El principio del acuerdo entre el Gobierno y los voceros de los cultivadores de arroz constituye una buena noticia para el país, sobre todo porque abre paso a la terminación del paro que se venía desarrollando hace diez días en distintas zonas del Tolima y Huila, con una costosa afectación a las comunidades, el transporte y la economía regional.

El pacto suscrito con el Ministerio de Agricultura contempla financiamiento y beneficios para pequeños y medianos productores, apoyos en comercialización, salvaguardias arancelarias, mejoras fitosanitarias, un fondo de estabilización de precios, así como una política de libertad vigilada y un compromiso de revisión de los costos de producción.

Más allá de este acuerdo puntual es necesario abordar con profundidad un debate que si bien ha sido puesto sobre la mesa muchas veces, no ha tenido una resolución definitiva en Colombia.

Tanto en la protesta de los arroceros como en las de otros productores rurales queda claro que la política nacional agropecuaria requiere una reingeniería para que esta clase de paros no sea tan cíclica y desgastante, acudiendo constantemente a las vías de hecho. En efecto, en este caso uno de los principales reclamos era por el incumplimiento de acuerdos sobre los mecanismos para la absorción de cosechas y de excedentes de producción.

Es necesario, por tanto, abrir una discusión sobre los mecanismos de regulación de los ciclos de producción del agro. Los subsidios, fondos, precios de sustentación, instrumentos para la compra de cosecha y otras medidas deberían ser excepcionales y no una política permanente.

En medio de escenarios fiscales cada vez más restringidos y con el avance de la globalización comercial, la política nacional agropecuaria requiere una modernización que aumente la rentabilidad objetiva de los productores del campo, facilitándoles herramientas para acceder de forma más efectiva los mercados nacionales o internacionales. Hay que implementar estrategias más efectivas de valor agregado para los campesinos y la agroindustria.

Obviamente, este no es un proceso que se pueda adelantar en cuestión de meses. Por el contrario, requiere un estudio a fondo, con la participación de todos los actores públicos y privados. Aunque muchos gobiernos han lanzado sus respectivas versiones de políticas agrarias la sucesión de paros evidencia que las soluciones hasta ahora activadas no han dado los resultados esperados.