* Los distintos ritmos del plan de contingencia
* Lupa sobre todo el proceso de reconstrucción
La reconstrucción del archipiélago de San Andrés y Providencia tras los graves estragos causados un mes atrás por el arrasador paso del huracán Iota avanza a pasos acelerados. De hecho, una de las polémicas alrededor de todo este proceso de reparación de daños gira en torno a la velocidad de este. Para algunos sectores la clave está en planificar muy bien cada paso y ello demanda tiempo para estudios, diseños de proyectos, cuantificación de costos, contratación y ejecución en los plazos debidos y con los niveles de calidad y transparencia requeridos. Quienes se ubican en esta tesis son, por obvias razones, adversos a que se hable de plazos fatales a corto plazo, ya que consideran que ese afán podría llevar a la superficialidad y el poco alcance de las intervenciones para arreglar las viviendas, infraestructura turística, vías, redes de servicios públicos, fuentes de empleo y otros rubros de productos, bienes y servicios perjudicados por los vientos huracanados.
En la otra orilla se ubican muchos de los afectados, sobre todo aquellos que no solo perdieron sus viviendas y sitios de trabajo, sino que urgen que la reactivación económica y turística se priorice ya que estamos en plena temporada alta de vacaciones, la época de mayores ingresos para la población y el ciclo productivo local, por lo cual insisten en que no hay tiempo para planes de largo plazo. Es claro que aquí pesa también que muchos habitantes de la isla temen que a medida que pasa el tiempo el interés por ayudar a la reconstrucción puede disminuir o dejar de ser una prioridad gubernamental y del país en general, más aún cuando se enfrentan al mismo tiempo otras dos emergencias: la pandemia y la drástica ola invernal.
Más allá de ese debate, que en realidad suele presentarse en muchas coyunturas después de una tragedia de magnitudes, lo cierto es que pasadas cinco semanas del paso del huracán, el proceso de reconstrucción del archipiélago se está desarrollando. Tras esa primera fase de atención de emergencia y apoyo urgente a damnificados, se pasó a un censo más detallado y completo de los daños en infraestructura pública y privada, ciclo económico, fuentes de empleo e impacto social.
Es más, días atrás ya el Gobierno presentó a la Procuraduría un primer balance del plan de intervención. Ministerios, Directora de Prosperidad Social (designada gerente del proceso) y Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo hicieron un pormenorizado balance de las más de 135 acciones ejecutadas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina para mitigar las afectaciones que dejó el paso del huracán. Las intervenciones se están dando en materia de salud, vivienda, educación, infraestructura, comercio, empleo y turismo, entre otras, bajo un enfoque de reparación de daños con vocación estructural y enmarcado dentro de los criterios de adecuación al cambio climático, desarrollo sostenible y más preparación ante futuras contingencias por fenómenos de la naturaleza. Una nueva Estación de Policía, el Palacio Municipal y la Estación de Bomberos, la reparación o construcción de centenares de viviendas, rehabilitación de malla vial, reactivación de servicios públicos y programas de apoyo y subsidios a familias vulnerables, así como un cronograma de reactivación gradual económica y turística, ya están definidos. Todo ello en medio de un escenario complejo, por cuenta de evitar un pico de contagios de Covid-19.
Los entes de control han estado muy pendientes del proceso. De hecho, el Ministerio Público ha insistido no solo en hacer una veeduría detallada y sobre el terreno del proceso de reconstrucción del archipiélago, sino urgido que se involucre de manera activa y decisoria a las comunidades locales, especialmente a la población raizal. La reparación del tejido social es clave y ello no se puede hacer sin tener en cuenta la opinión y cosmovisión de los sanandresanos.
Tanto la Procuraduría como la Contraloría le tienen el ojo encima a la contratación y ejecución de los recursos, con el fin de evitar que se presenten casos de corrupción, desgreño administrativo y otras anomalías. Todo lo hecho en 2020 está bajo la lupa. Incluso ya hay algunas alertas tempranas e indagaciones previas al respecto que podrían tener consecuencias disciplinarias, fiscales o penales. También se está pidiendo una claridad presupuestal sobre lo invertido hasta el momento, lo que está por destinar y cómo se han manejado las donaciones locales e internacionales.
Lo importante es que Gobierno nacional, gobernación y demás autoridades locales, en conjunto con los entes de control y vigilancia, las veedurías ciudadanas, los gremios y las instancias raizales, tengan voz y voto en todo el programa de reconstrucción. Entre más ojos estén sobre cada detalle, obra y proyecto, mayor eficiencia, mejor resultado socioeconómico y menor el riesgo de corrupción y malgasto de los millonarios recursos que demandará que el archipiélago deje atrás el duro embate del huracán así como otros problemas estructurales que venían de tiempo atrás pero que se agravaron con la emergencia por Iota. De todos ellos depende que el paraíso colombiano en el Caribe resurja más resiliente y atractivo.