YA NO son rumores. Cada día y desde distintos sectores aumentan las voces advirtiendo sobre la crisis energética del país que puede llevar, eventualmente, a posibles racionamientos con un servicio que aumenta de tarifas casi todos los meses en todo el país.

Además del freno a la exploración de Uchuva 2, que podría abastecer durante 11 años las necesidades del país, se añade que el Gobierno no ha apropiado los recursos al plan piloto de subsidios al gas propano de cilindros, con lo que más de millón de personas de estratos 1 y 2 dejarían de recibir estos alivios y se les subirían los costos de las bombonas.

En medio de este panorama, Andeg señala que el impuesto al carbono contemplado en la reforma tributaria generaría un aumento de las tarifas de electricidad en Colombia, para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Sin embargo, parece que el Gobierno todavía no se repone con respecto al fallo la semana pasada del Juzgado Cuarto Laboral del Distrito Judicial de Santa Marta que ordenó a Ecopetrol, el Ministerio de Minas y Energía y Petrobras, suspender la exploración del pozo Uchuva 2, hasta que se realice una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga.

De nada han valido los cuestionamientos el pedido de la ANLA ni de Ecopetrol y el Ministerio de Minas, para que la decisión judicial se levante, agravando con ello la situación de las reservas de gas del país.

Más advertencias

La coyuntura por la que pasa el país respecto al gas, fue advertida esta semana por Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, quien destacó en los medios la urgencia de implementar soluciones que permitan evitar una crisis energética que impactaría tanto a los sectores industriales como a los hogares colombianos.

Ortega señaló que Colombia ha perdido su autosuficiencia en gas, lo que ha generado un panorama incierto para los consumidores: “tenemos escasez, todo el país lo sabe”, afirmó. A pesar de la demanda creciente, no se han presentado suficientes ofertas de gas para suplir la necesidad interna, lo que ha creado un desequilibrio preocupante en el suministro. Además, algunos actores en el mercado han vendido gas que no tienen, exacerbando la crisis.

También expresó su preocupación por la falta de claridad en las reglas para la importación de gas. Aunque el Gobierno ha discutido la necesidad de importar este recurso, no existe aún un marco regulatorio claro. “Nada está organizado aún”, comentó Ortega, subrayando que se necesita un proceso de agregación de demanda y una definición clara de cómo se manejará la regasificación y el acceso al gas importado.

Este vacío regulatorio podría abrir la puerta a la especulación, ya que, según Ortega, algunos podrían aprovechar la escasez de gas para inflar los precios, lo que afectaría directamente a los consumidores.

Los embalses

Por otra parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, alertó por los bajos niveles de los embalses debido a la escasez de lluvias. Gutiérrez expresó su preocupación de que en 2026 se pueda enfrentar una simultánea escasez de gas y electricidad, instando al Gobierno a tomar medidas al respecto.

“En Colombia, todos los diciembres tenemos un verano eléctrico y la idea es poder llenar los embalses durante esta época para afrontar la sequía de diciembre hasta abril del próximo año. Hoy tenemos que levantar las primeras alarmas, y es que no nos están llenando los embalses a la velocidad que se deberían estar llenando”, afirmó Gutiérrez.

Asimismo, la presidenta de Acolgen también mencionó que los análisis de XM, la UPME y la Universidad Nacional indican que podría haber deficiencia de energía en firme en 2026 y 2027. “Necesitamos que el Gobierno saque las subastas de energía lo más pronto posible. Necesitamos que la CREG y el Ministerio de Minas trabajen en toda la regulación que hay que sacar y que den la señal de expansión para que nosotros, los generadores de energía, podamos ampliar el parque generador”, añadió.

En cuanto a las tarifas de energía, Gutiérrez explicó que “los precios de bolsa no inciden, sino entre un 5 y un 7% en la tarifa de todos los colombianos. El mecanismo de la bolsa es necesario porque es el mecanismo de escasez; cuando no tenemos agua, tenemos que prender las térmicas para ahorrar agua”.

Hizo un llamado a la modernización del mercado energético, donde el usuario final se vuelva activo en la cadena y tome decisiones de cómo utiliza la energía en sus hogares. “Claro que tenemos que crecer en consumo de energía, pero hay que hacerlo de manera eficiente”, concluyó Gutiérrez.

Más impuestos

Como si esto no fuera suficiente, en las últimas horas le surgió otro palo en la rueda. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, expuso a este Diario la preocupación que hay en el sector al advertir que con la llamada ‘Ley de Financiamiento’ del Gobierno Petro, donde se plantea modificar el impuesto al carbono, se terminaría generando un aumento en las tarifas de energía para los consumidores finales.

Andeg, aseguró que la Ley de Financiamiento es una nueva reforma tributaria y que está modificaría la Ley 1819 de 2016, que a su vez, ya había sido modificada por la Ley 2277 de 2022, haciendo que “haya un incremento en el valor con el que se gravan los combustibles fósiles, lo que de manera alarmante aumenta la cifra correspondiente para el carbón”, afirmando así, que este panorama simplemente “conllevaría a un alza de precios en la generación de energía que se verá reflejada en las facturas de los usuarios finales de electricidad en el país”.

Castañeda aseguró que “dado que se presentará un incremento en la tarifa de energía eléctrica del orden de $80 por kilovatio-hora, esto representará un impacto sobre la demanda eléctrica cercano a los 4,5 billones de pesos/año. También se impactará el empleo de la pequeña minería asociada al carbón”.

Señala que “el impuesto al carbono generaría un aumento de las tarifas de electricidad en Colombia para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como en el ya deficitario fondo de subsidios del sector eléctrico, y se incrementaría la apropiación anual del Gobierno nacional en el presupuesto en cerca de $1 billón para financiar los subsidios que otorga el Estado a los usuarios de menores ingresos”.

¿Qué pasó con los subsidios al gas?

El presidente de la Asociación Colombiana del GLP (GasNova), Alejandro Martínez Villegas, dijo que no están apropiados los recursos que debe asignar el Ministerio de Hacienda, al Plan Piloto de Subsidios al Gas LP (gas propano en cilindros), que se otorgan a más de 1 millón de personas de los estratos 1 y 2 en seis departamentos del país: Nariño, Putumayo, el macizo colombiano del Cauca, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas.

“Estamos preocupados porque no se incluyeron en el Presupuesto General de la Nación de 2024 los recursos correspondientes a los subsidios de agosto a diciembre, por valor de $45.000 millones. Esto genera dudas sobre la continuidad de este beneficio, otorgado a los hogares más pobres de los 6 departamentos que reciben este subsidio”, indicó Martínez.

Sostuvo que “este subsidio tiene un fuerte impacto social, ya que evita que los hogares más necesitados se vean obligados a pasarse a la leña, combustible altamente contaminante, que ocasiona graves enfermedades respiratorias, principalmente en mujeres y niños que permanecen en las cocinas”.