* Gobierno debe responder alertas de Procuraduría
* Un asunto prioritario para el desarrollo territorial
En el marco de las políticas de ordenamiento territorial, tanto a nivel urbano como rural, uno de los principales objetivos del Estado colombiano en los últimos años ha sido la implementación del Catastro Multipropósito.
Esta es una herramienta clave para el desarrollo de las regiones en la medida en que va más allá del concepto tradicional de catastro, referido básicamente al censo o inventario de todos los predios urbanos y rurales de un municipio, con sus respectivas características físicas (área, linderos, construcciones), jurídicas (propietarios) y económicas (avalúo catastral). Todo ello con una finalidad marcada en cuanto a la liquidación y cobro del impuesto predial y el ICA.
Sin embargo, a partir de 2019, mediante un documento Conpes, se redimensionó esta figura hacia el llamado Catastro Multipropósito que, en palabras simples, constituye un sistema de información integral que registra datos actualizados de la tierra, tanto en predios formales como informales. Más allá de la información básica ya referida, este esquema contiene especificaciones sobre derechos, responsabilidades, restricciones, descripciones geométricas, valores y otros datos. También registra intereses sobre los predios, en términos de ocupación, valor, uso y urbanización.
Todo lo anterior, con el fin de proporcionar un insumo que si bien contiene el flanco tributario actualizado, que es clave para los ingresos municipales, permite principalmente al Estado en lo macro y a las alcaldías en lo micro contar una información actualizada y multidisciplinaria para formular políticas eficaces de ordenamiento territorial con enfoque sostenible, proactivo, realista y con un análisis de impacto socioeconómico más certero. Esto es determinante para aspectos como la formalización de la propiedad, perfilación precisa de los usos del suelo, racionalización urbanística e inmobiliaria, focalización presupuestal y de inversión social, mejor planificación de infraestructura, así como la activación de mecanismos para un acceso ciudadano a la información respectiva con agilidad y transparencia.
Meses atrás, el director de Planeación señalaba que la intención gubernamental en materia de Catastro Multipropósito para este 2024 era llegar al 30,6% de actualización catastral en todo el país. Recalcó que en esa dirección no solo se estaba avanzando en la autorización de gestores catastrales territoriales avalados entre municipios y departamentos, sino que se trabajaba en llave con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y el Findeter, entre otras entidades. A ello hay que sumarle una serie de acuerdos internacionales para apoyo logístico y financiero.
Sin embargo, el viernes pasado la Procuraduría General dio un campanazo muy preocupante al respecto, tras advertir que las metas propuestas por el Gobierno para la actualización del Catastro Multipropósito, según las cuales se alcanzaría un 70% para el final del mandato, están muy atrasadas y son, literalmente, desalentadoras.
De acuerdo con el ente de control fiscal, tras sendas reuniones para analizar la implementación de este mecanismo con el Instituto Agustín Codazzi, la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro, se evidenció que, a la fecha, apenas se había logrado un avance del 14,7% en el territorio nacional del total de los indicadores establecidos para el periodo 2022-2026.
Para el Ministerio Público ese 70% de la implementación del Catastro Multipropósito, según las metas del Ejecutivo, debería abarcar no menos de 660 municipios y 80 millones de hectáreas para el final del cuatrienio. Sin embargo, a mitad del lapso gubernamental esas cifras parecen inalcanzables, ya que en la vigencia 2024 apenas se terminarán operaciones en 77 poblaciones, lo que es equivalente al 22% del país. A ello se suma que el IGAC presenta un retraso significativo en el inicio y avance de operaciones, aplicando varias modificaciones al cronograma primario, lo cual ha llevado al incumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de izquierda.
Igualmente, hay demora en el inicio de la implementación de este sistema catastral en territorios colectivos de pueblos étnicos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Este no es un asunto menor si se tiene en cuenta que dichas zonas representan aproximadamente 34 millones de hectáreas, equivalentes al 29,8% del territorio nacional.
En momentos, la Administración Petro ha puesto sobre la mesa una multiplicidad de balances sobre los logros en sus primeros dos años de gestión, cortes de cuentas que han sido controvertidos por muchos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales, resulta imperativo que desde el Gobierno y las entidades encargadas de la activación del Catastro Multipropósito se dé una respuesta a estas graves denuncias de la Procuraduría que, abiertamente, contradicen una serie de reportes oficiales en donde prima una visión optimista de todo este proceso. El Congreso, gobernadores, alcaldes y otras instancias también deben participar activa y decisivamente de este debate de alto calado e impacto en el desarrollo territorial. Urge un plan de choque. Menos discursos y más acción.