Hay consenso en el país respecto a que hoy se requiere de una reforma tributaria para lograr recursos que permitan atender el alto endeudamiento en que ha incurrido y atender, también, el impacto de la pandemia en todos los sectores de la economía nacional. Sin embargo, y una vez se ha conocido el articulado que ya fue radicado en el Congreso por el Gobierno, surgen voces discordantes de los sectores que se ven afectados o que por su posición política consideran que el proyecto es muy ambicioso, pero de igual forma hay posturas a favor.
Tal vez uno de los objetivos que nadie discute son las ayudas sociales a las poblaciones más vulnerables. Según lo planteado por el Gobierno en el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, las familias que se encuentren en pobreza extrema tendrán una ayuda entre los $80.000 y $366.101, mientras que las familias en pobreza recibirán entre $80.000 y $252.142.
Este proyecto que busca recursos para afrontar las secuelas que ha dejado la pandemia, plantea un fortalecimiento y focalización de las ayudas sociales del país, por ello una de las novedades que trae consigo es que el Ingreso Solidario pasará a ser una renta básica permanente, para contribuir a la disminución de la pobreza.
Motivos
Al respecto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo en la exposición de motivos que “este proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible es el primer y más importante paso que tiene que dar el país en el camino de la pospandemia que está iniciando, pues el Estado no puede permitir que más personas caigan en la pobreza y la pobreza extrema sin tomar medidas urgentes y necesarias”.
Indicó que “este proyecto viene acompañado de un gran componente social que busca la permanencia del Programa Ingreso Solidario que ampliará el monto y cubrirá a los hogares en situación de pobreza, que son aproximadamente 4,7 millones. Así mismo, la compensación del IVA llegará a toda la población vulnerable con una transferencia de $50 mil mensuales, con lo que se pasa de cubrir al 20% de la población a cerca del 40%”.
Sostuvo el ministro Carrasquilla, que “complementando las transferencias sociales, también se busca incentivar el ingreso a la educación superior pública subsidiando hasta el 100% de la matrícula de estudiantes en condición de vulnerabilidad. En esa transición, también se busca impulsar la generación de empleos para aquellos grupos con alta incidencia del desempleo, como ocurre para los jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores sin pensión y aprendices del SENA”.
Esfuerzo
Sobre esta iniciativa el exviceministro de Hacienda y analista económico, Andrés Escobar, indicó que el Ministerio de Hacienda hizo un esfuerzo muy valiente por meterse con todos los problemas del estatuto tributario.
"En cuanto a la estructura le pondría 8.5 sobre 10, porque es un esfuerzo muy valiente por parte del Ministerio de Hacienda, en meterse con todos los problemas del estatuto tributario colombiano. Sabemos que será difícil la discusión en el Congreso, pero el Ministerio hizo la tarea", explicó.
El experto indicó que, en parte, ese dinero proviene de muchas personas que generan ingresos y no están pagando impuestos. "Es parcialmente cierto que se están metiendo con la clase media, pero también creo que esto va a tener que ir al Congreso en todas las discusiones y es cómo se distribuye el dolor de los impuestos. Nosotros tenemos una base tributaria muy limitada en Colombia, hay cerca de 26 millones de personas que reciben ingresos, pero solo el 7% u el 8% presentan una declaración de renta", dijo.
Agregó que "si uno pasa de ese porcentaje sin necesidad de pagar a un número mayor, todavía queda más del 80% sin presentar declaración de renta. No creo que se le esté dando palo a la clase media, está entrando una gente que debería pagar impuestos en el país".
Explicó que "tampoco entiendo por qué hay un tratamiento tributario preferencial a las mega inversiones; una inversión que haga una persona que quiere montar una empresa pequeña o mediana ¿por qué debe tener un tratamiento tributario más gravoso que el que hace una mega inversión en el país? Yo sé que el objetivo es atraer inversión en Colombia, pero debe ser más plano en ese sentido”.
Correcciones
Por su parte Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, indicó que era indudable la necesidad de hacer correcciones al IVA, con una cantidad de bienes y servicios que no pagan IVA, lo cual es atípico frente a otros países del mundo. Frente al argumento del Gobierno de que al gravar insumos y alimentos (que ya no tendrían devolución del IVA) no se afectaría a la población más pobre, dijo que “tiene razón en el sentido de una mayor compensación del IVA, se le entregarían $50.000 mensuales al 40% prácticamente de los hogares en el país”.
Sin embargo, manifestó que rechazan pasar bienes exentos a excluidos. A pesar de que no haya este impacto a los pobres, “seguramente algo de impacto va a haber en los deciles de la mitad de la distribución del ingreso y en la clase de media”.
Frente a si la reforma tributaria radicada es ambiciosa al pretender un recaudo de $23 billones, y no menor como lo ha expresado la ANDI, resaltó que están de acuerdo con el Gobierno en el monto, debido a que “los cálculos de Fedesarrollo coinciden. El tamaño del hueco fiscal de mediano plazo, que arrancaría a partir de 2022, es cercano a los $20 billones. Un llamado al sentido de la responsabilidad porque se tendrán que tomar decisiones difíciles”.
Mientras tanto, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, indicó que “el Gobierno ha venido diciendo que se necesitan fuentes tradicionales de ingreso para reducir el déficit fiscal, y eso es cierto, pero no todo esto se debe a la pandemia. No es la única razón de nuestra situación, un argumento es que este mismo Gobierno en 2018 hizo grandes recortes de impuestos a las empresas de cerca de $9 billones, y en este momento, tuviéramos pandemia o no, el Gobierno ya habría estado buscando cómo tapar ese hueco”.
En esa misma línea cuestionó si la discusión en "poner más IVA, un impuesto más alto al consumo, poner impuesto de renta a nuevos contribuyentes antes que a los dueños de los grandes grupos empresariales del país, es lo conveniente en medio de la crisis económica del país”.
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Impacto
Al mismo tiempo, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, manifestó su preocupación, no solo por algunas medidas contempladas en la reforma, sino por el momento coyuntural que vive el país por cuenta de la pandemia y las restricciones que aún no se acaban y que por el contrario se han agudizado en las últimas semanas causando graves estragos al comercio organizado y al empleo del país.
Entendemos que el Gobierno necesita recursos para lograr equilibrio fiscal y financiar los proyectos sociales, pero en principio nos preocupa la magnitud del proyecto presentado y las implicaciones que tendrá para la clase trabajadora y las familias colombianas. Esperábamos esfuerzos más contundentes en la austeridad del gasto y en la reducción del tamaño del Estado”, afirmó Cabal.
Manifestó que “el proyecto de 163 artículos y de tanta complejidad tiene tanto de ancho como de largo. Es fuerte, ambicioso y hay que digerirlo cuidadosamente para poder expresar una opinión más detallada y seguramente propositiva, para lo cual es fundamental que el Gobierno les abra un espacio a los gremios en la discusión”, concluyó Cabal.
De otro lado, desde el sector de los agricultores, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, dijo que la reforma “es indolente con cientos y miles de productores que le han cumplido a Colombia garantizando la seguridad alimentaria durante esta pandemia y vulnera la buena alimentación y nutrición de millones de hogares en todo el territorio colombiano”.
Bedoya precisó que “el productor nacional va a tener unos costos mayores por el IVA en los insumos y cuyos IVA no existen en los costos de producción, de quienes nos importan estos productos de Estados Unidos y Ecuador. Entonces queda en desventaja el productor nacional”.
En ese sentido, aunque se mantienen excluidas las partidas de agroinsumos referentes a los productos fertilizantes y las materias primas para la producción de los fertilizantes y plaguicidas, el proyecto impone un impuesto al consumo de todos los plaguicidas, cuyo hecho generador es la venta al consumidor final o el retiro para consumo propio.
Además, deja de estar excluida toda la maquinaria agrícola para cosecha y postcosecha, los sistemas de riego, tractores de uso agropecuario, entre otros.
Finalmente, cambian de régimen todas las proteínas animales de consumo como las carnes de res, cerdo, pescado, pollo, la leche y nata, el queso fresco, los huevos, el arroz. También las fórmulas lácteas para niños de hasta un año y todas las preparaciones infantiles a base de leche.
La demanda
Por su parte, la experta tributarista Margarita Salas, Asóciate Parte de Impuestos de EY Colombia, indicó que “en cuanto al aumento que se plantea en el costo de algunos alimentos, el IVA que se pague en la cadena se convertirá en mayor valor del costo o del gasto. Este aumento en el costo del bien podría ser trasladado por el productor al resto de la cadena, y como efecto, al consumidor final. Si esto ocurre va a depender de la elasticidad de la demanda; es decir si el consumidor estaría dispuesto a pagar el mayor valor del bien después del aumento de su precio por el efecto antes explicado”.
En este mismo sentido, la tributarista Ángela González, de EY Colombia, sostuvo que “de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Hacienda, de los $23.4 billones que pretenden recaudarse, $17 billones provendrían del pago de impuestos por parte de las personas naturales; esto es, más del 70% del objetivo a recaudar. Esto deja entrever el impacto económico que los ciudadanos tendrían”.
Señaló que “buena parte de ese impacto se sentiría en los empleados, quienes por primera vez pagarían impuesto de renta sobre las cesantías que reciban o que su empleador consigne al respectivo fondo de cesantías. Actualmente, las cesantías son un ingreso tributario, pero tienen una exención importante”.
Puntualizó la experta que “se eliminarían beneficios que aplican para disminuir el impuesto, como los asociados a aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas de ahorro para el fomento a la construcción (AFC), intereses por pagos de créditos para adquisición de vivienda, intereses sobre préstamos educativos del Icetex, pagos a pólizas o planes de salud y deducción por dependientes económicos”.
Las empresas
De otro lado, la experta Jenny Saldarriaga, fundadora y CEO de Mundial de Contadores y candidata a Magíster en Contabilidad Internacional y de gestión de la Universidad de Medellín, explicó que “en el Impuesto de renta a personas jurídicas, se propone para las pymes el 24% , que ayudaría a las empresas en Colombia por lo menos a tener un flujo de caja, el impuesto de industria y comercio se descontará solo el 50%, entonces creo que las empresas que no estén bajo el régimen simple de tributación estarían en desigualdad con las que lo están, al eliminar la deducción por contratación de adultos mayores y menores de 28 años como primer empleo”.
Indicó que “la perla es la eliminación a partir 2023 de la economía naranja, ¿y las empresas que se habían proyectado durante los 7 años a exención de renta, que ya hicieron inversiones, que contrataron empleados nuevos, qué pasará?”.
Manifestó la contadora que “para las personas que pagamos impuestos justos y juiciosos entramos en desacuerdos con el impuesto de normalización tributaria que se cobrará el 17%, y como para cerrar con broche de oro el caso del IVA, creo que las constructoras en el país que construyen viviendas VIS lo hacen para la devolución del IVA, cosa que con la reforma no se podrá hacer, porque se eliminará este beneficio”.
¿Y el Centro Democrático qué?
El partido Centro Democrático señaló que respalda la política social que incluye el texto, con programas como el Ingreso Solidario y la gratuidad en la universidad pública para los estratos 1, 2 y 3.
Sin embargo, la colectividad mostró algunos reparos en materia de impuestos. El texto radicado plantea la posibilidad de un IVA en los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6, pero el partido de gobierno está planteando que no se haga. “Servicios públicos. Sugerimos eliminar el IVA a todos los estratos”.
Además, mostraron diferencias frente a lo llevado por el gobierno en materia de pensiones. Mientras que la administración del presidente Iván Duque plantea que las pensiones superiores a $7 millones sean gravadas, el Centro Democrático propone que se haga a partir de $14 millones. “En impuestos a las mega pensiones, insistiremos en que solo se cobre a las subsidiadas de más de $14 millones mensuales”, señaló la colectividad.
Frente a la declaración o pago de renta, el partido de Gobierno señaló que: “está bien que más personas declaren, pero no deben pagar renta quienes ganan menos de $50 millones al año. Para los primeros segmentos la tarifa debe ser simbólica. Revisaremos la gradualidad de los años 2023 en adelante”.
También propusieron que se mantenga, como lo han pedido otros partidos, la sobretasa de impuesto a la renta para los bancos. “Proponemos mantener la sobretasa que hoy aplica a los bancos, ampliándola al sector financiero para dedicar un porcentaje a la inversión de la micro y pequeña empresa”, añadieron.