Con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, la Secretaría Distrital del Hábitat amplió hasta el 30 de junio de 2020, el plazo que tenían los arrendadores, enajenadores y organizaciones populares de vivienda, OPV, para presentar sus informes de actividades y estados financieros de 2019. 

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno Nacional extendiera la medida de aislamiento preventivo obligatorio, hasta el próximo 11 de mayo. Es importante resaltar que a la fecha están ante la Secretaría del Hábitat 2.545 arrendadores y 1.814 enajenadores. Por su parte, el nuevo plazo para presentación de informes de actividades, los balances generales y estados financieros es hasta el 30 de junio de 2020.

Esta obligación legal la deberán cumplir anualmente las personas naturales o jurídicas que celebren cinco o más contratos de arrendamiento, o aquellas que comercializan más de cinco inmuebles y que además cuentan con  matrícula y registro ante la Secretaría del Hábitat.  

“Queremos informarle a todos los arrendadores, enajenadores y organizaciones populares de vivienda, en el marco de la emergencia sanitaria definimos, desde la Secretaría, extender el plazo hasta el 30 de junio para entregar el informe de actividades y el balance financiero del 2019. Esto lo hacemos con el fin de mantenernos seguros y protegidos en el marco de esta emergencia”, precisó la secretaría Distrital del Hábitat, Nadya Rangel.  

Sin embargo, ante la contingencia de salud por la que atraviesa el país, la entidad suspende los términos previstos en el artículo 31 de la Resolución 1513 de 2015. Con corte a 31 de diciembre de 2019, se encuentran activos 2.545 arrendadores con matrícula y 1.814 enajenadores con registro, quienes deben cumplir con el mencionado compromiso.

En 2019, la Secretaría del Hábitat, en ejercicio de sus facultades de control de vivienda, impuso a arrendadores más de 400 sanciones y 309 a enajenadores. Quienes incumplan podrían enfrentar multas entre uno 1 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.