VUELVE Y juega. Las cuentas que el Gobierno está haciendo para cuadrar el recorte presupuestal y asegurar el cumplimiento de la regla fiscal para este año y el próximo, no convencen a los expertos y menos al CARF.

En efecto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), al revisar el último plan financiero presentado por el Gobierno, precisa los riesgos sobre la caída del recaudo tributario en el segundo semestre de 2024, lo que llevaría al Estado a generar ajustes adicionales al gasto, que serían de $5,3 billones. De igual forma, estiman que el ingreso por gestión de la DIAN sería de $3,4 billones y por recaudo de impuesto de renta sería de $2,3 billones.

Por tal motivo, la CARF precisó que el recorte en el Presupuesto General de la Nación (PGN) sería insuficiente: “El decreto de aplazamiento del Presupuesto General de la Nación presentado, por $20 billones, es inferior al ajuste de gasto presentado en el MFMP, de $51 billones. El cumplimiento de la Regla Fiscal en 2024 dependerá de que se consolide la reducción de gasto que se muestra en el MFMP y que se produzcan ajustes fiscales adicionales si se llegaran a concretar riesgos que afecten el ingreso estructural del Gobierno”, reseña el informe.

Bajo recaudo

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA, dijo a EL NUEVO SIGLO, que “yo ya lo dije desde el pasado, me parece que el gobierno está haciendo un recorte muy inferior a lo necesario, incluso lo está haciendo por vías de rubro que realmente no generan ningún beneficio, pero más allá de eso claramente está muy por debajo de lo que se necesita el gobierno que debería estar cerca de $55 billones en ese recorte. ¿Por qué razón? Porque el recaudo tributario no se está cumpliendo, es muy flojo, derivado de un bajísimo nivel de crecimiento de la economía y de los errores que se cometieron al haber incorporado ingresos tributarios que no se iban a lograr como arbitramiento de litigios o la realidad de haber aprobado o presentado al Congreso una reforma tributaria en donde se sabía de antemano que había una cantidad de artículos y de rubros que eran inconstitucionales”.

Además, señaló que “fruto de haber incorporado tributos o ingresos tributarios que no se iban a conseguir de ninguna manera y fruto también por la desaceleración en el crecimiento, pero sumado también al hecho de que el nivel de gasto público de derroche está siendo significativamente alto y entre otras de tener casi que un nivel de gasto público similar al de un año de pandemia, pues de todo lo anterior se genera que el recorte mínimo debe ser entre $50 y $55 billones y el gobierno tiene que acelerar so pena de que no haya credibilidad sobre el manejo de las finanzas públicas en calificadoras de riesgo, inversionistas internacionales y nacionales”.

El descuadre

Por su parte, el director del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, dice que “se nota que para 2024 el recorte en el gasto primarios sería de al menos $43 billones por parte del gobierno, de los que $8 billones corresponden al pago del déficit del Fondo de precios de los combustibles, en otras palabras, pagar una deuda con otra deuda y eso no constituye un recorte del gasto fiscal, es decir de los $43 billones que tiene que haber de recorte, solamente se han recortado $12 billones es decir faltan en el 2024 recortes por $31 millones”.

Por otro lado, el Comité ha manifestado en más de una ocasión que el cálculo se ha realizado sin incluir la deuda que tiene el Gobierno nacional con el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, lo que llevaría a gastos adicionales a futuro por la transición energética.

“En opinión del CARF, si bien el escenario fiscal para 2025 planteado por el MFMP es plausible, persisten riesgos significativos en la programación fiscal, incluyendo una modificación a la Ley de la Regla Fiscal, que hacen que el cumplimiento de la Regla Fiscal no esté garantizado”, indicó la CARF.

Señalan que “el MFMP no incluye de forma explícita los efectos financieros de la reforma pensional, que va a requerir mayores giros de la nación a Colpensiones, en el esquema de cuentas intergeneracionales ni tampoco el superávit del sector Seguridad Social - Pensiones, por la acumulación de cotizaciones en el fondo de ahorro administrado por el Banco de la República”.

Los riesgos

Asimismo, el organismo advirtió que “el cumplimiento de la regla fiscal en 2024 dependerá de que se consolide la reducción de gasto que se muestra en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y que se produzcan ajustes fiscales adicionales si se llegaran a concretar riesgos que afecten el ingreso estructural del Gobierno”.

El informe extendió las alarmas para el 2025, periodo en el que vislumbra riesgos significativos en la programación de las finanzas estatales, incluyendo una modificación a la ley de la Regla Fiscal que planea presentar el Gobierno al Congreso y cuya aprobación aún no está garantizada en medio de la pérdida de capital político por parte del presidente Gustavo Petro.

El CARF indicó que podrían estar en riesgo cerca de $8 billones de menor recaudo en el 2025.

Precisamente, fue uno de los elementos críticos en este panorama, que llevó a que el Gobierno le recortara $20 billones al Presupuesto General y, en general, se apretara el cinturón en términos de gasto.

“Persisten riesgos sobre los ingresos tributarios en el segundo semestre del año: el CARF calcula que los supuestos de recaudo por gestión de $3,4 billones y $2,3 billones del recaudo esperado por el impuesto de renta de personas naturales podrían no cumplirse”, dijo el Comité en su pronunciamiento.

El Comité consideró que el decreto de recorte en el Presupuesto no cubre la extensión del ajuste en el gasto que se requiere para que el Gobierno no se lleve por delante la regla fiscal.

“El cumplimiento de la Regla Fiscal en 2024 dependerá de que se consolide la reducción de gasto que se muestra en el MFMP y que se produzcan ajustes fiscales adicionales si se llegaran a concretar riesgos que afecten el ingreso estructural del Gobierno”, se lee en el pronunciamiento del Comité.

Costos  del endeudamiento

Explica el Comité que “Colombia enfrenta costos de endeudamiento altos, debido a las tasas de interés que los financiadores de la nación exigen al Gobierno. Para estabilizar la deuda en el ancla, es necesario acumular balances primarios más positivos que los que exige la Regla Fiscal en el periodo 2024-2027. Para 2025 y 2026 los requerimientos de balance primario (ingresos menos gastos sin contar intereses) serían de 0,9% y 0,3% del PIB, por encima de lo proyectados en MFMP 2024, -0,5% y -0,2% del PIB”.

Aseguran los expertos que “esto se debe a que la restricción presupuestaria del Gobierno no está cumpliendo con la condición de sostenibilidad fiscal, que implica que la tasa de crecimiento del PIB sea mayor que las tasas promedio de interés de la deuda. Lo anterior genera la necesidad de superávits fiscales de mayor tamaño para que la deuda sea sostenible”.

Señalan que “la economía podría gestionar estos costos de endeudamiento si tuviera un mayor crecimiento real, lo cual redundaría también en menores requerimientos de balance primario. Entre 2024 y 2035, la tasa de interés real implícita en el MFMP nunca será menor a 3,3%, mientras que el crecimiento tendencial se ubicará en 3,17% en el mediano plazo”.

Indican, del mismo modo, que “si se toma únicamente el componente estructural de las tasas de interés, suponiendo que parte del aumento observado pospandemia es transitorio, estimaciones de la Dirección Técnica del CARF conducen a que, de todas formas, se requieren balances primarios superavitarios para estabilizar la deuda en los próximos cinco años”.