EN MEDIO del 23º Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y proliferación de armas de destrucción masiva de Asobancaria, el presidente del gremio, Jonathan Malagón, aseguró que Colombia solo cumple con 31 de 40 recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, lo que suma el 78% del índice y sobre el cual insiste, no es suficiente.
Uno de los puntos a tratar dentro de las recomendaciones es el uso del efectivo en Colombia, que según el gremio es uno de los ejes que incentiva el lavado de activos, en el que las transacciones irregulares han incrementado.
“Las estadísticas, es que en Colombia el 75% de las operaciones se hacen en efectivo, según el Banco de la República o se prefieren hacer en efectivo, mientras en el promedio de la OCDE es más o menos el 40%, más o menos la mitad. Entonces, de alguna manera tenemos que trabajar en reducir ese sobreuso y para ello requerimos usar más operaciones electrónicas”, indicó Alejandro Vera, vicepresidente Técnico de Asobancaria.
Señala que se debe trabajar en educación financiera y restringir el efectivo, aspecto sobre el que trabajan con el gobierno, especialmente con la UIAF, para establecer un plan normativo de regulación.
Por otro lado, el gremio manifiesta que las transacciones irregulares u operaciones sospechosas han incrementado: “los reportes de operaciones sospechosas que hace el sector financiero son alrededor de 10.000 y esos 10.000 se convierten más o menos en 230, lo que se traducen en noticias criminales en la fiscalía. Eso implica que uno no está esperando que los 10.000 vayan a ser noticias criminales, pero sí que haya un mucho mayor nivel de traslado de esa información que los bancos, que el sistema reporta, que todo el sistema antilavado del país reporta, se vuelva una investigación y concluya en un ejercicio de justicia importante”, agregó el vicepresidente de Asobancaria.
Comentó que: “Colombia ya cuenta con 31 recomendaciones cumplidas de las 40, eso suma el 78% del total. Sin embargo, para 2028, todas deberían estarlo”. El líder gremial señaló que de las nueve recomendaciones pendientes el número 7 no ha tenido el avance esperado, ya que en el país no se han implementado sanciones financieras dirigidas a la prevención, represión e intercepción de la proliferación de armas de destrucción masiva.