UN DETALLADO informe del centro de pensamiento ANIF, revela que, aunque Colombia es de los pocos países que ha realizado dos reformas tributarias luego de la pandemia, la situación fiscal del país sigue siendo frágil, porque la mayor parte el Gobierno las gastó en 2023 y 2024 en el subsidio a los combustibles.

En el informe, los investigadores a cargo del director José Ignacio López, destacan que Ecuador aprobó recientemente un aumento de la tarifa del IVA, mientras que Chile sigue discutiendo una eventual reforma tributaria. En República Dominicana se está diseñando una reforma fiscal.

“Si ampliamos el universo de comparación e incluimos otros países emergentes, Colombia también es más la excepción que la norma. La semana pasada el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionó que el Gobierno plantea radicar una nueva reforma en la legislatura del segundo semestre. Las reformas tributarias se han convertido, realmente, en un deporte nacional en nuestro país”, sostienen los analistas.

Indica el análisis, que “con dos reformas pospandemia a cuestas, un observador casual pensaría que el panorama fiscal se encuentra despejado. No obstante, como lo hemos advertido desde ANIF, las cuentas fiscales del Gobierno para 2024 y 2025 siguen exhibiendo unos abultados déficits fiscales, al límite de lo permitido por la Regla Fiscal. Déficits fiscales persistentes tras dos reformas tributarias parecen reflejar un corto circuito en el manejo de las finanzas públicas”.

¿En qué se gastó?

¿Pero en qué se ha gastado el país las dos reformas tributarias de 2021 y 2022?

Dice el informe que “la respuesta solo puede ser sugestiva, dado que las finanzas del Gobierno tienen unidad de caja. En palabras más simples, el mayor recaudo asociado a las reformas hace parte de todos los ingresos del Gobierno que no tienen destinación específica y, por tanto, no podemos señalar programas o gastos específicos que hayan sido financiados con los recursos adicionales de las reformas. No obstante, sí podemos analizar de dónde han venido las mayores presiones de gasto público en los últimos años, muchas de ellas no previstas en las cuentas pre-reformas. Con base en este análisis y analizando en detalle las cifras fiscales más recientes, todo indica que el país se gastó buena parte de los ingresos de las dos reformas tributarias en el subsidio a los combustibles”.

Señalan los analistas de ANIF, que “las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) sugieren que, en los últimos dos años, 2023 y 2024, los ingresos asociados a las reformas tributarias de 2021 y 2022 le han dejado al Gobierno ingresos adicionales por $24 y $30 billones adicionales (1,5% y 1,8% del PIB, respectivamente), para un total de $54 billones. El recaudo extra asociado a las dos reformas es similar, aunque no exactamente igual, al aumento de ingresos tributarios observados en los últimos dos años, frente a lo proyectado en el MFMP de 2020 para 2023 y 2024, antes de que las reformas fueran presentadas y aprobadas”.

En 2020 se esperaba que los ingresos tributarios en 2023 alcanzaran 14,3% del PIB, pero la cifra observada alcanzó 16,1%, 1,8 puntos porcentuales más.

“Para 2024 se proyectaban ingresos tributarios de 14,6% del PIB, que efectivamente alcanzaron un nivel de 15,3%. Obviamente, las proyecciones incorporaban supuestos de crecimiento, gestión de la DIAN y una senda de ingresos petroleros que no necesariamente ocurrieron. Sin embargo, el contraste de las proyecciones con el recaudo observado ayuda a dimensionar el efecto de las dos reformas tributarias en la expansión de ingresos del Gobierno”, dicen los investigadores.

Explica el estudio, que “por el lado de los gastos, la presión fiscal ha sido mucho mayor a la anticipada. En su momento se proyectaba que los gastos del Gobierno alcanzaran 19% del PIB para 2023 y 2024, pero la expansión ha sido mucho mayor, con niveles de 23,1% y 22,8% del PIB, respectivamente”.

Los combustibles se ‘tragaron’ todo

El mayor gasto público se explica por un aumento promedio en 2023 y 2024 de 1,1% en el rubro de funcionamiento e inversión, de 1,3% en un mayor pago de intereses y de 1,5% en el gasto asociado a los subsidios de los combustibles. La presión en gasto por mayor servicio de la deuda y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) ha sido 2,5 veces más grande que el del gasto público en funcionamiento e inversión.

Asegura el informe que “el costo del subsidio a los combustibles en las cuentas del Gobierno durante los últimos dos años ha sido de $49 billones, casi equivalente a los $54 billones provenientes de las dos reformas tributarias. El FEPC se comió el recaudo tributario adicional. Si a esto le sumamos la cuenta de mayores intereses de $39 billones promedio en 2023 y 2024 frente a lo que se proyectaba en 2020, las dos reformas tributarias solo alcanzan para cubrir el 61% de estos dos gastos adicionales (mayores intereses y subsidios combustibles)”.

Señala el análisis de ANIF, que “el Gobierno ha anunciado que continuará buscando cerrar la brecha del FEPC y anticipa un gasto primario de 18% para los próximos años (igual al de 2024), que solo le permitiría tener más espacio en gasto e inversión en la medida en que se reduzca el monto del subsidio a los combustibles. No obstante, abrir dicho espacio no será fácil mientras la presión fiscal por un mayor servicio de la deuda continúe”.

Costo de intereses

Explica el documento, por otra parte, que “Colombia está pagando unos intereses mucho mayores por su deuda soberana. Antes de perder el grado de inversión, en el MFMP de 2020, el Gobierno anticipaba para 2024 una tasa de 7% en pesos y 3,8% en dólares. Las tasas actuales son mucho más altas. De acuerdo con el último informe de deuda pública, el cupón promedio de la deuda en pesos es de 9% y de 5,1% en dólares, unos 200 y 130 puntos básicos más altos de lo que en su momento proyectaba el propio Gobierno”.

Buena parte de la discusión sobre tasas de interés en el país se ha centrado en las tasas de corto plazo del Banco de la República, pero es importante resaltar que el aumento en las tasas de endeudamiento del Gobierno se explica casi en su totalidad por un aumento en la prima de riesgo país, asociada a la pérdida de grado de inversión y a la preocupación por el clima de inversión, la incertidumbre de las reformas y las perspectivas de crecimiento.

Sostienen que “el incremento de 130 puntos básicos en las tasas en dólares, exante versus expost, no se explica ni por el choque inflacionario ni por la respuesta de política monetaria. Estas tasas en dólares, de una deuda con duración media de 6,2 años, reflejan una prima de riesgo más alta. Los diferentes pronunciamientos de las calificadoras de riesgo así lo confirman”.

La semana pasada Moody’s rebajó la perspectiva soberana de Colombia a negativa de su calificación Baa2 (equivalente al BBB de las otras calificadoras). Esta calificadora es la única que todavía mantiene al país en grado de inversión. A comienzos del año, S&P también puso su calificación BB+ en perspectiva negativa, que de materializarse pondría a Colombia dos escalones por debajo del grado de inversión.

Mucho esfuerzo para tan poco

Una de las conclusiones de ANIF con este análisis, es que “el esfuerzo fiscal del país en materia tributaria no ha tenido el efecto esperado en las cuentas fiscales, ni en la composición del gasto. El Gobierno debe avanzar en la negociación del retiro del subsidio a los combustibles, atendiendo el llamado del gremio del transporte que está sufriendo de unos niveles de baja rentabilidad por cuenta de la metodología de los cálculos de los fletes, la alta informalidad del sector y los sobrecostos asociados a los constantes paros y bloqueos, y de forma más amplia a la creciente inseguridad. Adicionalmente, se necesita con urgencia una agenda de reactivación concertada con el sector privado para que el país retome la senda de crecimiento e inversión y se despejen las dudas sobre las cifras de recaudo y actividad económica de los próximos años.