Medidas cautelares en contra de Electricaribe, en aras de frenar un posible incremento de las tarifas del servicio que se le presta a un gran sector de los habitantes de la Costa, decretó el Tribunal Administrativo del Atlántico.

La acción judicial fue instaurada por el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, quien informó que en la decisión se ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los departamentos afectados.

El objetivo es que "se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar", señala el Tribunal.

Igualmente, se ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador de la Empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de los Departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg -y todas las parte implicadas-. Dichas autoridades, deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos.