* Fenómeno aumentó 74% en 2021
+ El reciclaje de la violencia armada
Ya es innegable que la violencia en muchos departamentos y municipios está aumentando desde hace algún tiempo, no solo por el accionar de la guerrilla del Eln, las disidencias y reincidencias de las Farc así como bandas criminales de alto espectro (como el ‘Clan del Golfo’, ‘Caparros’ o ‘Autodefensas Gaitanistas’), sino por otras facciones delincuenciales, carteles del narcotráfico, redes de microtráfico, contrabando de manera, minería ilegal y otras.
Aunque las estadísticas de las autoridades evidencian disminuciones en algunos delitos de alto impacto, en otros ocurre lo contrario. Particularmente en el segundo semestre del año pasado y el arranque de éste se ha registrado una escalada de ataques a la Fuerza Pública, atentados terroristas en distintas zonas, así como asesinatos individuales y colectivos cada vez más frecuentes. Ese rebrote de la violencia, que en la mayoría de los casos está vinculado a peleas a sangre y fuego de los grupos de delincuencia común y organizada por el dominio de los centros de producción y corredores estratégicos de delitos como el narcotráfico, minería criminal, contrabando y otros, viene generando un deterioro preocupante de la seguridad urbana y rural, así como un aumento de las emergencias humanitarias.
Una prueba de ello es el último informe de la Defensoría del Pueblo en torno a un incremento alarmante del desplazamiento forzado de población en varias regiones. En solo enero, por ejemplo, se registraron 17 casos en que los habitantes de zonas veredales y semiurbanas tuvieron que huir de sus casas para evitar caer en el fuego cruzado o ser blanco de acciones del Eln y las facciones residuales de las Farc. No se trata de casos de bajo impacto, pues terminaron afectando a más de 4.400 personas de 1.358 familias.
Dada la escalada terrorista que se presentó en el primer mes de este 2021, la región más afectada fue la frontera con Venezuela, especialmente Arauca, Casanare, Vichada y Norte de Santander. Chocó, Valle y el suroccidente del país también han registrado estas movilizaciones forzadas de población. Pero la alarma no se prendió solo por los casos en que la violencia obligó a los habitantes a huir para salvar sus vidas, sino que en enero también se reportaron 11 eventos de confinamiento, es decir cuando las personas, por temor o amenazas directas, no pueden salir a hacer sus actividades cotidianas y quedan encerradas en sus comunidades. Más de 1.573 familias de 11 sitios sufrieron estas circunstancias.
Lamentablemente lo ocurrido en enero no se puede considerar una circunstancia aislada, como se evidencia en el hecho de que, según la misma Defensoría del Pueblo, en 2021 se presentaron 160 eventos de desplazamiento forzado de población, es decir un 74 por ciento más que los reportados en 2020.
Sería por demás ingenuo creer que este pico de crisis humanitaria el año pasado es un fenómeno que se explicaría solo por estarse comparando con el lapso anterior, cuando rigieron los periodos más largos de cuarentenas poblacionales en el inicio de la pandemia. Por el contrario, si se cruzan los hechos de conflicto armado, terrorismo, amenaza narcotraficante y de minería ilegal, así como la racha de masacres y de asesinatos de líderes sociales, campesinos y comunitarios, con los mapas de desplazamiento y confinamiento forzados, se encuentra una clara relación entre ambos fenómenos. Además, los informes de Indepaz, Cerac, ONU, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, entre otros, son coincidentes en que la frontera con Venezuela, Chocó y el suroccidente del país son regiones en donde el orden público se ha venido deteriorando gravemente.
Aunque el país está aún lejos de las dramáticas cifras de comienzos de este siglo, cuando el desplazamiento forzado de población era uno de los fenómenos más críticos en medio del agudo conflicto armado, lo ocurrido el año pasado y el comienzo del actual es un fuerte campanazo sobre la necesidad de ajustar la estrategia militar y policial en varias regiones, en donde es claro que hay un peligroso reciclaje de la violencia armada. El Estado no puede seguir perdiendo el terreno ganado en materia de seguridad rural y urbana. Urge una corrección de fondo para combatir a la delincuencia común y organizada. Una tarea en la que no solo se esperan medidas gubernamentales urgentes, sino que también la opinión pública está urgiendo propuestas concretas al respecto de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño en agosto próximo.