Las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos es claro que no pasan por su mejor momento, así los voceros de lado y lado aseguren, en discursos formales y llenos de lenguaje políticamente correcto, lo contrario.

Las señales de ese deterioro son cada vez más notorias. Una semana atrás se conoció un informe del Departamento de Estado en donde alertaba sobre el deterioro del clima de inversión en Colombia y señaló a la política económica de la Administración Petro como una de las principales causas de esa lesiva circunstancia.

A ello se suma que, en los debates en el Senado norteamericano sobre los componentes de financiación externa, la ayuda a Colombia terminó siendo recortada, la semana pasada, en un 10%, esto en medio de las críticas y advertencias de no pocos congresistas de los partidos Republicano y Demócrata en torno a los cortocircuitos entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño, así como por las reservas en Washington sobre la nueva política antidroga de nuestro país.

Uno de los mayores reparos en las instancias de poder y decisión estadounidenses se focalizan en medidas del gobierno de izquierda colombiano en torno a la disminución drástica de los operativos de erradicación forzada de narcocultivos.

Sin embargo, la Cancillería nacional acaba de dar a conocer algunas de las conclusiones y decisiones tomadas al respecto en el marco del 11º Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y EE. UU., realizado en mayo pasado en Bogotá. Allí hubo compromisos en torno a fortalecer la medición del progreso en la implementación de la estrategia bilateral en materia de reducción de la oferta de drogas, desarrollo económico, seguridad rural, presencia institucional, y protección del medio ambiente.

Para cumplir ese objetivo de acordó hacer una actualización de las métricas, doce de las cuales, luego de un intenso trabajo binacional, fueron dadas a conocer la semana pasada para evaluar de manera más efectiva los esfuerzos integrales encaminados a combatir la producción y el flujo de cocaína y otras drogas desde Colombia y profundizar la paz, la seguridad y el desarrollo rural a nivel local.

Esa docena de ítems, que incluyen temas de eficiencia militar y policial, interdicción y resultados operacionales en determinadas regiones, deben llevar a tener una evaluación más exacta y realista de la eficiencia de la política antidroga, los ejes a reforzar y el replanteamiento de herramientas que puede que hoy ya no tengan la efectividad requerida para combatir un fenómeno criminal trasnacional que muta de forma constante.