* Reto a la Jefatura del Estado
* En juego la viabilidad nacional
Evadir de alguna manera los dictámenes de la Justicia colombiana se ha vuelto manía persistente. No lo fue así con quienes han retornado del exterior a enfrentar los procesos, pero sí, por el contrario, por quienes han decidido ponerse al margen de los deberes y obligaciones constitucionales del ciudadano, entre los que se establece perentoriamente “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia” (Art. 95 - Num. 7).
La moda comenzó a estallar desde que el entonces senador Mario Uribe Escobar, después condenado, quiso asilarse en la Embajada de Costa Rica. El Gobierno del país centroamericano no aceptó el asilo territorial, lo desestimó y dejó que operara la Justicia colombiana. Costa Rica, desde luego, pasa en el concierto de las naciones por ser un país civilizado, con una de las democracias más antiguas del orbe. Al contrario de ello, Panamá aceptó el asilo territorial de María del Pilar Hurtado, exjefe del DAS investigada por el caso de las “chuzadas”, y en estos días denegó la extradición solicitada por la Cancillería colombiana, que envió cajas de pruebas en las que constataba que en manera alguna en Colombia existían persecuciones políticas y que, por el contrario, Hurtado era procesada como delincuente común. Semejante portazo fue replicado con un excesivo bajo perfil de la Cancillería, puesto que es a todas luces evidente que lo que se pretendía era birlar los procedimientos judiciales colombianos. Está en mora este despacho para demostrar su insatisfacción, antes que refugiarse en el fementido expediente de que el asilo es intangible, mucho menos en un mundo judicialmente globalizado. Si es así, como dijo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, el Tratado de Asilo debería ser protestado por Colombia por caduco y extemporáneo.
Ahora resulta que, al parecer, el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, habría recurrido a actos lesivos a los dictámenes anunciados por la Fiscalía. A lo cual ella, fruto de la renuencia, habría expedido orden de captura inmediata. Lo mismo ocurrió hace algún tiempo con el exparlamentario Enrique Caballero, quien, al anunciarse su implicación en la denominada parapolítica, salió del país hacia Alemania, pero hubo de regresar sin encontrar asilos correspondientes. Al volver fue condenado y cumplió su deuda con la sociedad.
La Justicia colombiana no puede ser rey de burlas y evasiones. Un Estado muestra su capacidad institucional y su civilidad cuando efectivamente es capaz de aplicar la Ley. De lo contrario, el desgaste es gigantesco y los países que así lo permiten suelen calificarse con el horrendo epíteto de banana republics, que es otra manera de decir Estados fallidos. Es lo que, por desgracia, le está pasando a Colombia, aun con la anuencia de ciertos expresidentes que emiten comunicados defendiendo el asilo territorial para sus colaboradores, es decir, la evasión, y al mismo tiempo hablan de presos políticos sobre aquellos que la Justicia, dentro del debido proceso, ha emitido fallos. Tal es la realidad de una Nación como la colombiana, que en un tiempo se preciaba de ser un territorio de leyes, pero que a diario se desvanece como país legal (rule of law).
Para que ello no ocurra, el factor preponderante, en consonancia con la Constitución, es el Jefe de Estado. En efecto, sin poder llegar el brazo de la Justicia colombiana al exterior, es al Ejecutivo colombiano, en particular al Presidente de la República, a quien corresponde salvaguardar la unidad nacional (Art. 188). Y es él, en esta dirección, quien debe defender la independencia y honra de la Nación (Art. 189 - Num. 6). Y esto precisamente porque “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines” (Art. 113).
Tiene, pues, el presidente Juan Manuel Santos dispendiosa labor para hacer prevalecer el núcleo del Estado colombiano. En absoluto podría admitir una justicia eunuca. Posible, como él mismo lo ha hecho, es debatir los fallos judiciales aunque siempre, como también lo ha reiterado, acatándolos. Es evidente que el reto a que está siendo sometida la Justicia colombiana es, en primer lugar, contra él, personero jurídico de la Nación y representante esencial de la sociedad. Hay que hacer, como diría su antecesor.