El plan de inversiones del Presupuesto que antes manejaba Planeación ahora pasará a depender del Ministerio de Hacienda

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A medida que se van conociendo los 25 puntos que contiene el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en sus 1.200 páginas, han quedado al descubierto varias “perlas” que impactarían el manejo económico y la asistencia social en el país. Varios críticos han señalado que el Gobierno aprovecharía este Plan para introducir medidas tributarias que no alcanzó a meter en la Ley de Financiamiento pero que formarán parte de la hoja de ruta del presidente Iván Duque para los próximos cuatro años.

1.- Las inversiones del DNP

Uno de los puntos álgidos es que el PND contempla modificar las inversiones que antes manejaba el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dentro del Presupuesto General y que ahora pasan al Ministerio de Hacienda.

Precisamente 11 ex directores del DNP solicitaron al Gobierno nacional retirar el artículo 35 del PND, que permite al Ministerio de Hacienda el manejo absoluto del Presupuesto General de la Nación.

El documento señala que esta decisión eliminaría uno de los pilares básicos del DNP, como es la coordinación de la inversión pública y la elaboración del presupuesto de inversión.

“El papel que ha tenido el DNP, como brazo técnico de la Presidencia de la República, en la priorización y calidad de los proyectos de inversión, es esencial para la apropiada ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y evaluación de sus resultados”, indica el comunicado.

Para los ex directores, esta tarea no ha impedido que el Ministerio de Hacienda esté a cargo de la presentación del Presupuesto al Congreso de la República y el seguimiento financiero de su ejecución, lo que garantiza un proceso coherente y una unificación que, en cierto sentido, ya existe.

“Algunos de nosotros, incluso, estamos convencidos de que la unificación institucional de la elaboración del presupuesto bien podría realizarse en el DNP, por el profundo conocimiento sectorial de sus unidades técnicas especializadas”, señala el documento.

Cabe señalar que la magnitud del presupuesto de inversión siempre es acordada entre el Ministerio y el DNP, los recursos finalmente son asignados por Planeación teniendo en cuenta las prioridades contempladas en el Plan de Desarrollo o por el Conpes.

Los firmantes de la misiva son: María Mercedes Cuellar, Juan Carlos Echeverry, Simón Gaviria, Hernando José Gómez, Cecilia López, Luis Fernando Mejía, Armando Montenegro, Santiago Montenegro, José Antonio Ocampo, Esteban Piedrahíta y César Vallejo.

2.- Facultades presidenciales

Otro de los puntos criticados es el que contempla el artículo 181, que otorga facultades extradordinarias al Presidente de la República para crear o eliminar nuevas entidades públicas, así como cargos en el Estado.

La representante a la Cámara Norma Hurtado, quien hace parte de La U, uno de los partidos de gobierno, afirmó que el Ejecutivo nacional debe “especificar y soportar con estudios técnicos las entidades que proyecta crear o modificar, el Congreso no puede entregar al presidente Duque un cheque en blanco para reformar la administración central y sus entidades descentralizadas”.

Sobre el tema también se pronunció el representante a la Cámara David Racero, quien manifestó que “en el artículo 181 se establecen facultades extraordinarias para que el presidente Duque cree empleos y organismos, negando el artículo 150 de la Constitución, numeral 7 y 10 que establece que la aprobación es de parte del Congreso de la República, y se preguntó: “¿dónde queda lo del Estado Austero? ¿Puestos para más mermelada?”.

3.- Subsidios a la energía

En este mismo sentido, otra de las medidas que contempla el PND es la afectación de los subsidios para los estratos uno, dos y tres. Según el contenido del Plan, “en ningún caso el subsidio será superior al 40% del costo medio del suministro para el estrato dos, ni superior a 50% de este para el estrato uno”, manifiesta el artículo 179 de la iniciativa.

Asimismo, el planteamiento es eliminar totalmente el subsidio para el estrato tres. De acuerdo a lo dicho por el senador de Partido Conservador Efraín Cepeda en un Twitter, “en el PND se eliminan los subsidios de energía y gas para estrato tres (incrementa facturas en 18%) y reducen subsidios: estrato dos del 50% al 40%, y estrato uno del 60% al 50%. No podemos permitir este golpe al bolsillo, defenderemos estos subsidios con criterio de equidad”.

La eliminación de estos alivios podría generar un incremento en las tarifas del orden del 18%, estimó el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, José Camilo Manzur.

Por ello, estimó que se estudie la posibilidad que el desmonte sea gradual para no afectar el bolsillo de cerca de 2.800.000 usuarios que se benefician con esta ayuda.

De acuerdo con Manzur el efecto fiscal de esta medida sería un ahorro del orden de los $300.000 millones, porque su impacto es para el 20% de la población.

Explicó que los subsidios de energía para los estratos uno, dos y tres tienen un costo de $3.1 billones anualmente.

Rafael Puyana dijo que es necesario tomar esa medida debido a la escasez de recursos.

4.- Recursos para paz

De otro lado, el Gobierno no incluyó en el proyecto del PND el programa de inversiones para garantizar la implementación de los Acuerdos de Paz. Así lo denunció la representante Juanita Goebertus.

La congresista afirma que una reforma constitucional aprobada en 2016, obliga al Estado colombiano a garantizar el plan plurianual de inversiones para la Paz durante los próximos 20 años y este Gobierno no lo estaría cumpliendo.

“Vemos con mucha preocupación que en el artículo que contempla el plan plurianual de inversiones no se incluye la obligación de establecer la sección específica para garantizar la implementación de la Paz, que además contenga recursos adicionales”, indicó Goebertus. 

5.- Registro mercantil

De otra parte el empresario Mario Hernández dice que advirtió una evidente contradicción entre el Conpes y el Plan de Desarrollo en lo que tiene que ver con el cobro por la renovación del registro mercantil.

Señala que mientras el Consejo Nacional de Política Económica y Social considera que este cobro es inconveniente y que fue eliminado en otros países de la región, en Colombia se mantiene y se constituye además en una carga para los pequeños empresarios.

“Al pequeño empresario lo estamos ahogando porque si no se puede registrar en la Cámara de Comercio porque no pagó unas cuotas, entonces queda prácticamente inhabilitado; no tiene créditos, no tiene absolutamente nada; estamos es acabando con el pequeño empresario, fuera de eso”, dijo.