Con el objetivo de afrontar el desafío de recortar $20 billones del Presupuesto General de la Nación, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha instruido a cada cartera ministerial a realizar un ajuste financiero del 5,6% en sus gastos de funcionamiento e inversión. Esta decisión, tomada durante una reunión del Consejo de Ministros, se da por la necesidad de garantizar la estabilidad de las finanzas públicas en un contexto de incumplimiento de las metas de recaudo previstas para los años 2023 y 2024.
Según Bonilla, la situación se torna imperativa dado el incumplimiento de las metas de recaudo tanto en 2023 como en 2024. En sus declaraciones a medios, el Ministro expresó la necesidad de revisar meticulosamente las estimaciones presupuestarias y comprender las causas detrás de la disminución de 15 billones de pesos en el recaudo proyectado.
A pesar de la necesidad de estos recortes, Bonilla enfatizó que los programas sociales del Gobierno Nacional no se verán afectados. "Tenemos que hacer ese recorte, pero la idea no es recortar programas sociales ni recortar los programas de Gobierno", afirmó, destacando la importancia de buscar alternativas en otros sectores presupuestarios menos prioritarios.
Esta decisión generó debate y preocupación en diversos sectores, especialmente tras la reciente decisión de la Corte Constitucional contra la deducibilidad de las regalías de las mineras, así como el bajo recaudo de impuestos por parte de la Dian. Estos factores han llevado al Gobierno a implementar medidas económicas más rigurosas, incluido el bloqueo presupuestal anunciado hace algunos días.
El Ministro también destacó la importancia de aumentar el cupo de endeudamiento de la Nación para compensar estos ajustes financieros. Según Bonilla, cada cartera ministerial tiene hasta mañana para presentar un plan detallado de dónde se realizarán los recortes, priorizando el funcionamiento sobre la nómina oficial, aunque anticipó que podría haber afectaciones en la inversión.
El panorama económico, marcado por un ajuste de $20 billones que algunos expertos consideran insuficiente frente a las necesidades del país, plantea un desafío significativo para el Gobierno en términos de estabilidad fiscal y garantía de financiamiento para programas esenciales.