La huella de carbono que hemos venido dejando los seres humanos en el planeta parece no tener fin, y aunque en Colombia y el mundo se trabaja diariamente por lograr la neutralidad de esta contaminación, todavía no hay una hoja de ruta completamente efectiva.

Al hablar sobre cómo funcionan los bonos de carbono en Colombia, Lilia Tatiana Roa, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio y de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente, dijo que primero hay que aclarar que el concepto de bonos de carbono no existe en el mercado o en el ordenamiento jurídico y que incluso, dicha figura muchas veces se confunde con los bonos verdes.

Así las cosas, en Colombia lo que existen son los certificados de resultados de mitigación. En cuanto a su operación explicó “por ejemplo, una empresa de movilidad quiere transformar su flota de diésel a eléctrica y luego de un proceso riguroso en que el que se muestra que efectivamente hubo un proceso de reducción de gases de efecto invernadero, se emiten unos certificados y esos son los que entran al mercado de carbono, cabe resaltar que, ahí existen dos opciones voluntario y obligatorio”.

Conforme al 2022, estaban registradas 267 iniciativas de mitigación; no obstante, desde ese mismo año, la plataforma de Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare) dejó de funcionar por una sentencia del Consejo de Estado y a partir de ese momento no hay un registro.

Según el Minambiente, Renare iba a estar en funcionamiento a finales del 2023, pero según le dijo Roa a EL NUEVO SIGLO, “esperamos que en los próximos días podamos sacar la resolución acogiendo varios de sus comentarios y que pueda estar funcionando próximamente”.

En cuanto al Renare, Francisco Ocampo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Actores del Mercado del Carbono (Asocarbono), indicó que tienen conocimiento de que la plataforma se le delegó al Ideam. No obstante, desde la organización instan a la creación de una delegatura de la Superintendencia Financiera, para vigilar los contratos y el desarrollo de los mismos, así como la planeación de una Comisión de Regulación, similar a la de energía o servicios públicos.

“Hay que construir un aparato institucional suficientemente fuerte para la regulación del mercado de carbono y el Renare es un instrumento supremamente importante en donde todas las iniciativas de reducciones de emisiones generen o no créditos de carbono, pero reduzcan emisiones tienen que estar registradas, precisamente, para llevar la contabilidad nacional de reducciones de emisiones y hacer seguimiento a el propósito del Estado colombiano que se plasmó en las MDC de reducirlas en un 51% al 2030”.

De acuerdo a algunos estudios internacionales, la mayoría de los programas de compensación de carbono sobreestiman significativamente los resultados y, por el contrario, sólo han aumentado nuestra deuda de carbono planetaria. Frente a dicha teoría, la viceministra de Ordenamiento Ambiental afirmó que “efectivamente no han logrado reducir los gases de efecto invernadero. La ciencia estima que, en un período entre el 2010 y el 2019 se incrementó en un 12% las emisiones de gases efecto invernadero, o sea que se podría decir que no hubo una reducción importante como se quería”.

Por otro lado, la funcionaria resaltó que en esa perspectiva hay que reconocer que desde el Gobierno se planteó un debate que empezó a tener un liderazgo internacional y es posicionar una de las principales causas, sino la principal de la emisión de gases de efecto invernadero, que son la quema de combustible fósiles.

A su turno, Ocampo dijo que cualquier actividad que se haga en el mundo por reducir las emisiones de gases efecto invernadero sirven para impactar en el combate al cambio climático.

“Hay opiniones en el sentido de que esas metodologías en algunos casos sobrevaloran la producción de emisiones, pero esa es una tarea que el mundo tiene que afrontar para que esas mediciones de reducciones de emisiones sean cada vez más rigurosas y resuelvan los asuntos que se critican. No se puede descalificar las actividades de los proyectos con base en una crítica que puede tener validez, pero que también tiene la perspectiva de que los proyectos reducen y miden las reducciones de emisiones de manera real, son metodologías que son auditadas en unos certificación supremamente complejos y rigurosos que están avanzando y mejorándose cada día más”.

Límite ambiental

Al cuestionar a los expertos sobre cómo hacer para que las compañías no vean los bonos de carbono como un "pase" para contaminar, sino como un límite ambiental que debe ser respetado, la viceministra dijo que en Colombia uno de los mecanismos que se han ido implementando es el del Desarrollo Limpio, el cual funciona como una forma en que un país compensa sus emisiones comprándole a otro que no estaba contaminando.

Unido a lo anterior, el Ministerio se encontró con unos mercados de carbono ya existentes que vienen de la arquitectura internacional, los cuales ya tenían unos problemas importantes, pero que en el país ya se habían observado. En ese sentido, para Colombia fue necesario regularlos con una norma que permitiera las garantías de derechos de los pueblos y ambientales, pero también que pensara en que generaran un proceso de transformación o incentivaran la transformación productiva.

“Ese es un reto que tenemos para que no se asuman simplemente como una forma, o sea seguir en el tema de las compensaciones, sino en términos de las transformaciones que se requieren reales”, dijo Roa.

Reforma tributaria

Sobre la afectación que tuvieron los bonos de carbono en cuanto a su demanda y precio con relación a la iniciativa del presidente Gustavo Petro, Roa explicó que lo que se hace con la reforma tributaria, la ley 2277 del 2022, es que las compensaciones solamente se reduzcan al 50% y se tenga que pagar el impuesto.

Para la funcionaria, lo anterior lo que busca es que las empresas realmente se vean obligadas a hacer esas transformaciones. "Se había venido observando que el estar simplemente haciendo compensaciones, no estaba transformando procesos productivos, entonces ese es un tema que se ha estado tratando durante este Gobierno, que es buscar esas transformaciones, incentivarlas y caminar en esa senda de la transición Energética justa y de las transiciones sociológicas que hemos venido planteando desde este Ministerio”, señaló.

Para el líder de Asocarbono, el límite hizo que la demanda se contrajera y que la oferta creciera, existiendo hoy una sobre oferta de créditos de carbón.

Así mismo, aseguró que la decisión está perjudicando principalmente a las comunidades que desarrollan las iniciativas, pues en Colombia la mayor cantidad de certificados de carbono los originan los proyectos de reducción de deforestación que desarrollan las comunidades indígenas y negras.

“A esas comunidades, que antes les llegaban los recaudos por la venta de sus créditos de carbón que manejan, desarrollan y que ejecutan, hoy les está llegando la mitad de los recursos; ellos son los principales afectados por esta medida, aunque lógicamente afecta todo el mercado integralmente hablando”.

Al hablar de las denuncias de que los bonos de carbono se convirtieron en un negocio para muchas personas y ONG, la viceministra indicó que les preocupan las respectivas acusaciones que han recibido de las comunidades, pues muchas de ellas reflejan que las negociaciones se están haciendo en condiciones bastante asimétricas, esto con respecto al idioma en que las pactan y los contratos que firman, situaciones que sucedieron en los proyectos del Pirá Paraná y en el Cumbal, por nombrar algunos de ellos.

Como solución a lo anterior, el Ministerio ha venido adelantando procesos de transformación tales como: “un decreto que permita la regulación de estos mercados para que garanticen las condiciones de Justicia de Ambiental, de respeto a los derechos de los pueblos y la consolidación del sistema nacional de salvaguardas”.

Por su parte, Ocampo añadió: “hay unos ingresos que van según las condiciones que se realice, entonces no es simplemente la mención del enriquecimiento de unas empresas, sino mencionar una distribución de beneficios de los proyectos de manera equitativa entre las partes que están en el acuerdo. Las comunidades tienen la propiedad de la tierra, pero requieren de un acompañamiento de estas empresas que tienen el conocimiento y la experticia. Entonces las partes se complementan”.

RECUADRO

Caso Pirá Paraná

El pasado 28 de abril, la Corte Constitucional seleccionó una demanda judicial presentada por las autoridades indígenas del Pirá Paraná contra un proyecto de bonos de carbono en su territorio, mismo que fue declarado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Según le dijo a EL NUEVO SIGLO Julián Trujillo, profesor de la Javeriana y abogado de la Fundación Gaia Amazonas, “el problema radica en que llegó una empresa y formuló un proyecto sin la autorización y el consentimiento del gobierno territorial. Como paso seguido fue validado por una empresa de México que nunca visitó el territorio, solo hizo un sobrevuelo y un trabajo de escritorio para verificar que el proyecto estaba bien hecho. Finalmente, fue certificado, traspasado a una empresa intermediaria y tras terminada la cadena fue vendido a Delta Airlines”, dijo el docente.

Así mismo, el experto resaltó que el Estado colombiano a través del Renare tampoco actuó como debió ser, pues para él, no verificó que el proyecto estuviera bien hecho.

En cuanto a la demanda judicial, la Corte Constitucional ya adelantó una etapa probatoria y las organizaciones están a la espera de la que sería la primera decisión del alto tribunal sobre un proyecto de Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación (REDD+) en un territorio indígena.