Si hay algo más grave que la reticencia del Gobierno a lanzar un plan de choque, efectivo y concreto, para reactivar la economía, que este año no crecería más allá del 1,5%, es que desde el mismo Ejecutivo se pongan más trabas a sectores que, como la construcción, tratan de mantenerse a flote en medio de un escenario muy complicado.

Prueba de ello es la alerta lanzada por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en torno a dos decisiones gubernamentales que, si no se corrigen de manera urgente, no solo darán al traste con los leves síntomas de recuperación sectorial, sino que podrían llevar a una crisis sin antecedentes en el rubro edificador.

De un lado, está el anuncio del ministerio del ramo, producto de la crisis fiscal del Gobierno Nacional Central, en torno a que para el próximo año solo cuenta con recursos para 20.500 de los 50.000 subsidios del programa “Mi Casa Ya” que inicialmente se habían anunciado para 2025. Este drástico recorte a uno de los programas de inversión social de mayor impacto y cobertura se debe, según el citado gremio, al recorte presupuestal del 39% de los recursos para los programas de vivienda el próximo año. De hecho, de los $4,3 billones destinados este 2024 se pasará a $2,66 billones.

La situación es más compleja si se tiene en cuenta que alrededor de seis mil de esos subsidios ya están preasignados a familias que llevan adelantado su proceso para hacerse a una casa o apartamento propio. Es claro que, si el compromiso de aporte estatal no se cumple, lo más seguro es que el sueño de miles de futuros propietarios se verá frustrado, ya que tendrán que desistir definitivamente de la adquisición porque no tienen los recursos propios para lograr el cierre financiero de la compra del inmueble. Y ello, por obvias razones, golpeará aún más el ya de por sí alicaído ritmo de ventas de unidades residenciales, así como de iniciación de proyectos. Incluso Camacol advirtió que se podría volver a los índices de 2010 o 2011, cuando se comercializaron menos de 55.000 viviendas por año.

Pero este no es el único problema de marca mayor para la construcción. Los decretos y resoluciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo imponiendo salvaguardas arancelarias a las importaciones de hierro, acero y aluminio impactan de manera sustancial los costos de producción en el sector edificador, lo que obviamente repercute en los índices de rentabilidad y precios finales al comprador.

No deja de ser paradójico este escenario tan crítico al que se está enfrentando la construcción en Colombia, sobre todo en momentos en que la disminución de las tasas de interés y el llamado “Pacto por el crédito”, suscrito por el Ejecutivo y el sector financiero y que en su primer mes irrigó más de 10,6 billones de pesos, deberían ser elementos dinamizadores de una de las actividades que más mueve los ciclos de oferta y demanda de productos, bienes y servicios a nivel nacional, regional y local, así como el empleo. En este último rubro la preocupación es mayor, ya que la actividad edificadora es de las que más ha perdido empleos a lo largo de 2024 (no menos de 84.000) y si no hay un timonazo en la política oficial de vivienda 200.000 plazas podrían estar en peligro en el próximo año.

No en pocas ocasiones hemos advertido que algunas decisiones y políticas de la actual administración parecieran estar direccionadas a la propuesta de “decrecimiento” económico y productivo que alguna vez una controvertida ministra pusiera sobre el tapete como norte nacional e internacional.

Resulta evidente que el recorte en el número de subsidios no sería necesario si el Ejecutivo decidiera apretarse el cinturón en los rubros presupuestales en donde más derroche presenta. Tal es el caso de la nómina y los billonarios gastos de personal, que están claramente desbordados por una ‘feria burocrática’ sin precedentes en muchas entidades, la mayoría con claras motivaciones electorales y politiqueras. Por igual, desde muchos sectores se denuncian a diario contratos millonarios para organización de eventos, campañas publicitarias innecesarias, giras con poca importancia e incluso para invertir en programas y proyectos de bajo impacto y utilidad pública.

Hemos insistido en que este Gobierno habla a diario de “acuerdo nacional” y “plan de reactivación económica”, pero no solo esas promesas se quedan en lo meramente discursivo, sino que adopta recurrentemente medidas que buscan arrinconar a la empresa privada y los sectores productivos más dinámicos del país. Una especie de dominó premeditado en el que las fichas del petróleo, gas, minas, energía, empresas y salud, entre otras, ya tambalean, y pareciera, al tenor de las denuncias gremiales, seguir en turno la construcción.