* Eterno problema de pedreas y asonadas
* Toda garantía implica una obligación
Desgastante, por decir lo menos, es la eterna controversia que se presenta un día después de las marchas, trátese de las tradicionales de los sindicatos el 1º de mayo o las que se realizan en otras épocas del año por distintos motivos.
La ‘película’ siempre es la misma: los voceros de los manifestantes se quejan de abusos y excesos de la Fuerza Pública. Ésta, a su turno, denuncia que se infiltraron entre los marchantes vándalos y agitadores que incitaron ataques contra los uniformados encargados de mantener un clima de seguridad y orden público tanto para quienes protestan como para la ciudadanía en general. Las autoridades administrativas, llámese gobernadores o alcaldes, tercian en la controversia anunciando que pedirán a los entes de control que investiguen las versiones de lado y lado… Y en medio de todo ello se multiplican las denuncias de los comerciantes y residentes que exigen la reparación de los daños cometidos al paso de las manifestaciones, que, por lo general, van desde paredes pintadas y vidrios rotos, robos, hasta afectación de infraestructura pública y privada. Luego viene la petición de resarcimiento económico por el cierre preventivo de negocios y los ofrecimientos de las autoridades de apoyos en ese sentido.
Como se dijo, es una situación cíclica que, infortunadamente, siempre termina en lo mismo: nada. Los ecos de la polémica van desapareciendo con el pasar de los días y al cabo de una o dos semanas todo queda en el olvido, hasta que se vuelven a presentar marchas y los consecuentes desórdenes y refriegas, y resurge el consabido debate.
Frente a ello hay dos opciones. Una, no hacer nada y simplemente sentarse a esperar la próxima manifestación. Y dos, decidirse a tomar medidas de fondo. En algunos países europeos se exige a quienes piden permiso para las marchas firmar pólizas de seguros y de responsabilidad por daños a terceros. Es claro que nadie más adecuado para detectar infiltrados o vándalos en una movilización ciudadana, que aquellos que la lideran y convocaron. Son éstos los primeros llamados y obligados a preservar el clima de paz en las manifestaciones y evitar que los revoltosos y aquellos que acuden a capuchas y otras prendas que impidan su identificación ataquen a la Fuerza Pública y todo termine en pedreas y enfrentamientos entre unos y otra. Desórdenes que así como, en la mayoría de las ocasiones, se saldan con capturados por escasas horas, heridos leves, caos en el tránsito y la consecuente perturbación de la actividad económica y laboral, en otros casos desembocan en asonadas y hasta víctimas fatales.
Habrá, obviamente, quien replique que hacer más estrictos los controles a las marchas sindicales, sociales, políticas, estudiantiles o de algún sector en específico, podría estar atentado contra el derecho a la huelga y la protesta, garantía que está amparada constitucionalmente. En absoluto. No se trata aquí de impedir o restringir las protestas y las manifestaciones contra el Estado, sus instituciones o alguna de las políticas de los gobiernos Nacional, departamentales, distritales o municipales de turno. Todo lo contrario, lo que se busca es equiparar el disfrute de los derechos y los límites legítimos a los mismos. El derecho a la protesta en modo alguno puede sobreponerse o subordinar el del resto de la ciudadanía a un clima de seguridad y orden público en las calles, como también a no ser puesto en peligro por los actos vandálicos ni verse afectados en sus bienes y actividades diarias.
Si algo quedó evidente con las movilizaciones estudiantiles del año pasado contra el proyecto de reforma a la educación superior, es que se puede protestar en paz y orden. Las imágenes de los jóvenes abrazando y besando a los uniformados antimotines, que tan positivamente impactaron a la opinión pública y acarrearon mucho apoyo a su causa, distan mucho de las registradas este martes pasado, con encapuchados lanzando piedras, ‘papas-bombas’ y otros objetos a la Fuerza Pública.
Ya se anuncian marchas y protestas para el 15 de mayo, por la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos. Desde ya debe encenderse una alerta temprana para garantizar que las manifestaciones, legítimas y amparadas constitucionalmente, no se salgan de madre.