No se sabe qué termina siendo más grave: el que en 2024 se hayan presentado 786 bloqueos viales por protestas, que esa cifra sea superior en un 6 % a los registrados en 2023, que las pérdidas por esas obstrucciones a carreteras del orden nacional y regional sean del orden de los 4,4 billones de pesos; o que el motivo de muchos de estos cierres de los pasos vehiculares haya sido el incumplimientos por parte de los gobiernos nacionales, regionales o locales de acuerdos firmados, precisamente, para levantar anteriores manifestaciones.
No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que la propensión en Colombia a acudir a las vías de hecho por parte de las comunidades cuando adelantan protestas se ha convertido en un fenómeno muy lesivo, no solo porque atenta contra el derecho de las mayorías ciudadanas para movilizarse libremente, sino porque los costos económicos de estos taponamientos viales son muy cuantiosos, deterioran la competitividad del país, encarecen la generación de productos, bienes y servicios, al tiempo que crean el perverso antecedente de que solo afectando el orden y la convivencia pública se puede obtener la atención de las autoridades para solucionar las necesidades de la población.
Perder 4,3 billones de pesos por los bloqueos viales debería llevar a que el Gobierno y demás autoridades analicen una nueva hoja de ruta para enfrentar esta problemática. La primera consideración sería, obviamente, crear algún tipo de instancia que permita hacer seguimiento a los acuerdos que se firman con las comunidades. De esta forma se evitaría la reincidencia de los manifestantes por los incumplimientos oficiales. Esto es clave en vías como las del corredor entre Medellín y la costa Caribe, en donde se presentaron este año el mayor número de este tipo de cierres.
De otro lado, si bien es cierto que la protesta social está amparada constitucional y legalmente, también hay límites sobre sus alcances y consecuencias, que la misma normatividad vigente señala. Debe existir la decisión de las autoridades para proceder al despeje de las vías, obviamente mediante un uso proporcional de la fuerza y agotados previamente los canales de diálogo con miras a llegar a consensos para destaponar las carreteras. Diálogos que, eso sí, no pueden extenderse en el tiempo de manera indefinida.
Finalmente, es necesario hacer un estudio objetivo sobre el impacto que estos bloqueos viales por protestas tienen en la estructura de costos y rentabilidad del sector transportador. Según Colfecar, solo este año hubo casi 12 mil horas perdidas por este motivo.