El debate en torno a la extensión de la avenida Boyacá al norte de la capital del país sigue creciendo. Como se sabe, el ministerio de Ambiente elevó una demanda ante el Consejo de Estado para anular la licencia ambiental, otorgada en 2023, al proyecto que abarcaría terrenos extraídos de la reserva Van der Hammen. Esto bajo el argumento de un impacto grave en los nodos ecosistémicos de la zona y en la estabilidad climática de la ciudad-región.

La acción de la cartera ministerial fue rechazada por el alcalde capitalino Carlos Fernando Galán, quien la consideró no solo una intromisión del Gobierno nacional en asuntos de Bogotá, sino que cuestionó que se quiera frenar un desarrollo vial clave para la movilidad del norte de la ciudad y planes de desarrollo urbanístico de amplio espectro como el de Lagos de Torca.

Pero la administración distrital no fue la única en oponerse a la citada demanda ante el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, que incluso ya admitió el recurso para el respectivo estudio, incluyendo la petición de una medida cautelar. También la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) criticó la medida. Para la autoridad ambiental regional, la demanda ministerial no tiene sustento argumentativo ni probatorio, al tiempo que carece de veracidad.

En el debate entró a terciar ahora la Procuraduría General, en cabeza de Margarita Cabello. Por intermedio de uno de sus delegados ante el Consejo de Estado, solicitó al tribunal negar la suspensión de la resolución que otorgó la licencia ambiental. Advirtió que para que proceda este recurso debe comprobarse que, con la decisión de licenciamiento, se está poniendo en riesgo o daño potencial el medio ambiente o la salud humana. Revisado el caso, el ente de control señaló que en las pruebas aportadas no se evidencia, hasta ahora, que se produzcan los mencionados efectos adversos, graves e irreversibles.