Gobierno debe a EPS $5,2 billones desde hace tres años | El Nuevo Siglo
LA PRESIDENTA de Acemi, Ana María Vesga, reclamó los recursos adeudados al Gobierno. /Acemi
Viernes, 18 de Agosto de 2023
Redacción Economía

LA ASOCIACIÓN Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), reclamó al Gobierno el pago de $ 5,2 billones por servicios prestados desde el 2020.

La presidente de Acemi, Ana María Vesga, dijo a los medios que esto “tiene que ver con algunos pagos derivados de cuentas que tienen las EPS con el estado de servicios prestados por las mismas, por conceptos como Covid-19, vacunación, presupuestos máximos; en el caso de las EPS de Acemi, esa cifra supera los $ 5,2 billones, sobre los cuales es necesario avanzar”.

Señaló la dirigente que, desde la agremiación, han “planteado un mecanismo de saneamiento que utilice los espacios fiscales que están contenidos en la Ley, y que permitan que, finalmente, haya un reconocimiento de lo que falta, y de deudas viejas que están allí presentes”.

Asimismo, Vesga expresó que hay una situación puntual con los presupuestos máximos, que es “todo aquello que reconoce las tecnologías y servicios no contenidas en el plan de beneficios que en el mes de julio y agosto no fueron pagadas a las EPS”.

Por lo cual, indicó que están “a la espera de una resolución del Ministerio que autorice ese giro y asegurar que tenemos los recursos suficientes para el cierre del año en lo que refiere a esa cuenta”.

Pese a esta situación, Acemi hizo un llamado al Gobierno para continuar el diálogo, “las EPS tenemos vocación de permanencia, hemos sido partícipes esenciales de la construcción durante estos 30 años. Reconocemos que el sistema, que no es perfecto, tiene oportunidades de mejora y fortalecimiento”.

Situación

Para el gremio, la falta de estos recursos hace que tengan una situación complicada en cuanto al presupuesto que proviene del Gobierno nacional para su funcionamiento.



Por otra parte, la presidenta de Acemi, dijo que actualmente se presenta un problema estructural en el sector y tiene que ver con la “financiación del sistema de salud y la suficiencia de esa prima que llamamos unidad de pago por capitación (UPC), asunto que hay que aclarar, que no es algo que venga de este Gobierno, es una conversación que viene de tiempo atrás”.

Esto, “nos obliga a preguntarnos como sistema, si los recursos que financian el sistema de la salud, de los colombianos son suficientes y, en consecuencia, si ese primer capital alcanza para gestionar realmente con suficiencia, con oportunidad, con calidad y con acceso en todos los territorios”, agregó Vesga.

Señaló que “hemos insistido en retomar esa conversación con el Gobierno, de cara a la discusión del presupuesto del 2024, y creemos que es de la mayor importancia superarlo pronto, porque si no somos capaces de avanzar, vamos a tener un problema de financiamiento perpetuo”, aseveró la presidente de Acemi.

A su vez, manifestó que “el problema no se resuelve este año, tampoco se resuelve el próximo, así como tampoco se ha resuelto en años anteriores”.

Acercamientos

“Creemos que es un camino que podemos continuar si tenemos un diálogo de encuentros y si realmente nos concentramos en lo que el sistema necesita, no partiendo de la crítica, sino del reconocimiento de lo que se hace bien y, de ahí, busquemos precisamente cómo mejorar el acceso para todos los colombianos en todos los territorios”, dijo Vesga

Desde hace varios meses el gremio empezó a tocar las puertas del Ministerio de Hacienda al conocer sobre la adición presupuestal que aparentemente daría una solución a esa situación.

Indica que en el articulado de la iniciativa solo se apropiaron $ 2,02 billones para el sector salud, cuando se necesitaban al menos $ 10,45 billones en recursos adicionales.

El gremio advertía que incluso para 2022 la situación financiera del sector ya era insostenible; de cada $ 100 que recibieron las EPS del Régimen Contributivo tuvieron que pagar $ 102 en atenciones de salud. Si a eso se suman los costos de operación, las pérdidas acumuladas de las EPS afiliadas se elevan a $ 2,3 billones con cargo al patrimonio de las aseguradoras.