La Constitución y la ley reconocen que los gobernadores y alcaldes tienen un margen de autonomía administrativa y funcional que no puede ser vulnerado por el Gobierno Nacional Central. Esa premisa, sin embargo, está siendo desconocida en lo que respecta a Bogotá.

En diez meses del periodo de Carlos Fernando Galán se ha evidenciado una clara intención del Ejecutivo nacional por intervenir en temas de la capital del país. La lista no es corta, empezando por las presiones para cambiar el trazado y diseño de las líneas I y II del Metro. Otras decisiones ministeriales y del orden nacional han impactado proyectos como la ampliación de la autopista Norte, extensión de la avenida Boyacá, obras de la PTAR Canoas, desenvolvimiento del pleito por el hospital San Juan de Dios, las subredes de salud intervenidas, problemas de licenciamiento para el Regiotram y el salvavidas económico para Transmilenio…

De igual manera, se han registrado cortocircuitos entre los gobiernos Nacional y Distrital alrededor de la estrategia de seguridad, aumento del pie de fuerza policial, medidas para afrontar contingencias en el suministro de agua y energía, programas para erradicar el hambre, manejo de la protesta social, autorizaciones para uso de la plaza de Bolívar, situado fiscal y regalías, entre muchas otras… Incluso se cuestiona que algunas sedes de eventos importantes le fueron negadas a la capital del país por presuntas instrucciones del Ejecutivo.

Los reiterados intentos de interferir en criterios y decisiones de la administración distrital en muchos campos en modo alguno se pueden catalogar como una competencia o facultad natural de la Casa de Nariño o de entidades del Gobierno Nacional Central. Por el contrario, pareciera una conducta sistemática para bloquear, presionar o direccionar el rumbo de la ciudad, desconociendo no solo que el dictamen popular escogió a Galán y sus propuestas, sino que la urbe cuenta con un Plan de Desarrollo Distrital aprobado y en aplicación.

El presidente de la República debe entender que su actual mandato no es una extensión del que ya cumplió años atrás como alcalde de Bogotá. Hay normas de autonomía regional y local que no pueden saltarse ni tampoco es viable utilizar la capacidad presupuestal, de vigilancia o decisión administrativa nacional para condicionar o imponer sus pareceres a gobernaciones y alcaldías. Una cosa es la colaboración armónica y jerárquica en todos los niveles de la Administración pública y muy otra es no dejar gobernar a los ejecutivos territoriales.