EL MINISTERIO de Minas y Energía confirmó, a través de un comunicado, que el Ministerio de Hacienda habilitó los recursos para el pago de saldos pendientes de subsidios de energía eléctrica a las zonas no interconectadas del país.
De acuerdo con la información de la entidad, los recursos ascienden a los $184.000 millones, que serán girados a las respectivas empresas que prestan el servicio de energía eléctrica, dentro de los que se encuentran $6.257 millones correspondientes a Electrovichada.
Añade el comunicado, que debido a esto a partir del martes 7 de enero se debe normalizar el servicio de energía en Puerto Carreño (Vichada).
Luego se señala, que desde el Ministerio de Minas y Energía se encuentran en desarrollo medidas estructurales que permitan garantizar la correcta prestación del servicio en el departamento, así como un proceso de modernización y transición energética con el fin de sustituir el uso de combustibles fósiles en la generación de energía, lo cual incluye la implementación de soluciones fotovoltaícas.
Vale recordar que el pasado 3 de enero, la capital del Vichada permaneció sin suministro de energía por más de 24 horas, lo que afectó a más de 40.000 habitantes de la región.
Todo es debido a que la empresa distribuidora de combustibles Terpel suspendió el despacho de diésel con ocasión a una deuda acumulada de $4.600 millones, mientras que Refoenergy Bita S.A.S E.S.P. encargada de generar energía a partir de biomasa, detuvo sus operaciones por falta de recursos.
Refoenergy Bita S.A.S comunicó a su vez, que el municipio estaba a oscuras por una deuda que asciende a los 1.600 millones de pesos, pues desde abril de 2024, el Gobierno no hacía el desembolso de los pagos correspondientes a las empresas que prestan el servicio eléctrico.
El mismo ministro de Energía, Andrés Camacho, reconoció a través de su cuenta de X que “existe un problema estructural en las finanzas de la empresa que es fundamental atender y que exige un proceso de modernización para poner a dicha empresa (cuya propiedad mayoritaria y, por tanto, responsabilidad es del departamento) en función de la transición energética justa para la región”.
Luego el alto funcionario escribió: “La empresa tiene una fuerte dependencia con generación de energía diésel, por una parte, y un contrato con una empresa que por diferentes motivos ha presentado problemas en el abastecimiento en otras oportunidades”.
La obligación del Gobierno
Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) le dijo a Caracol Radio que por meses se habían pronunciado al respecto, por medio de cartas, aclarando que esa situación iba a suceder, por lo que lo señaló, como una “muerte anunciada”.
“El Gobierno tiene una obligación de entregar los subsidios. Esto no es un favor que le están haciendo a las empresas, y más a las públicas, porque este es el compromiso que se dio con la ley 142 y 143, donde ya se entregaron esos subsidios a los usuarios, y el gobierno tiene que devolverles a las empresas para que no vayan a tener un detrimento financiero”, agregó Sánchez.
Así mismo, el presidente de Andesco, sostuvo que “el presidente Petro se había comprometido a entregar la opción tarifaria y los subsidios, los cuales son fundamental para la costa atlántica y para el país, y hasta la fecha se sigue juzgando que no se entregó y le siguen echando la culpa a la reforma tributaria”.
Por último, Sánchez advirtió que lo que pasó en el Vichada puede pasar en otras regiones del país y que varias empresas de energía en el Chocó, el Putumayo y el Huila están pidiendo a gritos que les entreguen los recursos.
Esto coincide con la solicitud que hicieron varios gremios a través de un comunicado donde hacen un llamado de urgencia por la crisis financiera que viene atravesando esta industria y el riesgo latente de que la prestación del servicio se pueda ver afectada.
En el documento advierten que, de no cumplirse con el pago de los subsidios, esto implicará incrementos de la factura que pueden llegar a ser, en el caso más extremo, hasta del 150% o inclusive escalar hasta cortes del servicio, como ya ocurrió en Puerto Carreño.