Si no surgen contratiempos de última hora, para hoy está prevista la reunión entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; el contralor general, Felipe Córdoba, y representantes de las aseguradoras y reaseguradoras, en la que se definirá completamente el pago anticipado de los $4,3 billones que representan el fallo fiscal por la situación de Hidroituango, ante los efectos de la contingencia que tuvo lugar en 2018 y que causó fallas en la obra.

Si se logra el pago de seguros por este monto, que representa uno de los mayores interrogantes para continuar con la seguridad financiera en la obra, podría darse que los contratistas y el consorcio constructor (CCC Ituango) puedan seguir en el proyecto, y con ello se resuelvan las demás inhabilidades que surgieron debido al fallo reafirmado por la Contraloría. 

De hecho, directivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) ya han venido adelantando reuniones en España con los representantes de Mapfre, principal aseguradora de Hidroituango.

La importancia de concretarse este acuerdo radica en que los pagos que viene haciendo Mapfre, por montos divididos que no superan aún los US$400 millones desde el año 2019, representan avances mínimos respecto a la cuantía total de $4,3 billones.

Ya CCC Ituango había explicado respecto a la confirmación del fallo que este pone en grave riesgo la continuidad de las obras en la hidroeléctrica.

Por su parte, y previo a estos avances, EPM continúa con la ejecución de planes alternativos ante la salida de los contratistas en la obra, lo que representaría la llegada de nuevos constructores y posibles retrasos en la entrada en operación de la obra para 2022.

Indemnización

Cabe destacar que Mapfre Seguros Generales de Colombia y las empresas detrás del proyecto informaron que trabajan conjuntamente, con el propósito de lograr un acuerdo para el pago de la indemnización bajo la póliza Todo Riesgo Construcción, por valor de US$ 983,8 millones.

A la fecha, por concepto de adelanto, la empresa antioqueña ya ha recibido US$350 millones.

Un eventual acuerdo deberá ser sometido a aprobación ante los órganos internos competentes de EPM y, de concretarse, la totalidad de los recursos serán pagados directamente a la Empresa.

EPM afirmó que busca cumplir con el cronograma propuesto para la entrada en operación del proyecto Hidroeléctrico Ituango. A corte de hoy se conoce que los trabajos más recientes realizados obedecen a la llegada de la última de las cuatro piezas que integran el estator, que corresponde a la primera unidad de generación de energía.

Tras la noticia de las conversaciones entre aseguradoras e Hidroituango y EPM, SURA Seguros manifestó que no había participado del encuentro. “No tuvo participación en las reuniones que presuntamente esa organización sostuvo desde la ciudad de Madrid (España), ni tampoco ha participado en preacuerdo alguno”, declaró la aseguradora.

SURA Seguros aclaró en un comunicado que no ha participado de ninguna reunión en España y que no conoce el acuerdo al que se llegó con Mapfre: “Con respecto al presunto ‘acuerdo’ de pago, en el que se informa que SURA realizaría un pago por $400 mil millones, la Compañía está llevando a cabo los análisis derivados del fallo de segunda instancia de la Contraloría, en la cual fue declarada tercero civilmente responsable con fundamento en la póliza de Directores y Administradores, lo cual no hace parte de acuerdo alguno”.

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Otras decisiones

Sobre la participación de SURA, el alcalde Daniel Quintero dijo: “SURA deberá responder por las decisiones que tomaron varios políticos, miembros de juntas directiva y gerentes que fueron condenados por la Contraloría. El tope de este seguro ronda los $400 mil millones”.

En todo caso, el acuerdo que sigue adelante es el pago de Mapfre por US$983,8 millones, que representan el 90% de las pérdidas que se ocasionaron por razón de la contingencia de 2018.

Asimismo, el alcalde Daniel Quintero reiteró de dónde saldría la plata para restituir el detrimento patrimonial establecido por la Contraloría: “Los contratistas tendrán que pagar $800 mil millones, Mapfre $3,9 billones y SURA $400 mil millones. Sin embargo, aún hay que ganar el segundo tiempo, recuperar lo que no cubren las aseguradoras”.

No obstante, dos de las tres afirmaciones del alcalde no son tan claras. Lo primero es que quien paga el deducible es la persona natural o jurídica que adquiere la póliza, y en este caso es el mismo EPM, no los contratistas.

Este sería un golpe más para la empresa, que ahora no solo debe reventar $1,8 billones para pagarle al Banco Interamericano de Desarrollo toda su deuda en un solo contado, sino que también tendría que sacar los $800 mil millones con una caja apretada y un panorama no muy favorable con la banca internacional.

Contratos

Justo en la noche del martes, cuando se supo que Mapfre iba a pagar -esto también porque tiene varios contratos en el país y el fallo de la Contraloría la inhabilitaría para contratar con el Estado-, EPM informó sobre el acuerdo de prórroga con los contratistas de Interventoría (Consorcio Ingetec-Sedic) y Asesoría (Consorcio Generación Ituango) de Hidroituango por un plazo de ocho meses, más tres meses de empalme.

Los analistas estiman que bajo las nuevas condiciones que plantea el pago de los seguros y sin una inhabilidad inminente para las compañías constructoras, se podrá finiquitar el preacuerdo logrado entre el consorcio y EPM el pasado 25 de noviembre para firmar una prórroga de ocho meses, más tres meses adicionales, y realizar así un empalme con la firma que asuma después de la mencionada licitación que haría EPM.

Pero la noticia del pago no solo tiene impacto en Hidroituango, porque también despeja el panorama futuro de contratos que tienen Conconcreto y Coninsa Ramón H en otros frentes de obra en el país, como es el caso de un proyecto de Transmilenio, en Bogotá, o un tramo de la doble calzada de Ruta del Sol.

Y es que el traumatismo para la infraestructura de algunos proyectos sería enorme, pues se verían obligados a abrir nuevas licitaciones y toda la ejecución se retrasaría aún más.

Por otro lado, Conconcreto y Coninsa Ramón H solicitaron hace dos meses a la Supersociedades una reorganización empresarial, esto con “el ánimo de activar mecanismos que coadyuven a la recuperación empresarial, facilitar la preservación de la empresa y el empleo y sin descuidar los intereses de proveedores, acreedores y accionistas”.

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El fallo de la Contraloría General

En noviembre pasado, la Contraloría General dejó en firme el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones que responsabiliza a 26 personas relacionadas con el proyecto. La decisión fue tomada en segunda instancia, y a título de culpa grave, ratifica la responsabilidad contra estos funcionarios y contratistas por supuesto daño al patrimonio del Estado.

Dicho daño fue producto de las inversiones realizadas en Hidroituango y el lucro cesante a causa de que el megaproyecto no haya comenzado a generar energía desde noviembre de 2018.

De esta manera, el fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR, "que negó los recursos de apelación presentados contra el auto por el cual se tomó la decisión judicial".

"El día de hoy la Contraloría General de la República está notificando el fallo de segunda instancia, proferido mediante auto 263 de 25 de noviembre de 2021 en el caso de Hidroituango. En el fallo, proferido por la Sala Fiscal y Sancionatoria, se resuelve tomar las decisiones en primera instancia en relación con los 26 responsables fiscales solidarios. Se confirmó el fallo sin responsabilidad fiscal que en un principio habían estado vinculadas al proceso. Se confirma, asimismo, el monto del daño fiscal por $4,3 billones, representados en $3,1 billones por la destrucción del valor de la inversión del proyecto; y $1,2 billones por concepto de lucro cesante. La Sala Fiscal y Sancionatoria consideró que era necesario como tercero civilmente responsable a la aseguradora Mapfre Seguros Generales para hacer efectiva la póliza todo riesgo suscrita con su contratante” aseguró el vice contralor general, Julián Ruiz.

De los más de 20 involucrados, la Contraloría encontró responsabilidad de 17 personas naturales y nueve jurídicas, entre las cuales se encuentran Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos.