No se sabe qué termina siendo más grave: si las decenas de miles de personas que están ‘coladas’ en el sistema de identificación y clasificación de beneficiarios de subsidios y ayudas estatales, programa más conocido como el Sisbén, o sí que esta clase de denuncias se vienen realizando año tras año, gobierno tras gobierno, desde que este mecanismo fue creado para focalizar de manera más eficiente la inversión social en los colombianos con menores recursos o con los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas.

Se trata de un flagelo que, pese a todas las medidas adoptadas en los últimos años, no ha podido ser erradicado. Incluso ayer la Dirección de Planeación Nacional, en el último corte de cuentas al respecto, indicó que si bien desde septiembre del año pasado hasta agosto reciente la calidad de la base de datos del Sisbén ha mejorado sustancialmente, al pasar de 653 mil casos de posibles colados a 384 mil en todo el país, hay variables en las que las irregularidades siguen en aumento. Una de ellas es la que se refiere a personas que aunque tienen ingresos mensuales por encima de los 3,8 millones de pesos aparecen en el sistema con puntajes muy bajos lo que podría estar indicando que reciben de manera irregular subsidios que otorga el Estado para habitantes de clase media y baja.

Es, sin duda alguna, un fraude que debe ser castigado de manera drástica ya que es evidente que estos miles de ´colados’ les están quitando la posibilidad a muchos pobres de acceder a subsidios en materia de salud, vivienda, alimentación, transporte, servicios públicos y otros rubros más.  El informe de Planeación Nacional especifica que los casos de colombianos con ingresos mayores mensuales a 3,8 millones de pesos pero con puntajes menores a 50 en el Sisbén pasaron en el lapso señalado de 83 mil a 135 mil. En otras categorías la depuración ha sido más efectiva, como en lo referente a las personas fallecidas que siguen apareciendo en el registro, los que reportan información errónea sobre su tipo de vivienda, aquellos que disminuyen de manera irregular su grado de escolaridad o los que dicen vivir en zonas rurales pero en realidad lo hacen en áreas urbanas.

¿Qué hacer? Esa continúa siendo la pregunta del millón. En los últimos gobiernos siempre que esta clase de informes se ponen sobre el tapete se promete por parte de las autoridades de turno redoblar el sistema de depuración para detectar y sancionar a los colados, y por igual se pide  a la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y demás entes de control y vigilancia “exhaustivas investigaciones”  sobre los alcaldes y las administraciones municipales en donde se hace más que evidente que las irregularidades en el Sisbén no responden a errores involuntarios sino que, por el contrario, hay una abierta complicidad entre los encargados de certificar la situación económica de cada persona y el puntaje anómalo que ésta última acepta que le asignen. Sin embargo pese a ser un flagelo tan grave y extendido no es proporcional la baja cantidad de alcaldes y servidores públicos sancionados penal, disciplinaria y fiscalmente por una acción típicamente delictiva que ha drenado del presupuesto público miles de millones de pesos, que debieron ser invertidos en los sectores poblacionales ubicados en el rango de la pobreza y la indigencia. Incluso habría que preguntarse que si este Gobierno ha reducido de forma sustancial los índices de colombianos ubicados en estas dos condiciones críticas socioeconómicas, cuánto más se hubiera podido lograr si el Sisbén estuviera totalmente depurado y blindado.

Así como hay que reconocer la efectividad de una parte de los correctivos aplicados recientemente, también es necesario advertir que se requiere más eficacia de las autoridades del orden nacional, departamental y local, pero sobre todo de la Rama Judicial, para limpiar de una vez por todas la base de datos del Sisbén. Urge, en consecuencia, normas de sanción y castigo más drásticas y ejemplarizantes, así como un sistema de alerta temprana que permita detectar con mayor prontitud e irregularidades y trampas como las ya anotadas. Solo cuando los particulares y los funcionarios públicos empiecen a ser blanco irrevocable de penas de cárcel, cuantiosas multas y prohibiciones para acceder a cargos oficiales será posible que se entienda, por fin, que el Sisbén no es coto de caza de los corruptos y que los subsidios y ayudas estatales solo deben llegar a quienes realmente los merecen.