El fallo del Juzgado Cuarto Laboral del Distrito Judicial de Santa Marta que ordenó a Ecopetrol, el Ministerio de Minas y Energía y Petrobras a que se suspenda inmediatamente la exploración del pozo Uchuva 2, hasta que se realice una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga, agrava la situación de las reservas de gas del país.
El juez de Santa Marta recalcó que la consulta previa a las entidades locales es un derecho fundamental, por lo cual, exigió al Ministerio del Interior que en máximo un mes se realice consulta previa con el cabildo indígena de Taganga.
En el documento se mencionó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, deben realizar estudios para identificar el impacto ambiental y sociocultural del proyecto. Además, ordenó a la Presidencia de la República que implemente una coordinación institucional en un plazo que no supere seis meses para la garantía de la protección de comunidades ancestrales.
El juez también ordenó más medidas y coordinación con la Escuela Superior de Administración Pública para la protección de las comunidades en procesos de exploración energéticos. Ecopetrol afirmó que se están desarrollando reuniones con Petrobras para evaluar el impacto del fallo, pero todavía no hay comunicados oficiales por parte de la petrolera.
Nuevo estudio
También se ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizar un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural que incluya específicamente los efectos del proyecto sobre la comunidad indígena afectada.
Además, según el documento judicial, Ecopetrol y Petrobras deben evitar el uso de nombres o símbolos culturales de la comunidad Taganga y otros pueblos indígenas sin su consentimiento expreso. Se les ha ordenado retirar los nombres de los proyectos “Uchuva” y “Área de Interés de Perforación Exploratoria Tayrona” en un plazo de 48 horas.
La Presidencia de la República, en coordinación con los ministerios del Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Minas y Energía, tiene un plazo de seis meses para desarrollar un protocolo interinstitucional destinado a la identificación, consulta y protección de las comunidades ancestrales del agua en futuros proyectos. Este protocolo busca garantizar el respeto a los derechos de estas comunidades en la ejecución de nuevos desarrollos.
Asimismo, se sugiere la creación de un comité de supervisión integrado por representantes del Cabildo Indígena de Taganga, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Este comité tendrá la tarea de vigilar el cumplimiento de las órdenes emitidas y asegurar la protección de los derechos de la comunidad.
El entorno
Por su parte, el Ministerio de Cultura debe, en colaboración con el Cabildo Indígena de Taganga, desarrollar un plan de salvaguardia de las prácticas culturales y conocimientos tradicionales relacionados con el entorno marítimo de la comunidad, también en un plazo de seis meses. Estas acciones buscan preservar el patrimonio cultural y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas de la región.
En otro ámbito, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales deberán implementar un proceso de verificación independiente para identificar la presencia de comunidades tradicionales en las áreas de futuros proyectos, sin limitarse a la certificación del Ministerio del Interior. Este proceso independiente busca asegurar una evaluación justa y comprensiva de los proyectos propuestos.
En junio pasado, Ecopetrol y Petrobras anunciaron el inicio de la perforación del pozo Uchuva 2, en el Bloque Tayrona, como parte del compromiso de incorporar el gas natural que el país necesita para apalancar la transición energética justa.
Este pozo, que tiene carácter de evaluador, permitirá validar la dimensión del descubrimiento de gas natural anunciado en julio de 2022 en el pozo exploratorio Uchuva 1, ubicado en aguas profundas (837 metros de lámina de agua), aproximadamente a 32 km en línea recta desde el litoral y a 76 km de la ciudad de Santa Marta.
En el Bloque Tayrona, Petrobras es operador con una participación del 44,4 % y Ecopetrol con el 55,6 %.
“Uchuva 1 se considera un descubrimiento muy significativo para Ecopetrol y Colombia, porque ratificó la importancia del Caribe como una de las principales fuentes de gas para nuestro país. Uchuva 2 nos permitirá obtener mayor información sobre lo descubierto y la información necesaria del yacimiento para la planeación y ejecución de la conexión con los centros de consumo, contribuyendo con el abastecimiento del país”, explicó Elsa Jeanneth Jaimes, vicepresidente Costa Afuera de Ecopetrol.