* Un flagelo delictivo creciente
* Urgen medidas más efectivas
Los robos son, sin duda, el delito de alto impacto más recurrente en Colombia. Las estadísticas del Ministerio de Defensa señalan, por ejemplo, que el año pasado se registraron más de 427 mil casos de hurto común (muy por encima de los 356 mil de 2021), en tanto que en la modalidad de hurto a personas también hubo un incremento, al pasar de 280 mil a 353 mil en el mismo lapso.
Sin embargo, debe advertirse que en materia de robos hay un alto subregistro, ya que muchas víctimas no interponen la respectiva denuncia. Uno de los casos más evidentes de esta circunstancia es lo que pasa con los robos de teléfonos celulares, un flagelo diario en todo el país, en el que no pocas veces los asaltados terminan muertos o gravemente heridos.
De acuerdo con el informe publicado en nuestra edición dominical, en Colombia el año pasado fueron hurtados 815.459 celulares, pero solo 171.251 víctimas acudieron a las autoridades para reportar el delito. Esto implica, entonces, que casi el 80% de los afectados se abstuvieron de denunciar. Las razones que explican este fenómeno van desde la prevención del ciudadano a involucrarse en un proceso penal complejo y de largo plazo, pasando por la creciente percepción de que es poco lo que las autoridades pueden hacer para recuperar su teléfono, y terminando en el temor a que un pleito así puede exponerlo a un eventual cara a cara con el criminal que, incluso si es capturado en flagrancia, en cuestión de días, semanas o meses sale de la cárcel y podría tomar represalias contra su denunciante…
De hecho, la cifra más cercana sobre la dimensión de este delito se deriva de los reportes que hacen los usuarios a las plataformas de sus respectivos operadores de telefonía celular con el fin de bloquear el aparato, anularle todos los servicios y cumplir otros prerrequisitos para adquirir otro dispositivo y reasignarle el número del hurtado.
¿Es imposible detener este flagelo? En la tercera semana de enero cumplió un año de vigencia la Ley de Seguridad Ciudadana, uno de cuyos objetivos primarios era, precisamente, atacar el robo de celulares. Para ello no solo se agravaron las penas a esta clase de delitos, sobre todo cuando se realizan con violencia y armas, sino que además se tomaron medidas para atacar la llamada reincidencia criminal. Es decir, para evitar que los ladrones capturados en flagrancia de manera recurrente vuelvan a las calles al poco tiempo.
Aunque muchos alcaldes y gobernadores se han quejado en el último año de que la Ley no cumplió ese objetivo y hoy continúa el ‘carrusel’ de ladrones de celulares que entran y salen de la cárcel a cada tanto, tanto los fiscales como los jueces replican que sí han aumentado los procesos penales por este delito y cada vez son más restringidas las posibilidades de excarcelación. Las cifras policiales, por ejemplo, señalan que el año pasado la labor de las autoridades permitió la recuperación de 17.441 equipos y hubo 11.316 capturas. Incluso, en reciente entrevista con este Diario el director de Seguridad Ciudadana de la Policía defendió los resultados de la citada Ley y el incremento de detenciones por hurto.
Otros expertos en seguridad urbana señalan que el problema de fondo radica en que si bien autoridades y operadores han adoptado múltiples medidas para inutilizar los teléfonos robados, desmantelar las redes criminales y someter a extinción de dominio los comercios e inmuebles en donde se transan aparatos robados, hay un mercado negro cada vez más grande alrededor de este delito, incluso con ramificaciones internacionales, especialmente con Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Allí son enviados los teléfonos o sus partes para ser reutilizados. Aunque a través de Ameripol e Interpol se ha avanzado en la adopción de políticas trasnacionales para combatir este flagelo, todavía falta un largo camino por recorrer, sobre todo en lo relativo a judicializaciones por hurto, receptación, manipulación y tráfico transnacional de estos dispositivos.
¿Qué hacer, entonces, para disminuir el creciente número de robo de celulares? Esa es la pregunta del millón. Las autoridades policiales y judiciales sostienen que la prioridad es redoblar la operatividad e inteligencia para incrementar capturas, encarcelamientos y desmonte de las estructuras mafiosas. También insisten en aumentar vigilancia humana y tecnológica en los sitios de mayor victimización. Los productores, plataformas y operadores de telefonía celular indican que los aparatos más modernos traen mecanismos cada vez más efectivos para inutilizar los aparatos cuando se reportan como hurtados… Todo ello, en tanto la recomendación a la ciudadanía es la misma: precaución al máximo al utilizar su teléfono en sitios públicos.