PESE A que el Gobierno dijo que las finanzas del Estado requieren de un recorte al gasto e inversión de $20 billones, una investigación del Banco de Bogotá, señala que ese recorte debe ser mayor y de por lo menos $48 billones.

El ‘tijeretazo’, que al cierre de esta edición no se había especificado por el Consejo de ministros en su reunión de los lunes, supone que, con las cuentas del Ejecutivo, no se va cumplir con la regla fiscal y por eso se pretende que el Congreso de la República apruebe una modificación de las metas.

Según el informe del Banbogotá, “cualquier estrategia que no sea recorte de gasto probablemente terminará en un incumplimiento de la Regla Fiscal (RF). Cuando el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2024 por $503,2 billones en octubre de 2023, el Gobierno esperaba obtener ingresos por $352,4 billones en todo el año. No obstante, cálculos de Investigaciones Económicas denotan que, verdaderamente, los ingresos rondarían $292,3 billones, significando un descalce cercano a $60 billones y haciendo necesaria una estrategia de recorte en el gasto público para asegurar el cumplimiento de la Regla Fiscal y, consigo, la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Actualización

Asegura el análisis, que, en la actualización del Plan Financiero en febrero, a raíz del reconocimiento de menores ingresos frente a los inicialmente previstos, se tomaron medidas de, por un lado, prometer un recorte en el gasto primario (funcionamiento e inversión) de $20,1 billones y, por otro, llevar al límite el cumplimiento de la RF al incrementar su previsión de endeudamiento en $15,4 billones hasta $89,4 billones.

“No obstante, en lo corrido del año los ingresos nuevamente sorprendieron a la baja y, dado el poco margen de maniobra, los cálculos denotan que ya ahora se requiere un ajuste en el gasto de $48 billones para cumplir la RF. Dada la dificultad de llevar a cabo dicha política, los mercados ya descuentan un recorte en la calificación crediticia del país”, indica el informe.

Señala que, desde los ingresos, la sorpresa bajista de $60,1 billones se explican por diferentes factores. En los recursos de capital, se observó un desfase de $6,1 billones frente al PGN a raíz de los menores pagos recibidos por Ecopetrol, la ANH y el Banco de la República.

Desde los tributarios, según el exdirector de la DIAN, L. Reyes, no habría recaudo por concepto de arbitramiento de litigios frente a la meta inicial de $15 billones, pues el proyecto no se ha discutido en el Congreso.

Por su parte, el fallo de la Corte Constitucional de la no deducibilidad de las regalías significó una caída de los ingresos en $6,7 billones. A su vez, el fallo del Consejo de Estado de obligar a la DIAN a devolver el saldo a favor de personas naturales en sus ejercicios de pago de impuestos de más de tres años hacia atrás también impactó negativamente en $3 billones.

Y como si esto no fuera suficiente, se le deben adicionar otros $2,1 billones por la suspensión de las ventas de carbón a Israel.

Ingresos

Desde los ingresos tributarios (o de impuestos), a raíz de la menor actividad económica, el Gobierno ya había corregido en $11,3 billones su expectativa en el plan financiero (que junto con los $3 billones de la sentencia anterior dan los $14 billones de reducción), a lo que, según informe, se le sumarían $18 billones menos para un descalce total de $29,3 billones frente al previsto en el PGN.

Para hacer frente a la situación, si bien el Gobierno se comprometió en febrero a realizar un recorte en el gasto primario, es decir, de funcionamiento e inversión por $20,1 billones, las cifras de ejecución presupuestal a mayo denotan que el recorte en gasto de funcionamiento no fue una política del Gobierno.

En concreto, mientras en este lapso en 2023 la ejecución del gasto en funcionamiento fue de 36,6% (compromisos sobre el total adjudicado del PGN) en 2024 fue de 38,7%, pese a la necesidad de recortar gasto. Así, la política solo se estaría dando en el gasto de inversión (importante para el crecimiento económico potencial del país) donde la ejecución en 2024 se ubicó en 49,8% frente al 50,8% de 2023.

Teniendo en cuenta que el presupuesto de inversión es de $99,8 billones y ya se comprometió el 49,8%, quedaría por comprometerse $50,1 billones. Si la estrategia para cumplir la RF es reducir el gasto en inversión, prácticamente no se tendría que ejecutar más en el resto del año, un escenario poco probable que refleja la necesidad de que el Gobierno empiece a disminuir su gasto en funcionamiento.

El bloqueo

De hecho, el 6 de junio, el Ministerio de Hacienda anunció un bloqueo preventivo (o congelación) de apropiaciones del PGN que no cuenten con certificados de disponibilidad presupuestal, afectando cerca del 59% del total del PGN ($296,7 billones).

Para los investigadores del Banbogotá, la medida es correcta, ya que las alternativas para cumplir la RF son pocas. Por ejemplo, una de ellas podría ser revisar al alza el crecimiento económico del país de 1,5% a 2,0% en 2024, pero esta opción solo le da un espacio fiscal de $0,5 billones.

Por su parte, flexibilizar la RF mediante el adelantamiento del periodo de transición solo significaría un presupuesto adicional de $1,5 billones. Así las cosas, la emisión de nueva deuda no presupuestada (más TES) dependerá exclusivamente de la magnitud del recorte de gasto a revelarse en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo en su cuenta de X, que “es absolutamente urgente tomar la decisión formal de congelar ya mismo entre 20 y 30 billones de pesos del Presupuesto Nacional, para enviar un mensaje formal de recorte al presupuesto nacional, que tenga aval del consejo de ministros y del Confis. Esto no admite más demora”.

Asimismo, para el exministro, Juan Camilo Restrepo, indicó en su cuenta de X, que “el gran damnificado de esta medida será la “inversión” que es lo más fácil de congelar primero y de recortar después, a diferencia lo que no sucede con los gastos de funcionamiento que son bastante inflexibles. Repito: la medida precautelativa anunciada por minhacienda es prudente, pero no hace más que reflejar el pésimo estado en que se encuentran las finanzas públicas del país”.

Señaló que “la congelación tendrá que reflejarse más temprano que tarde en una reducción fuerte del programa de gastos públicos autorizados para la vigencia 2024, a medida que avance el segundo semestre y se haga evidente que los recaudos difícilmente se recuperarán de la postración en que han caído. Estos últimos dependen en alto grado del crecimiento económico que, igualmente, anda de capa caída”.

El ‘congelamiento’ del Gobierno

El objetivo del Gobierno, al definir los sectores en que se realizará el recorte, es tener todo listo para la emisión del decreto presidencial hoy, ya que el presidente tiene previsto viajar. Bonilla reiteró que el Presupuesto se encuentra congelado, lo cual se debe a la disminución en el recaudo tributario en lo que va del año 2024.

El ministro detalló dos etapas de estas medidas. En primer lugar, se suspendió la emisión de nuevos certificados de disponibilidad presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda.

Esto implica que las entidades deben priorizar qué proyectos ejecutarán. En segundo lugar, se llevará a cabo un ajuste sectorial en coordinación con las entidades pertinentes. Se les ha instado a colaborar en este ajuste considerando la situación actual.

Bonilla enfatizó que el recorte no afectará los gastos sociales ni los programas gubernamentales, ya que estos se consideran prioritarios.