TRAS LA expedición del Decreto 1047 de 2024 por el Ministerio de Industria y Comercio, por medio del cual se prohíben las exportaciones de petróleo hacia Israel desde el próximo jueves 22 de agosto, son varios los sectores que se han pronunciado al respecto.

María Claudia Lacouture, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, señaló que “el principal afectado por la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel será Colombia. En medio de una crisis fiscal que requiere aprovechar cada fuente de recursos, esta medida limitará los ingresos vitales que sostienen regiones como La Guajira y Cesar, profundamente necesitadas de inversión para su desarrollo”.

De acuerdo con Lacouture la decisión no solo “agudiza la incertidumbre jurídica, sino que también erosiona la confianza de los inversionistas. Las medidas que afectan acuerdos comerciales vigentes ponen en riesgo el entorno necesario para atraer nuevas inversiones y dinamizar la economía del país”.

“No hay transición energética sin transición fiscal. Las acciones recientes del Gobierno, como la limitación a la exploración de gas offshore, la cancelación del proyecto Oslo ‒una oportunidad inmejorable para sumar ingresos, reservas y utilidad a través de la adquisición de los activos de CrownRock LP‒ y la prohibición de exportaciones de carbón, están generando incertidumbre en el mercado. Estas decisiones ponen en riesgo la viabilidad de Colombia para asegurar los recursos necesarios para el crecimiento y bienestar de los colombianos”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Javier Díaz, manifestó en W radio, que la restricción toma en cuenta consideraciones de tipo moral y no comercial, además, el único que puede actuar frente a esto, es el Congreso de la República: “Ese decreto es inconstitucional porque está basado en consideraciones de tipo moral y no en consideraciones comerciales. Si ello es así, el Gobierno no tiene las facultades para tomar esa decisión, le correspondería al Congreso”.

“Mientras que Israel va a comprar el carbón a otro país, no se va a ver afectado, y Colombia sí, precisamente en un momento donde necesitamos crecer las exportaciones y recibir divisas”, debido a que las que recibe el país oscilan entre 300 y 350 millones de dólares, añadió Díaz.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) se refirió al respecto, señalando su gran preocupación, por medio de un comunicado.

“El argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones. Esta medida debilita la confianza en los compromisos internacionales de Colombia y aumenta la incertidumbre para la inversión”, aseguró Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

Esta decisión materializa los riesgos que la ACM ha venido advirtiendo al país, al ser una medida inconstitucional e ilegal, sostienen. El TLC con Israel “prohíbe expresamente la adopción de restricciones o prohibiciones a la importación o exportación de mercancías, salvo en circunstancias excepcionales y comprobadas, como una escasez aguda de bienes esenciales. Este no es el caso. Además, la medida pone en riesgo los Acuerdos de Libre Inversión con Suiza y Estados Unidos que protegen las exportaciones de las compañías de carbón en Colombia”, señala el documento.

La asociación explicó que las exportaciones de carbón térmico a Israel durante 2023 representaron el 5% del total de exportaciones de este mineral, es decir, 447 millones de dólares. Esta cifra es equivalente a la totalidad de las exportaciones de Colombia al Reino Unido, 1,2 veces las exportaciones de rosas y 2,2 veces las de aguacate hass.

“La firma de este Decreto refleja que el Gobierno no tiene en cuenta los comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés, lo cual es preocupante en una democracia que debe fortalecer la participación efectiva”, agregó Niño.

Asimismo, explicaron que esta medida podría significar una reducción de aproximadamente $650.000 millones en impuestos, regalías y contribuciones para el país en términos fiscales. Y que se verían particularmente afectadas La Guajira y el Cesar, debido a que dejarían de percibir más de $100.000 millones.