* Abstención marcó las cuestionadas parlamentarias
* Comunidad internacional debe repensar estrategia
El mundo democrático rechazó al unísono la farsa electoral de ayer en Venezuela. Pese a que con estos ilegítimos y desolados comicios parlamentarios el chavismo sumó un capítulo más a su ya largo historial de arbitrariedades y engaños, la condena externa no tendrá, lamentablemente, mayores efectos.
Buena parte de las facciones de la oposición se apartaron de este montaje por lo que el cantado triunfo del oficialismo en la composición de la Asamblea Nacional no tiene credibilidad alguna. Y menos aún tras constatarse la baja afluencia de ciudadanos a los puestos de votación, cuya principal evidencia es que el propio Consejo Nacional Electoral, un órgano satélite del Palacio de Miraflores, tuvo que extender por varias horas el funcionamiento de las urnas.
Sin embargo, la llamada “operación remate”, como llamó el chavismo esta maniobra de emergencia, no funcionó y, por el contrario, el fiasco político fue mayor: centros de votación vacíos, ya a media luz por la llegada de la noche y con personal civil y militar esperando a quien no iba a llegar. Las únicas largas filas que se vieron fueron en las estaciones de combustibles en donde los conductores esperaban tanquear en medio de la escasez de gasolina que soporta el país hace varios meses, pese a ser una potencia mundial en hidrocarburos.
Mientras la oposición hablaba de una abstención del 82 por ciento, los partes oficiales señalaban lo contrario. Lo cierto es que anoche, al cierre de esta edición, ni siquiera se había emitido el primer parte oficial sobre los ganadores de los 277 escaños en juego.
Todo ello evidenció aún más el fracaso de una jornada electoral de la que se apartaron las mayorías de las colectividades contradictoras del régimen dictatorial, salvo unas pocas y muy cuestionadas excepciones.
Fue, además, una cita a las urnas sin observadores internacionales, con un censo electoral manipulado para garantizar la mayoría de las victorias al chavismo, mediando incluso un indignante reparto condicionado de comida y hasta dinero (en dólares) a los parciales del gobierno que votaron. Como si fuera poco, los comicios se dieron tras un abrupto cambio de la ley electoral, que agregó 100 diputados a la Asamblea Nacional. No menos sospechosa fue la irrupción de una gran cantidad de puestos de votación con sistema biométrico y máquinas de registro que reemplazaron las que se destruyeron en un extraño incendio en marzo pasado, aumentando así el riesgo de fraude.
Para nadie es un secreto que el gobierno Maduro no tiene ni se le reconoce a nivel internacional legitimidad alguna. Más de 60 gobiernos consideran a Juan Guaidó como el verdadero mandatario, sin que ello tenga efecto real interno alguno, lamentablemente. Por la misma debilidad opositora es que el régimen pudo maniobrar para recuperar, a como diera lugar, la Asamblea Nacional al punto que, incluso contra las normas sanitarias en un país que registra 14 mil contagios diarios de Covid-19, levantó la cuarentena poblacional para que la gente sufragara.
Lo ocurrido ayer es una mala noticia para el mundo libre y en especial para Colombia. Luego de más de tres lustros del chavismo en el poder, los 2.219 kilómetros de nuestra frontera con Venezuela son una de las zonas con mayor actividad criminal en el mundo. Narcotráfico, contrabando de ganado, de gasolina y de alimentos así como minería criminal, extorsión y trata de personas, entre otras, campean en estados como Bolívar, Amazonas, Apure, Táchira y Zulia.
De hecho, organizaciones como la fundación venezolana Redes (Fundaredes) ha denunciado persistentemente la presencia de la guerrilla colombiana en ese país, con la complicidad del régimen. Es más, ahora el Eln y las disidencias de las Farc se afincan en el Arco Minero del Orinoco (AMO), un área con ricos yacimientos de oro, cobre, diamantes, hierro, bauxita y coltán. La oposición denuncia que Maduro entregó a esas dos facciones buena parte del control de esa zona, con el encargo de poner a raya a las bandas de delincuencia común que la dominaban y garantizar, de otro lado, el flujo de ganancias hacia las arcas del Gobierno. Todo ello a la par de un nuevo pico de migración masiva de venezolanos hacia Colombia.
Como se advirtiera la semana pasada en estas páginas: es claro que el régimen dictatorial sigue atornillándose en el poder, evidenciando el fracaso de la presión política, comercial, judicial y diplomática de la comunidad internacional contra Maduro y compañía. La oposición interna se fracturó y asoma cada día más débil y controlable. Urge, en consecuencia, repensar la estrategia local y externa contra el chavismo.
Pero no hay que llamarse a engaños: el resultado electoral de ayer, por más ilegal e ilegítimo, no hace más que confirmar que la satrapía continúa haciendo y deshaciendo, violando los derechos humanos y sometiendo a millones de venezolanos a la hambruna, la violencia y la humillación. Ni siquiera la CPI se ha movido para acabar con el impune gobierno de facto. Una triste realidad.