Uno de los principales debates en estos momentos en el país es, sin lugar a dudas, el relativo al impacto de las alzas en los combustibles, específicamente en el precio de la gasolina. En agosto de 2022, cuando asumió este Gobierno, el galón de esta última costaba alrededor de 9.200 pesos y para este mes, tras sucesivos reajustes, ya alcanza los $14.473. Es decir, un incremento del 57% en un año.

El Ejecutivo sostiene que ese aumento drástico es necesario para disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. De hecho, cuando asumió el poder, el Presidente acusó a su antecesor de no haber tomado medidas para hacer frente a este hueco fiscal que tasó en diez billones de pesos por trimestre, por lo que podría llegar a 40 billones si no se tomaban correctivos urgentes. De inmediato le replicaron voceros de la administración Duque señalando que en medio de la crisis pandémica era imposible aplicar alzas en los precios de la gasolina y el diésel, ya que ello habría profundizado la crisis social y económica dejada por el impacto del virus así como la escalada inflacionaria.

Más allá de ese rifirrafe, el actual Ejecutivo aplicó desde el segundo semestre de 2022 incrementos drásticos en el valor de la gasolina, pero no así en el diésel, pese a que este es el combustible más subsidiado en el país y, por obvias razones, tiene un peso mayor en el faltante billonario del citado fondo. Solo a comienzos de 2024 se comenzaría a encarecer, pues debe tenerse en cuenta que es el más utilizado por el sector de transporte de carga y afectar su estructura de costos presionaría el ya alto costo de vida.

En medio de ese debate la Contraloría General acaba de advertir que si se contabilizan todos los déficits y superávits del Fondo a lo largo de su historia, se encuentra que ha generado un costo fiscal a la Nación de aproximadamente $100 billones a pesos constantes de 2023.

Este es un diagnóstico que no puede quedar en el aire. Por el contrario, es imperativo que los ministerios del ramo se pronuncien al respecto, más aún porque el ente de control fiscal recalca que el mal funcionamiento del Fondo tiene altos impactos fiscales y en el desempeño de Ecopetrol. Incluso advierte que la liquidación del mismo podría contemplarse.

¿Qué responde el Gobierno? ¿Debe procederse a acabar con el Fondo? ¿Por cuánto tiempo es sostenible el déficit, que se ha reducido ya a 20 billones pero todavía el precio interno de combustibles no está nivelado con el internacional? Urgen definiciones.