*Acelerar protocolo migratorio con Venezuela
*Los argumentos delirantes en el vecino país
En medio del cruce de versiones y réplicas que tuvo lugar la semana pasada entre las autoridades de Colombia y Venezuela en torno del número de compatriotas que han sido deportados en los últimos tiempos por las autoridades del vecino país, la mejor ruta que se puede seguir es la señalada por la Cancillería de Bogotá: adoptar por medio del diálogo binacional un protocolo que permita tener un marco de procedimiento más claro para estos casos. Es evidente, y nadie lo discute, que todo país es soberano para establecer su política migratoria. Pero también lo es que existen acuerdos internacionales que obligan a las autoridades nacionales a acatar una serie de mecanismos que garanticen a quienes son expulsados de cualquier nación unos mínimos derechos y el debido proceso.
Es ahí en donde los gobiernos Santos y Maduro deben concentrarse, antes que caer en el rifirrafe verbal. No hay que olvidar que la llamada “diplomacia del micrófono” fue la principal causante de muchos de los desencuentros que años atrás hubo entre Bogotá y Caracas. Afortunadamente en los últimos tiempos, pese a las evidentes diferencias políticas e ideológicas entre ambos gobiernos, esa beligerancia verbal en temas relacionados con las relaciones bilaterales ha disminuido sustancialmente, lo que ha permitido tramitar las contradicciones de criterios, políticas y posturas de una manera más inteligente y proactiva.
No estamos aquí ante un problema de menor calado. Todo lo contrario, en la zona de frontera las autoridades locales y departamentales colombianas han advertido cada vez con mayor frecuencia sobre el creciente número de nacionales que son deportados a diario por el vecino país. Muchos de los expulsados han denunciado que fueron blanco de maltratos y procedimientos sumarios que califican de injustos, en tanto que los voceros de distintas instancias oficiales venezolanas sostienen que no hubo tales abusos y que muchos de los deportados no tenían regularizada su situación migratoria y, además, se dedicaban a actividades ilegales como el contrabando.
¿Quién tiene la razón? Es muy difícil establecerlo sin revisar caso por caso. Por lo pronto lo atinado es advertir que las estadísticas de nuestra Cancillería sobre esta problemática son alarmantes: en el período comprendido entre 2012 y lo corrido de mayo de 2015 han sido deportados 7.027 ciudadanos colombianos, incrementándose el número año tras año (en el 2012: 131; en el 2013: 2.614; en el 2014: 1.772 y en lo que va corrido del 2015: 2.510). Aunque en el vecino país se dice que se trata de un número muy reducido de casos, dado que en Venezuela viven casi seis millones de colombianos, en modo alguno ello es excusa para que los procedimientos migratorios no se apliquen acorde con la ley vigente y respetando todas las garantías fundamentales.
Como se dijo, lo importante es trabajar en la confección del citado protocolo. Tanto las cancillerías como las respectivas
Defensorías del Pueblo y otras entidades migratorias de ambos países ya avanzan en esa dirección. Teniendo como base la Ley de Extranjería y Migración de Venezuela, deben acordarse mecanismos para que se cumplan mandatos como aquel que señala que los ciudadanos extranjeros objeto de deportación tienen, en primera instancia, mecanismos para defenderse y, en caso de confirmarse su expulsión, derecho a un plazo de un año para el traslado de sus enseres, en este caso a Colombia.
Pero mientras ello se concreta, debe redoblarse el personal de apoyo de la Cancillería, Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo para asesorar y acompañar a los colombianos que están en proceso de deportación o ya se decidió su respectiva expulsión. Igual debe aclararse al más alto nivel las denuncias de compatriotas en torno de que fueron blanco de este proceso porque en algunas regiones venezolanas muy puntuales, producto de la escasez de alimentos y víveres, se está generando una especie de fenómeno xenófobo en pequeños grupúsculos. Algo así entre dos países que siempre se han llamado hermanos y que tienen una frontera de alto tránsito a lo largo de más de dos mil kilómetros, sería simple y sencillamente deplorable. Como también resultan supremamente graves los señalamientos de algunas autoridades del vecino país que tachan a muchos de los deportados como participantes de la “guerra económica” que, aducen, se impulsa desde el extranjero contra el régimen neo-chavista. Un argumento que, por lo demás, raya en lo delirante e insólito.