- Depurar bases de datos de familias vulnerables
- Prioridad: la máxima articulación institucional
Poner en marcha un plan de contingencia sanitaria en una ciudad del tamaño, complejidad y dimensión poblacional de Bogotá no es nada fácil. De hecho no lo ha sido para ninguna de las grandes metrópolis en todo el mundo, muchas de las cuales han tenido que implantar cuarentenas de distinta dimensión y drasticidad como estrategia principal para contener la escala de contagios y de fallecimientos por el coronavirus Covid-19.
En estas páginas destacamos días atrás que pese a alguna disparidad de ópticas sobre mecanismos y programas puntuales para afrontar la pandemia de Covid-19, la Administración Distrital, la gobernación de Cundinamarca y el Gobierno nacional han logrado articular esfuerzos y complementar sus estrategias no solo en el aspecto prioritario de la preparación del sector salud y los alcances del aislamiento social, sino también en lo referente a los proyectos de asistencia socio-económica a los sectores más vulnerables y de apoyo a las actividades productivas más golpeadas por los efectos de enviar al 95 por ciento de la población a sus casas.
Sin embargo, como ya se advirtió, siendo clave la rapidez para lograr una mayor efectividad en la contención del virus, el tiempo de planificación es muy corto. En realidad, se trata de un ejercicio institucional inédito de grandes proporciones que exige aplicar el plan de contingencia con mucha celeridad e ir corrigiendo sobre la marcha las deficiencias y puntos débiles que se detecten. Según las estimaciones del Distrito, la Gobernación y la Casa de Nariño, lo implementado hasta el momento en el centro del país, que ya completa un mes en cuarentena, ha tenido buenos resultados ya que la curva epidemiológica se ha logrado achatar, ganando un tiempo valioso para mejorar la preparación del sistema de salud de forma tal que no se vea desbordado en caso de un aumento sustancial de los pacientes que requieran hospitalización, sobre todo en unidades de cuidado intensivo. De hecho, es de destacar que el confinamiento se ha cumplido en gran proporción. Es más, frente a lo ocurrido en otras grandes metrópolis, en donde la indisciplina fue la nota predominante, con una costosa factura en materia de tasa de contagios y pérdida de vidas, en la capital del país y el Departamento el acatamiento de la medida ha sido alto, sin que ello implique desconocer recurrentes infracciones y comparendos.
Ahora bien, desde el comienzo de la emergencia se sabía de la dificultad administrativa y logística que implicaría entregar una gran cantidad de mercados y otras ayudas en especie, así como viabilizar el giro de dineros a las personas que hacen parte de los programas de asistencia social gubernamentales. Y más aún, localizar y focalizar a decenas de miles y miles de capitalinos que no hacen parte de esos programas pero que por estar ubicados en los estratos 1 y 2 requieren apoyo urgente en materia alimentaria y de subsidios de distinta índole. De hecho, esa es una dificultad que no sólo se ha evidenciado en Bogotá sino también en todo el país, ya que las bases de datos del Sisbén y de otras plataformas de beneficiarios de los esquemas de apoyo a las familias más pobres tienen algunos vacíos. Fue ello, precisamente, lo que obligó a paralizar por algunos días Ingreso Solidario, el plan lanzado por el Gobierno nacional al amparo del Estado de Emergencia para impactar a más de tres millones de personas de familias vulnerables.
En ese orden de ideas, resultan preocupantes las protestas que se están presentando en algunos sectores de la capital del país por parte de grupos de personas que alegan que no han recibido ningún tipo de ayuda distrital ni nacional. Es urgente movilizar el aparato institucional para asistirlos con mercados, subsidios y los demás apoyos autorizados en el marco de la emergencia sanitaria. Para ello se requiere un trabajo rápido de los gobiernos Duque y López para clarificar las bases de datos de beneficiarios e impactarlos de inmediato. Esa tarea es vital en la medida que evita que personas que no tienen derechos a los apoyos los terminen recibiendo. También neutraliza el riesgo de que asomen afanes politiqueros y oportunistas para sacar partido en medio de la emergencia. Igual es la mejor fórmula para asegurarse del flujo eficiente y transparente de los recursos destinados por la Casa de Nariño y el Palacio Liévano para mitigar el impacto de la crisis sanitaria. Y, por último pero no menos importante, que las ayudas lleguen a quienes las necesitan disminuye el riesgo de incumplimiento de la cuarentena.
Como lo hemos reiterado, en estos momentos de emergencia no hay tiempo para que las autoridades se dejen arrastrar a polémicas políticas, tan desgastantes como oportunistas. Por el contrario, hay que redoblar la concentración en el plan de contingencia, aumentando su eficacia y corrigiendo de forma rápida sus falencias. La dimensión de la emergencia es muy alta y exige la máxima articulación institucional, tal como hasta ahora está funcionando entre Bogotá, Gobernación y Ejecutivo nacional.