- Reingeniería institucional Vs. Urgencias ciudadanas
- Un debate que el país está en mora de dilucidar
El próximo lunes se reanudan las sesiones ordinarias del Congreso y uno de los proyectos que se espera sea radicado en los primeros días es el referente a la reforma a la justicia. De hecho, un borrador de esta iniciativa ya le fue presentado por el Ministerio respectivo a senadores y Representantes a la Cámara con el fin de que analizaran sus alcances y contribuyeran al perfeccionamiento del articulado. Aunque se habla de otras reformas estructurales, por ejemplo la pensional, laboral, o política, ninguna de estas se encuentra tan adelantada como la judicial y ello explica porque se considera que será ésta última la que finalmente se termine llevando a discusión en las comisiones Primeras y las plenarias.
Es necesario reconocer que frente a anteriores intentos de reforma, el actual tiene un escenario muy distinto y, si se quiere, novedoso. En primer lugar, en el último año la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias respecto al funcionamiento de la justicia, algunas de las cuales impactan directamente el día a día de fiscales, jueces y magistrados. Por ejemplo, semanas atrás expidió un fallo mediante el cual limitó la posibilidad de que para definir si un sindicado es privado de la libertad se tuvieran en cuenta sus antecedentes penales como elemento primordial de esta definición. Dicha jurisprudencia se conoció en momentos en que el Presidente de la República le había insistido a la Ministra de Justicia que acelerara la redacción de un proyecto de ley para combatir el fenómeno de la reincidencia criminal, que es uno de los flagelos que más está azotando a la ciudadanía a lo largo y ancho del país. Un flagelo en el que, además, entran a jugar otros elementos clave como la urgencia de disminuir el hacinamiento carcelario, la capacidad de resocialización del condenado que tiene el sistema penitenciario y los índices objetivos de impunidad y morosidad judicial.
Otro aspecto que marca un escenario distinto para el eventual trámite de esta reforma a la justicia se deriva de los criterios y énfasis que al respecto ha venido anunciando el nuevo Fiscal General de la Nación, cuya óptica es determinante dado que se trata de quien dirige el principal órgano de aplicación de la Política Criminal del Estado, en un país en donde el populismo punitivo y la sobreproducción de leyes penales pululan.
Tampoco se puede dejar de lado que las encuestas están evidenciando que por encima de fenómenos como la corrupción, el desempleo o el reciclaje de la violencia armada en las regiones, la ciudadanía está poniendo como su primera urgencia la necesidad de frenar la inseguridad urbana y los delitos de alto impacto, como es el caso de los atracos callejeros o el hurto de los teléfonos celulares.
A todo lo anterior debe adicionarse un interesante debate entre la academia, las facultades de Derecho, los abogados penalistas y de otras disciplinas en torno a cuál debe ser el énfasis de la reforma judicial que está en ciernes: Si una reingeniería a toda la estructura de la Rama y su sistema de gobierno y módulos funcionales, o una reforma dirigida a responder especialmente a la demanda de justicia del llamado ciudadano de a pie. No se trata de modo alguno de una discusión menor ni mucho menos semántica. Por el contrario: el Estado se encuentra ante una definición de alto calibre ya que si bien es cierto que el poder judicial arrastra notables falencias estructurales desde la misma Carta del 91, que no han podido ser corregidas y cuya mayor evidencia es la sucesión de escándalos y trabas institucionales en las Altas Cortes, para la ciudadanía la urgencia no son esos ajustes institucionales sino la necesidad de que el juez y el fiscal que tiene a cargo su denuncia, pleito o proceso particular lo resuelva rápida y eficazmente. La propia Procuraduría General ha insistido en que la reforma debe partir de conocer las demandas reales de justicia por parte de la población y sus exigencias más sentidas, pues de lo contrario será muy difícil que el poder judicial recupere la legitimidad y credibilidad que ha perdido ante ese ciudadano de a pie.
Visto todo lo anterior convendría que antes de llevar el proyecto de reforma al Congreso, desde el Gobierno se precisara cuál será el énfasis de la iniciativa. Obviamente lo ideal sería un ajuste integral desde lo macro y lo micro a todo el funcionamiento del sistema, partiendo de sus máximas instancias hasta las que tienen el contacto más directo con la ciudadanía. Sin embargo, hay que ser realistas: confeccionar un proyecto de ese alcance no es nada fácil y menos aún si la idea es avanzar sus primeros cuatro debates en una legislatura que apenas tiene tres meses de sesiones. Al final pareciera que deberá decidirse entre lo importante y lo urgente.