Uno de los procesos más delicados en estos momentos en muchas regiones del país es, precisamente, la elección de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), entidades clave toda vez que, por mandato constitucional y legal, tienen como principal competencia, como autoridad ambiental jurisdiccional, la ejecución de las políticas y planes nacionales sobre la materia, así como ejercer de máxima autoridad sectorial.

El proceso para la escogencia de los nuevos directores se viene realizando desde mediados de año y en algunas de las 33 CAR ya se concretó la elección e incluso se dio el relevo de manera oficial.

Sin embargo, en otras zonas este proceso, que debe atender los principios de meritocracia y transparencia, continúa estancado. De allí el campanazo que diera días atrás la Procuraduría General en torno a que elecciones de varios directores generales se han visto afectadas por la recurrente interposición de recusaciones y acciones de tutela, en muchos casos previamente resueltas o que no cuentan con la carga argumentativa y probatoria suficiente. Para el Ministerio Público se trata de “maniobras de mala fe con el objetivo de dilatar dichos procesos”.

Frente a esa grave situación, el ente de control disciplinario exhortó a los Consejos Directivos de las CAR a imponer las sanciones en los casos probados en los que se advierta la presentación de recusaciones con el objetivo de dilatar las elecciones, reportándolos al ente de control, a fin de iniciar las actuaciones disciplinarias que correspondan, en contra de los servidores públicos que hayan emprendido, favorecido o facilitado las respectivas gestiones.

También se urgió al Ministerio de Ambiente y a sus delegados ante los consejos directivos dar cumplimiento estricto a sus funciones legales y constitucionales, aplicando los principios de buena fe, moralidad, responsabilidad y transparencia, previstos en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011.

Si bien es cierto que las CAR tienen autonomía administrativa y financiera, para nadie es un secreto que muchas de estas entidades son blanco principal del clientelismo político y la rapiña burocrática. De hecho, no pocos sectores advirtieron la inconveniencia de que este proceso de escogencia se diera de forma paralela a la campaña para los comicios regionales y locales. No hay que olvidar que las gobernaciones y alcaldías tienen voz y voto en muchas de las decisiones que adoptan estas corporaciones.