EL MINISTERIO de Hacienda selló un acuerdo con destacadas empresas comercializadoras de energía, el cual fue anunciado en el marco de la Convención Bancaria en Cartagena. Tiene como objetivo principal beneficiar a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 con una significativa reducción en las tarifas eléctricas, aliviando así la carga económica de los hogares más vulnerables.

En el centro de este pacto se encuentra la asunción por parte del Estado de la deuda asociada a la opción tarifaria para estos estratos, estimada en 2,7 billones de pesos. Esta medida permitirá implementar reducciones inmediatas en las tarifas de energía eléctrica para los usuarios beneficiados.

Según el comunicado oficial, "los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía presentarán el 20 de julio, ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que permite al Estado asumir el pago de la deuda en los criterios establecidos".

Además, se ha confirmado que mientras se tramita este proyecto de ley, se seguirá fortaleciendo el financiamiento a estas empresas a través de líneas de crédito con tasas de interés preferenciales y periodos de gracia, facilitando así el acceso a recursos financieros que permitan mantener la estabilidad del sector energético.

Esta iniciativa se traducirá en un alivio palpable para los usuarios, con reducciones que van desde un 4 % hasta un 20 % en el costo unitario del servicio de energía eléctrica, dependiendo de la empresa proveedora y del monto del crédito adquirido por la misma.

Acuerdo histórico

Este acuerdo histórico representa un paso significativo hacia una mayor equidad y accesibilidad en el suministro de energía eléctrica en Colombia, enfocándose especialmente en aquellos sectores de la población que más lo necesitan, según comunicado emitido por el Gobierno nacional.

Además, se supo que el Ministerio de Minas y Energía, junto a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), expedirán una regulación específica que permita el cobro diferenciado del costo por opción tarifaria entre los estratos beneficiados y los que continúan pagando la totalidad de la deuda. Así como la optimización del esquema actual de las garantías que respalda las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista.

Con las empresas que tienen saldos en opción tarifaria se adelantarán mesas de trabajo con el fin de lograr la disminución tarifaria y activar los mecanismos para concertar este alivio en los costos de energía a la población colombiana.

Además, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuará con el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar que las empresas de servicios públicos apliquen debidamente la normativa expedida en el marco del acuerdo.

“Continuaremos las jornadas de trabajo con usuarios, empresas y agremiaciones, orientado a definir un esquema de disminución del costo de la energía para la población más vulnerable del país e identificar medidas adicionales como renegociación de contratos para garantizar energía más barata destinada a esos mercados como el del Caribe que representa cerca del 20 % de los hogares pobres. Nuestro objetivo es encontrar todas las medidas posibles que deriven en la disminución de las tarifas de energía eléctrica en el país”, establece el Ministerio de Minas.

Se espera que esta medida adoptada por el gobierno del presidente Gustavo Petro implique mayores beneficios para la población, sobre todo para las pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

El pasado mes de enero, una alerta sobre un posible incremento de 30 % en el costo de la energía para los usuarios en el país alertó la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía). En ese momento, se supo que el incremento podría deberse a una resolución emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la cual, según el gremio, traslada el costo de la intervención de la demanda.