- Cali, Cúcuta y Cauca… La lista crece
- Ojo a reciclaje criminal en varias zonas
Si bien es cierto que las estadísticas sobre seguridad y orden público de este año evidencian que muchos delitos de alto impacto han disminuido de manera sustancial, hay algunos en los que la tendencia es a la inversa. Una de esas alertas se refiere, precisamente, al aumento de los asesinatos colectivos o masacres. Esta semana, por ejemplo, causó estupor a nivel nacional la matanza de cinco jóvenes, entre ellos algunos menores de edad, en Cali. Las dantescas imágenes de las víctimas hicieron recordar épocas infaustas en el Valle cuando la violencia cruzada de distintos actores ilegales cobró muchas vidas inocentes. Si bien las autoridades, con el Ministro de Defensa a la cabeza, activaron un plan de investigación especial para establecer los móviles de este nuevo crimen y sus autores materiales, la incertidumbre prima porque nadie entiende cuál pudo ser la causa de la masacre, más aún porque las hipótesis son muy disímiles.
Paradójicamente unas pocas semanas atrás la alerta por el aumento de los asesinatos colectivos estaba enfocada en lo que pasaba en Cúcuta y sus alrededores, sobre todo en las zonas aledañas a Tibú y la región del Catatumbo. Varias masacres se han registrado en la zona y todo indica que las víctimas han caído en medio de un nuevo capítulo de la cruenta guerra que están desarrollando facciones del Eln y la banda criminal de ‘Los rastrojos’, enfrentadas por el dominio de las operaciones de narcotráfico, contrabando y otros delitos en el área fronteriza. Un pulso violento del que también participan las disidencias de las Farc y ‘Los pelusos’.
Todo lo anterior explica no solo porque el Catatumbo es hoy por hoy la zona de mayor extensión de los narcocultivos en el país, sino también la región en donde se están presentando más casos de desplazamiento y confinamientos forzados de población. De igual manera, se ha denunciado un aumento en el reclutamiento ilegal de menores de edad para enrolarlos en la vida delincuencial.
De otro lado, a comienzos de este mes, las víctimas fueron tres personas pertenecientes a un resguardo indígena de Santander de Quilichao, en el Cauca, atacadas por un comando armado que los acribilló cuando estaban en un establecimiento público.
Casos como los descritos en Cauca, Valle y Norte de Santander han puesto en alerta a las autoridades, sobre todo porque las estadísticas del Ministerio de Defensa señalan que entre enero y junio solo se habían presentado solo siete casos de asesinatos colectivos, que se catalogan así en la medida en que las víctimas son cuatro o más. Esas matanzas en el primer semestre dejaron un total de treinta personas asesinadas, la mitad de las que perdieron la vida en el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron diez casos.
¿Quiénes están perpetrando las masacres? Las hipótesis de las autoridades apuntan a que detrás de muchos de estos crímenes están las economías ilegales, sobre todo los mal llamados ‘ajustes de cuentas’, luchas por el ‘control territorial’ en zonas de narcotráfico, minería criminal, tala de árboles, contrabando y otros delitos. Por igual, en algunos casos se trata de acciones dirigidas a causar temor en la población civil, especialmente en los líderes sociales y comunitarios que se oponen a la presencia de los grupos armados en sus territorios.
Aunque serán la Fiscalía y demás autoridades las que deben esclarecer esta seguidilla de masacres, sobre todo en lo que va corrido de este segundo semestre, deben prenderse todas las alarmas. Como lo hemos reiterado en estas páginas, hay un peligroso fortalecimiento de los grupos subversivos, las bandas criminales y organizaciones mafiosas de operación local y regional. Un reciclaje de la violencia que es producto no solo del repunte del narcotráfico en algunas zonas, sino también de la intención de muchas de estas facciones de ‘adueñarse’ a sangre y fuego de corredores estratégicos para sus operaciones ilegales.
Sí, la Fuerza Pública asesta continuos golpes a los cabecillas de estos grupos criminales, pero estos tienen una alta capacidad para reemplazarlos. Incluso en medio de la pandemia, algunas facciones han tratado de maniobrar para seguir ampliando su esfera criminal, aprovechando que las Fuerzas Militares y de Policía han tenido que redoblar su esfuerzo no solo para controlar la seguridad y el orden público, sino también para ayudar en el plan de contingencia sanitario, sobre todo para asistir a las personas que viven en los sitios más aislados y agrestes del territorio nacional.
Es imperativo, entonces, que se ajuste la estrategia militar y policial para frenar la escalada de masacres de las últimas semanas. En modo alguno se puede permitir que vuelvan aquellos tiempos aciagos en que las matanzas enlutaban semana tras semana a muchas familias colombianas.