Gobierno insiste en redistribución de partidas en el SGP

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Varios senadores y representantes han manifestado su inconformismo al Gobierno nacional por  la manera como se viene aplicando el Sistema General de Participaciones.

Los senadores Senén Niño, del Polo Democrático, Jorge Prieto y Antonio Navarro, de la Alianza Verde, y Guillermo Santos, del Partido Liberal, estuvieron de acuerdo en el sentido que el sistema actual de participación le está causando mucho daño a las regiones puesto que no llena las necesidades sociales, de salud, de educación, de agua potable y desarrollo sostenible que se requieren para el verdadero desarrollo del pueblo colombiano.

Niño argumentó que es preocupante la situación de las participaciones de las entidades territoriales, que por primera vez desde que se creó el sistema de transferencias, en lugar de crecer, han bajado por lo menos en un 3% en términos reales; y la fuente más importante de recursos para un gran número de entidades territoriales, corresponde a las transferencias por el sistema general de participaciones, y su importancia radica en la destinación que se le dé a estos recursos.

Educación y paz

Frente a este panorama los congresistas presentes y otros que no pudieron asistir se unieron en un frente amplio por la “educación, los derechos y la paz”, quienes han asumido el inicio de la discusión sobre la necesidad de una reforma constitucional que garantice los recursos de los sectores afectados.

En el mismo sentido, los congresistas y varios participantes a la audiencia coincidieron en manifestar su inconformismo por el mal manejo de los recursos por parte del Estado, el incumplimiento de los acuerdos y pactos firmados  con diferentes sectores, campesinos, Indígenas, transporte y  maestros, entre otros. A la vez hicieron un llamado a la ciudadanía para que se apropie y acompañe esta propuesta de reforma constitucional, porque los espacios olvidados por el ciudadano son ocupados por la corrupción.

Por otra parte el senador Prieto fue enfático en aclarar que participación no es una transferencia, es la participación social de los recursos públicos que son gastos obligatorios del Estado para garantizar los derechos sociales.

Los delegados del Estado como el Departamento Nacional de Planeación manifestaron que se está trabajando en varios frentes para mejorar el sistema y así solucionar las falencias presentadas.

Sin embargo, la noticia con un pronunciamiento del Ministerio de Hacienda donde aduce que se necesita es una redistribución de los recursos y no una reforma constitucional, fue rechazada por el Congreso.

Posición del Gobierno

“Un proyecto de Ley que modifique la forma como se distribuyen esos recursos, no al tamaño total que está dictado por la Constitución, pero sí a la forma como se distribuyen los recursos en educación, salud, agua potable, ahorro en el Fonpet, resguardos indígenas”, indicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Agregó que “esta será una reforma que buscará que haya más recursos para el aseguramiento en salud de los colombianos en el régimen subsidiado, para la matrícula de los estudiantes, para que podamos cubrir más niños en el programa de Jornada Única y sobre todo para poder atender las necesidades de pago de los salarios de los docentes”.

Según Cárdenas, los recursos del SGP en 2017, alcanzan los $38 billones, los cuales, ha permitido realizar una política social exitosa en Colombia.

“Del SGP se paga la nómina de maestros, una parte de la alimentación escolar, los subsidios a los servicios de agua potable, el régimen subsidiado de salud, entre otros programas sociales. De manera que son recursos muy importantes para colombianos con grandes necesidades y esa es una de las conclusiones de la Contraloría, que los recursos están bien focalizados”, aseguró el funcionario.

El Ministro de Hacienda destacó que entre los cambios que se proponga al SGP, se debe buscar que los recursos transferidos lleguen a los usuarios finales (niños y afiliados) y no se diluyan en gastos administrativos del aparato del sistema de salud y educación. Para ello, se deberá buscar un mecanismo de asignación y uso eficiente de los recursos que garanticen un aumento en las coberturas en educación y salud.