La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), en cabeza de Paula Acosta, advirtió sobre el riesgo que representa para la salud y la vida de los colombianos, así como para la garantía de los ingresos de los trabajadores del sector, el inminente desfinanciamiento del Sistema de Salud.

Luego de que la ministra de Salud, Carolina Corcho, planteara en el Congreso de la República una reducción de la asignación de recursos adicionales para 2023 de $8,1 billones que había propuesto la administración Duque, a $3,8 billones, a los que se añadirían $1,3 billones para sacar adelante el modelo de salud preventivo y predictivo propuesto en la campaña, Acemi prendió las alarmas respecto a varios asuntos que podrían configurar una crisis para el sector el próximo año.

Aseguramiento

En primer lugar, sostuvo que dejar sin financiación los rubros de aseguramiento dentro del Presupuesto General de la Nación supone un problema estructural que involucra a todos los actores del Sistema: hospitales públicos y privados, laboratorios, farmacéuticas, médicos especialistas, trabajadores del sector de la salud y aseguradores. El efecto en cadena afectaría sobre todo a los usuarios de este Sistema, que al día presta cerca de 2,2 millones de atenciones.

En segundo lugar, el gremio advirtió que durante el próximo año seguirá creciendo el uso de servicios de salud (frecuencias) por cuenta de tendencias como el envejecimiento de la población, la entrada de nuevas tecnologías al país y el poscovid, lo que sumado al reconocimiento de la inflación, la devaluación y el incremento del salario mínimo genera un aumento en los costos de las atenciones de salud que es necesario financiar por parte de la Nación.

“A este panorama deben sumarse los traslados de usuarios de las EPS que están en medidas de vigilancia especial por parte de la SuperSalud y que el Gobierno ha anunciado liquidar. Estos usuarios, que llegan a EPS con mejores estándares de atención, aumentan el uso de servicios de salud de manera significativa”, afirmó la asociación.

Según las estimaciones de Acemi, se requieren al menos $76 billones para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y $4,88 billones para las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios (Presupuestos máximos).

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Modelo de salud

Por su parte, la ministra de Salud sostuvo que “cuando el sistema se tiene que transformar, las iniciativas no son de tipo ideológico. Hay una crisis evidente del modelo, en el caso colombiano ya lleva tres décadas”. Además, la jefe de la cartera afirmó que la apuesta de la privatización de la salud, después de tres décadas, ya cuenta con indicadores objetivos y vivencias ciudadanas que dan cuenta de si este modelo funcionó o no. “Tiene que haber una crisis explícita y clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”, agregó.

Por otra parte, Acosta dijo que el sistema arrastra un déficit de recursos y con la propuesta de la ministra se agudiza y pone en riesgo la garantía del derecho a la salud de los colombianos. “Reducir el flujo de recursos en el sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario; este último la mayor preocupación que tenemos”, advirtió la presidenta ejecutiva de Acemi.

En ese sentido, Acosta aseguró que para el 2023 el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC, el valor que el Gobierno les gira a las EPS por cada afiliado) debe reconocer tanto el rezago del 2022 como la expectativa de inflación, la devaluación que determina en buena medida el costo de medicamentos e insumos y la estimación de aumento del salario mínimo, en donde cualquier incremento por encima del 12% desfinanciará el sector salud en tanto este es intensivo en talento humano.

Lo anterior, sin tener en cuenta posibles modificaciones derivadas de la reforma laboral anunciada por el Gobierno, en donde se ha propuesto el aumento del pago de jornada nocturna y horas extras en un sector que trabaja “24x7”.