Declaración de insolvencia se ha convertido en una segunda oportunidad para personas con problemas económicos

Cerca de un 35% se incrementó el número de colombianos que se declararon en quiebra. En efecto 827 solicitudes de insolvencia se realizaron en el primer semestre de 2018. Así lo afirmó un análisis de la firma Insolvencia Colombia, pionera en el país en la consultoría a personas naturales sobre este tema.

El análisis también reveló que cerca del 65% de las más de 5.500 personas que han asesorado en los últimos cinco años para declararse insolventes económicamente, son hombres, una tendencia que se mantiene constante año tras año.

Por otro lado, el estudio asegura que el 82% de las personas que se declaran en quiebra son profesionales con empleos bien remunerados y el 62% con ingresos superiores a los 4 millones de pesos.

Acuerdos

Para Luis Benítez, consultor financiero y director de Insolvencia Colombia, “en Colombia, siete de cada 10 personas llegan a acuerdos de pago con sus acreedores, lo que significa que el objetivo para el cual se creó la Ley de Insolvencia se está cumpliendo: darle una segunda oportunidad a los deudores y una promesa de pago a los acreedores”.

De igual modo, un dato que sorprende en el análisis es que más del 85% de los millenials que tienen problemas financieros no acuden a asesorías para declararse en insolvencia debido a que tienen temor de lo que digan los demás. “Existe un concepto errado en las generaciones más jóvenes de que la Ley de Insolvencia es una especie de fracaso, cuando es todo lo contrario: una oportunidad única de resolver los problemas económicos”, dijo Benítez.

La Ley de Insolvencia de persona natural se estableció en 2012 (Ley 1564), la cual funciona como un “salvavidas” y una segunda oportunidad para aquellas personas naturales no comerciantes que están en mora con sus obligaciones financieras, para que puedan renegociarlas con sus acreedores, mientras que les suspenden procesos de embargo.

Cifras actuales del Ministerio de Justicia hablan que de 2016 a la fecha, se han presentado más de 2.480 casos de insolvencia económica, de los cuales se presentaron 425, en 2017 1.228 casos, y a junio de 2018 se registraron 827.

“Estos números representan trámites de insolvencia adelantados en centros de conciliación y notarías, sin embargo, la cantidad de trámites puede elevarse entre un 10% a 20% adicional, llegando casi a las 3.000 solicitudes, dado que todavía pueden haber registros por incluir en los sistemas del Ministerio de Justicia”, afirmó Luis Benítez.

En 2018 el mayor número de insolvencias económicas se realizaron en Bogotá-Cundinamarca, seguido por Valle del Cauca, Norte de Santander, Atlántico, Antioquía y Nariño.

“Muchas personas no conocen la Ley de Insolvencia ni buscan asesoría en sus finanzas, y permiten que su situación llegue a procedimientos de embargo que no tienen reversa. Por eso es importante detectar a tiempo las incapacidades de pago, buscar acompañamiento y acogerse a la Ley, para tener una segunda oportunidad financiera sin esperar a que la situación sea crítica”, explica Benítez.

Según datos recolectados por Insolvencia Colombia respecto a la caracterización del perfil de quien se declara en quiebra, las personas con hijos representan el 70,62%, mientras que los casados representan el 44,39%.

Por su parte, el Indicador de Calidad por Mora (ICM), del Banco de la República, relacionado con el endeudamiento de los hogares, continuó su crecimiento pasando de 5,2 en enero de 2017 a 6,0 en enero de 2018, en la modalidad de consumo, esto podría indicar una mayor tendencia que conlleva a que los colombianos busquen mecanismos como la insolvencia.

Aunque la ley da la libertad para que cualquier persona pueda declararse insolvente, el proceso es acompañado por la DIAN y la Secretaría de Hacienda de cada municipio con el fin de verificar la autenticidad de las deudas y el patrimonio que se posee. El fraude en la información que se dé en estos procesos tiene sanciones penales.