65 para gasto nuevo a la vuelta de cuatro años, debido a la fórmula a la que crecen las transferencias del Sistema General de Participaciones. Establecidas las fórmulas con las que se calcula el crecimiento del Sistema General de Participaciones, los otros 35 pesos deberán gastarse en rubros inflexibles definidos por la constitución y las leyes.

Las inflexibilidades del gasto y la indexación de algunos gastos a fuentes de ingresos dificultan la consolidación de una postura fiscal sostenible y se hace imperativo examinar estos asuntos por parte del Gobierno nacional y el Congreso de la República, y gestionar los ajustes legales necesarios que devuelvan la flexibilidad a la programación fiscal y la coherencia entre los mandatos legales y las posibilidades reales de financiación de esos gastos en el Presupuesto General de la Nación.

Consolidación de las finanzas

Finalmente, CARF puntualiza que para lograr la consolidación de las finanzas públicas será muy importante que el país regrese a tasas de crecimiento económico cercanas al crecimiento tendencial, y que los incrementos en el gasto primario sean financiados con aumentos de los ingresos estructurales.

Las inflexibilidades en el crecimiento de algunos rubros del gasto público ejercen presión fiscal que no es compatible con la estabilización de las finanzas públicas.

De esta forma, se debería buscar reducir las necesidades de financiamiento de la nación y, con estas, las tasas de interés que paga el Gobierno. Así también, se podrá generar más espacio para la inversión y contar con capacidad de mitigar choques que impacten los balances de la Nación.