Entre los congresistas parece existir consenso en que la clave de la reactivación productiva, luego de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, es la protección del ingreso de los trabajadores.

En cambio no hay acuerdo (como era de esperarse, pues militan en vertientes políticas distintas) en la manera de lograr ese objetivo.

Y claro, los análisis empiezan con lo que ha hecho hasta el momento el Gobierno, pues de allí se desprenden las propuestas.

Así, por ejemplo, para la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, tras dos meses de confinamiento “Colombia brilla en la región, una vez más gracias al acierto en las decisiones de un Gobierno serio como el que lidera el presidente Iván Duque, y por supuesto a la tenacidad del pueblo colombiano”.

Desde el punto de vista de Guerra, el Gobierno “ha sido prudente y asertivo en las medidas que ha implementado para responder a la crisis originada por la pandemia”.

Como es normal que un legislador de la bancada oficialista pondere el accionar del Ejecutivo, es preciso señalar que esa opinión es compartida por parlamentarios independientes, como es el caso del presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, John Jairo Roldán, del Partido Liberal, para quien el presidente Duque “ha jugado un papel fundamental para que la crisis que estamos viviendo, esté siendo bien manejada. Sus decisiones, aunque difíciles, han sido las correctas y por eso las hemos apoyado”.

Por supuesto, no falta quien piense diferente. El senador Israel Zúñiga (Benkos Biohó), del partido Farc, consideró que el Gobierno le entregó la tarea de preservar los empleos “a un sector como el financiero que solo piensa en las ganancias. No sabemos hasta dónde aguantará el sector productivo y hasta dónde aguantarán las familias. En este contexto hay que ver si los bancos van a atacar el patrimonio de los colombianos o si podemos buscar medidas para que el Estado garantice que haya una estabilidad económica”.

En el Polo Democrático, el senador Alexander López calificó las medidas del Gobierno como “tardías e inequitativas”, considerándolas como “regalos al sector financiero y las más grandes empresas”.

Frente a las descalificaciones, la senadora Guerra expresó que “es muy fácil para quienes no tienen la gran y maratónica responsabilidad de dirigir un país, criticar y tratar de destruir lo que con tanto esfuerzo se planea y ejecuta para mantener a salvo a los ciudadanos”.

Sin manual

“Lo que vivimos es nuevo para Colombia y para el mundo entero. No hay un manual para mitigar la crisis y garantizar que todas las decisiones serán acertadas”, puntualizó la senadora Guerra.

Su copartidario Nicolás Pérez, de la Comisión Cuarta del Senado, señaló que el camino para cuidar el ingreso es “proteger a las pequeñas y medianas empresas”, argumentando que “estas son las responsables del 80% de los empleos creados en el país y de la generación del 35% del PIB”.

En esa ruta Efraín Cepeda, vocero del Partido Conservador en el Senado, recordó la propuesta de su bancada para que se subsidien las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas, advirtiendo que este es “el único mecanismo para preservar el empleo de miles de colombianos, ya que como lo hemos venido denunciando públicamente, la posibilidad de acceso a crédito es baja y para muchos inexistente debido a la reticencia de los bancos a la hora de aprobarlos”.

Reiteró Cepeda que se hace urgente “no permitir que el sector productivo ahonde su crisis, cuando todos sabemos que su supervivencia será fundamental para la recuperación económica de nuestro país”.

La propuesta liberal apunta en la misma dirección. Según el representante Roldán, “el apoyo directo, mediante el subsidio a las Mipymes, debe ser un propósito inmediato del Gobierno”, entendiendo que “no puede ser ningún tipo de crédito que haga que la vida de las Mipymes empeore en un tiempo. No. Este apoyo tiene que ser un subsidio”, que “tiene que ser para que todas las Mipymes puedan cancelar sus nóminas”.

Sin embargo, hay un sector del Congreso (54 senadores de nueve partidos) que están impulsando la llamada renta básica.

El senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, explicó que esa renta básica “alcanzaría cerca de nueve millones de hogares de población pobre y vulnerable”

“Es importante señalar que la propuesta central para el caso de hogares pobres y vulnerables es una renta básica de emergencia de un salario mínimo por tres meses, tanto para los tres millones de hogares vulnerables como para los hogares en pobreza y pobreza extrema, población cercana a 3,8 millones de hogares”, precisó Marulanda.

Recursos

Esta propuesta se financiaría con impuestos, lo que no es bien visto por otros sectores parlamentarios. El senador Pérez, por ejemplo, es de la opinión que “no es momento de aumentar impuestos a las empresas. Contrario a lo que algunos proponen, tal acción profundizaría aún más la crisis y las posibilidades de generación de nuevas plazas de trabajo”.

Para Pérez, “la respuesta está en la inversión pública” porque en épocas de vacas flacas, como la que empieza “se debe aumentar la inversión estatal, de tal manera que se controle al máximo el impacto de la recesión”.

Al margen, algunos congresistas lamentan que en la tarea no esté ayudando el sector financiero. El senador Juan Felipe Lemos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), planteó que “las pequeñas y medianas empresas son el 95% de las que existen en el país y son esas pequeñas y medianas empresas las que están siendo golpeadas por la pandemia y por la falta de préstamos por parte del sector bancario. El sistema financiero no está siendo solidario con el país”.

También, el senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, expuso que “el Congreso pide que el sector financiero apoye al sector productivo para hacer posible que la economía sobreviva”.